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"Es importante resaltar que esta es la cuarta ocasión, en lo corrido del año, que esta zona es afectada por una emergencia humanitaria relacionada con enfrentamientos entre grupos armados ilegales", señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
Las comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento son las de los caserío Barranconcito, Buenas Brisas y San Agustín, detalló la Defensoría que recordó que ya había advertido de las posibles vulneraciones y riesgos a los derechos humanos de los habitantes de estas poblaciones en una alerta temprana de 2022.
Camargo reiteró el llamado a los grupos armados ilegales a "respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos y dejar por fuera de sus acciones bélicas a las comunidades que habitan esta zona del departamento del Chocó".
Frente a este y otros graves hechos que afectan a las comunidades en el país, la Defensoría realizará el viernes 23 de este mes en Quibdó, la capital departamental, una audiencia para tratar diferentes asuntos que afectan a la población.
Allí la entidad entregará un informe sobre la situación de derechos humanos relacionados con los confinamientos y los desplazamientos forzados de comunidades en Colombia.
La guerrilla del ELN y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, se enfrentan en el Chocó y en otros lugares del país por dominar zonas en donde hay cultivos de coca y minería ilegal, que les dejan millonarios ingresos de esas economías ilegales.