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Jorge Enrique Machuca, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), no concibe los megaproyectos que se ejecutan en el departamento para el cuidado del agua como una obra más. Sí, requieren una millonaria inversión para consolidarlos y deben surtir todos los trámites administrativos, como cualquier apuesta de infraestructura en Colombia, pero para él son mucho más que eso. Los denomina “políticas de vida”, porque están pensados para conservar algo tan fundamental como el líquido vital.
A comienzos de noviembre la Gobernación de Cundinamarca y EPC suscribieron al menos 70 nuevos convenios de agua potable, saneamiento y abastecimiento hídrico. La iniciativa, bautizada en los pasillos de la administración como una “firmatón”, busca beneficiar a 55 municipios con una inversión de COP 235.000 millones y, a futuro, organizar el departamento en torno al cuidado de este recurso esencial. Todo ello para mejorar la calidad de vida en municipios y veredas que han padecido durante décadas dificultades de abastecimiento y, aún peor, problemas para disponer adecuadamente sus desechos, que terminan contaminando los principales cuerpos de agua.
Este esfuerzo marca un hito en la historia de la región, pues todos los convenios se suscribieron y financiaron con recursos locales, es decir, de la Gobernación y las alcaldías. El gobernador Jorge Emilio Rey explica que la “firmatón” es un referente en Colombia sobre cómo aprovechar el dinero, por escaso que sea en los territorios, para invertir en el cuidado de los recursos naturales y, de paso, beneficiar a más de 653.000 habitantes.
Algunos acuerdos destinan, por ejemplo, casi COP 160.000 millones para estudios y obras de infraestructura que transformarán la manera en la que decenas de municipios acceden al agua y definirán las estrategias para garantizar su cuidado. En Cajicá, por ejemplo, lograron que el 40 % de la población ya no tenga que soportar más la incomodidad de la intermitencia en el servicio, gracias a que duplicaron la capacidad de almacenamiento para atender la alta demanda. Algo similar ocurrió en Fusagasugá con el tanque Pekín, una estructura de fibra de vidrio que garantiza el servicio para 70.000 personas.
Cabe resaltar que la “firmatón” no es una estrategia aislada. Se suma a otra gran apuesta de la administración: el Plan Departamental de Agua (PDA), una política pública a largo plazo aprobada por la Asamblea de Cundinamarca, que contempla una inversión de COP 1,9 billones para preparar la región frente a los efectos del cambio climático y garantizar el servicio hídrico durante los próximos 20 años. “Estos convenios ofrecen la posibilidad de transformar la vida de los cundinamarqueses a través de proyectos emblemáticos que protegen el agua, mejoran la calidad de vida y garantizan la sostenibilidad en el departamento”, comentó el gobernador.
Sanear los territorios
Durante años las organizaciones ambientales y los gobiernos han venido alertando sobre la bola de nieve que se podría generar en las ciudades de no gestionar correctamente las basuras. Las calles, avenidas y hogares se convertirían en puntos críticos de desechos, y eso generaría un efecto dominó en el que la calidad del agua, la salud pública y la sanidad de los hogares estarían en riesgo.
Lo que busca esta inversión de la Gobernación es anticiparse a un escenario similar, atacando simultáneamente los problemas de residuos y los casos de estrés hídrico.
Por ello, no todos los recursos se destinarán exclusivamente a garantizar el abastecimiento de agua, sino también a enfrentar los problemas de manejo de basuras en varias poblaciones. La Gobernación precisó que al menos COP 14.713 millones se orientarán a renovar la flota de vehículos compactadores que recorren el departamento recogiendo desechos, así como a estructurar un parque tecnológico donde se reciban la mayoría de los residuos y se pueda separar todo lo reciclable y aprovechable.
Municipios como Choachí, Útica y San Francisco serán algunos de los primeros en evidenciar cómo la inversión se traduce en menos residuos en las calles, gracias a la adquisición prioritaria de vehículos compactadores, que atenderán varios puntos críticos y contribuirán al ordenamiento territorial.
“El objetivo no es simplemente entregar nuevos vehículos. Queremos crear una cultura de saneamiento básico y gestión adecuada de residuos, evitando disponerlos en tierra e incentivando la reutilización. Se habla de calidad de vida en términos de seguridad o infraestructura, pero este proyecto también contribuirá a mejorar las condiciones de casi todas las poblaciones”, subraya Machuca.
Pero, ¿qué relación tienen las basuras con la calidad del agua? Machuca explica que por años se ha manejado un sistema en el que miles de toneladas de desechos se sepultan a las afueras de las principales ciudades. El problema, por supuesto, no queda enterrado en botaderos como Doña Juana o Mondoñedo. “Estos convenios están interrelacionados con el saneamiento, pues los desechos contaminan los cuerpos de agua subterránea o se amontonan en los cauces que abastecen los municipios”, comenta el gerente de EPC.
Apuesta por la vida
Hay quienes consideran esta inversión como clave para el desarrollo sostenible del departamento, tal como lo resalta el gobernador Jorge Emilio Rey. El mandatario señala que estos proyectos abarcarán soluciones tanto para municipios principales y altamente poblados (uno de ellos es Soacha) como para pueblos rurales, donde el presupuesto local usualmente no alcanza para costear soluciones de fondo a problemas como el abastecimiento o el saneamiento básico, como es el caso de Guataquí, en el suroccidente.
Por ejemplo, hay territorios donde, por limitaciones presupuestales o geográficas, es imposible construir sistemas de alcantarillado o de abastecimiento de agua. Por esa razón, los convenios apuntan a ofrecer unidades sanitarias en 14 municipios, beneficiando a campesinos y población rural del departamento. Esta inversión, de COP 22.450 millones, mejorará la realidad de 2.300 personas y sus familias en el campo.
Los beneficios ya los disfrutan los habitantes de Caparrapí, Vergara, Paime y San Cayetano, donde la construcción de unidades sanitarias ha permitido que las aguas residuales tengan un destino adecuado. Empresas Públicas de Cundinamarca considera que la instalación de estas unidades también promete dignificar los hogares: “Cada intervención representa una mejora en la salud, reduce la contaminación y consolida comunidades saludables”, resalta Machuca.
Los resultados, dice el gobernador Jorge Rey, saldrán a relucir por sí solos en cuestión de algunos meses. Desde la Gobernación están convencidos de que, aunque aún hay varias tareas pendientes para que el agua sea más que un servicio y se convierta en un derecho para todos los cundinamarqueses, se han dado pasos importantes para cambiar su realidad y su futuro.
“Nuestro objetivo es garantizar que los ciudadanos tengan un mejor acceso a servicios públicos y que, al mejorar el saneamiento básico, no sigamos contaminando nuestras fuentes hídricas. El resultado: cuidar el agua, que será fundamental para el desarrollo de Cundinamarca”, concluye el gobernador.