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En las montañas que rodean el Páramo de Chingaza y el embalse de Tominé, el cuidado del agua dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en decisiones concretas tomadas por las comunidades. Campesinos y habitantes rurales de Sesquilé, Guatavita, Guasca, La Calera y Fómeque firmaron doce acuerdos voluntarios y colectivos para proteger los ecosistemas que garantizan el abastecimiento hídrico de Cundinamarca y Bogotá, en un proceso donde la conservación se construyó desde el territorio.
Los acuerdos no nacieron de un acto simbólico. Son el resultado de tres años de trabajo técnico y social que hoy se traducen en la protección de más de 3.700 hectáreas estratégicas. En Guasca, por ejemplo, varias familias acordaron aislar nacimientos de agua ubicados dentro de sus predios, instalando cercas vivas para evitar el ingreso de ganado y permitir la recuperación natural de las rondas hídricas. En Sesquilé, comunidades cercanas al embalse de Tominé avanzaron en la restauración de franjas boscosas con especies nativas como alisos y encenillos, claves para la regulación del agua.
La iniciativa hace parte del proyecto Incentivos a la Conservación, una alianza público-privada liderada por la Gobernación de Cundinamarca junto a la Alcaldía Mayor de Bogotá y el fondo de agua Alianza BioCuenca, con el respaldo de organizaciones como la Fundación Santo Domingo y la Corporación Agua Somos. Esta articulación permitió movilizar más de COP 5.700 millones, invertidos tanto en la protección ambiental como en acciones que impactan directamente la vida rural.
En La Calera, por ejemplo, los recursos se tradujeron en la instalación de tanques de almacenamiento de agua lluvia y sistemas sépticos que reducen la contaminación de quebradas locales. En Fómeque, algunas familias recibieron bebederos para el ganado, evitando que los animales ingresen directamente a las fuentes hídricas, una práctica común que aceleraba su deterioro. Estas medidas, aunque puntuales, tienen efectos acumulativos sobre la calidad y disponibilidad del agua.
El proyecto también apostó por el fortalecimiento productivo. En Guatavita, varias familias combinaron los acuerdos de conservación con prácticas agropecuarias más sostenibles, como la rotación de cultivos y el manejo responsable del suelo, reduciendo la presión sobre áreas sensibles. La premisa fue clara: conservar el agua no puede significar empobrecer al campesinado, sino ofrecer alternativas que permitan vivir dignamente del territorio.
“Este proceso permite estructurar esquemas de Pago por Servicios Ambientales en cinco municipios, conservar nuestros ecosistemas y garantizar el recurso hídrico”, explicó Diego Leandro Cárdenas Chala, secretario de Bienestar Verde de Cundinamarca. Los PSA reconocen económicamente a quienes protegen bosques, páramos y nacimientos de agua, mediante compensaciones técnicas, financieras y en especie.
En cifras, el alcance es significativo: 106 familias propietarias de 116 predios, equivalentes a 3.706 hectáreas, se vincularon a estos esquemas, con una inversión cercana a los COP 1.700 millones en incentivos directos. Pero el impacto va más allá de los números. En la vereda Buenos Aires Bajo, en La Calera, el proceso fortaleció el acueducto comunitario y mejoró el saneamiento básico de la escuela rural, beneficiando a cerca de 250 familias.
“El proyecto de reforestación, cercas vivas y tanques de agua fue muy favorable, ya que benefició a muchas familias de nuestra vereda y de sectores vecinos”, cuenta Andrés García, representante comunitario y del acueducto local. Su testimonio resume el espíritu del proceso: la conservación como una tarea compartida que deja beneficios visibles.
Lo que ocurre hoy en estos cinco municipios muestra que la protección del agua es posible cuando se construye con ejemplos concretos y acuerdos claros. Aislar un nacimiento, sembrar un bosque, mejorar un acueducto o cambiar una práctica productiva pueden parecer acciones pequeñas, pero juntas configuran una estrategia territorial de largo aliento.
En un departamento donde el agua es cada vez más disputada, estas experiencias demuestran que cuidar las fuentes hídricas también es una forma de fortalecer el arraigo rural y proyectar un desarrollo sostenible para Cundinamarca.
