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Una de las mayores quejas de los padres de familia durante estas fechas tiene que ver con los útiles escolares que exigen en los colegios, pues, algunas veces, estos resultan siendo caros e innecesarios. Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional emitió la Resolución 20310 de 2022, en la que se establecen los útiles escolares que las instituciones de educación básica pueden solicitar y los que no.
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Según la Ley, los colegios no pueden exigir proveedores ni marcas específicas, así como tampoco pueden impedir la concurrencia de proveedores para la provisión de estos materiales. Por otra parte, en caso de necesitar materiales para la administración o el aseo de las instalaciones, estos deben cobrarse dentro de los valores de la matrícula y la pensión. Por ende, implementos comol papel higiénico, toallas, desinfectante, dotación para botiquín, marcadores de tablero, entre otros, no deben figurar en las listas de útiles escolares.
En cuanto a los uniformes, el Ministerio de Educación Nacional menciona que solo se puede exigir un uniforme para uso diario y otro para actividades de educación física, recreación y deporte. Sin embargo, el no portar el uniforme por dificultades económicas no será causal para negarle el cupo al estudiante o impedirle la entrada al establecimiento educativo.
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Finalmente, está prohibido exigir la totalidad de los útiles escolares al inicio del año. Ya que, según la ley, estos pueden ser adquiridos “en la medida en que sean requeridos para el desarrollo de las actividades escolares”. Los acudientes no deben entregar los útiles escolares al colegio para su administración, sino que estos deben estar siempre bajo el control del alumno.
¿Qué hacer si la lista de útiles escolares tiene alguna irregularidad?
En caso de encontrar alguna irregularidad en las listas escolares, los acudientes deben comunicarse con la institución educativa para que resuelva las dudas y cuestionamientos. En caso de no recibir respuesta o soluciones por parte del colegio, los padres pueden interponer denuncias ante el Ministerio de Educación, las alcaldías y las Secretarías de Educación.
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Según la norma, las instituciones que incumplan lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional pueden recibir sanciones que van desde los 50 hasta los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De la misma manera, los planteles educativos que reincidan en solicitar estos materiales se pueden exponer a una clausura de forma definitiva.