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En el último mes, la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) sancionó a seis empresas que cometían infracciones ambientales. De acuerdo con la entidad, las multas van desde $36 millones hasta $459, dependiendo el proceso sancionatorio.
Según el informe presentado por la CAR, Cementos Tequendama, Conigravas, Porcícola El Progreso, Hacienda Casa de Lata, y el Club Social Villeta, son las empresas que deberán responder por el inadecuado uso de los recursos naturales.
En el caso de Cementos Tequendama S.A. tendrá que pagar una multa de $459.665.010 millones. La sanción es la más alta otorgada por la entidad, pues la empresa es acusada de realizar captación ilegal del recurso hídrico y desviación del cauce de un afluente del Río Bogotá, lo cual era aprovechado para el uso industrial de la planta.
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Así mismo, Conigravas deberá pagar una suma de $164.948348 millones, por disposición inadecuada de escombros y basuras como: llantas, caucho, lonas, tubería PVC, plástico, textiles, madera, botas de caucho, envases plásticos, lubricantes, entre otros. La fábrica ocasionó daños ambientales un sector ubicado entre los municipios de El Rosal y Madrid.
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No muy lejos de dicha suma se encuentra Porcícola El Progreso, que tiene una multa de $141.173.677 millones. La industria generaba residuos derivados de la actividad porcícola y los vertía al río sin previo tratamiento y sin el permiso correspondiente. Los tratamientos inadecuados de la empresa pueden generar daños en el predio El Rosario, ubicado en la vereda Mojón del municipio de Sasaima (Cundinamarca).
Por $ 114.057.205, la Hacienda Casa de Lata LTDA tendrá que responder por uso ilegal de recurso hídrico superficial, en los nacimientos de agua del predio Las Margaritas o Alcalá, vereda Córdoba.
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En el último puesto y por causas distantes a las anteriores, el Club Social Villeta deberá pagar $36.488.090 por exceder los límites de emisión de ruido estipulados en la normatividad vigente.
“Una vez se paguen estas sanciones y los recursos entren a la corporación, se incluirán estos dineros al presupuesto general de la CAR, con lo cual se quiere tener una destinación para atender las afectaciones en los diferentes recursos que se han hecho con cada una de estas infracciones ambientales”, concluyó Juan Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR Cundinamarca.
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