En Girón, Santander, denunciaron despidos masivos al interior de la alcaldía tras la designación de Fredy Cáceres como alcalde encargado por decisión del gobernador Juvenal Díaz, mientras eligen un nuevo mandatario de una terna enviada por la coalición que avaló al exalcalde Campo Elías Ramírez, cuya elección fue anulada por doble militancia.
Según las denuncias realizadas, el alcalde habría solicitado la renuncia protocolaria de los secretarios de despacho. Al menos 10 de ellos fueron apartados de sus cargos, entre ellos una mujer que se encontraba en periodo de lactancia y un funcionario con licencia de paternidad.
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Además, reportaron el despido de trabajadores de comunicaciones y otras dependencias, lo que, según los afectados, genera un caos administrativo y retrasa los procesos del municipio que cada uno desde su cargo adelantaba.
La queja fue puesta ante la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga por Jessica Pinzón Jiménez, quien se desempeñaba como secretaria administrativa y fue declarada insubsistente el 25 de octubre, pese a estar amparada por la licencia de maternidad.
Según la denuncia de Pinzón, el alcalde reunió en la sala de juntas a los secretarios de despacho y les pidió las cartas de renuncia, pero ella no la presentó.
También manifestó que el alcalde indicó que su hoja de vida había sido revisada por asesores jurídicos de la Gobernación de Santander para determinar si gozaba de estabilidad laboral reforzada, y que tras concluir que no la tenía, la desvincularon.
Por su parte, el alcalde encargado negó haber despedido a una mujer con licencia de maternidad y afirmó que revisaron 17 casos de funcionarios con presunto fuero de maternidad o paternidad, y que de esos, solo 13 fueron ratificados como válidos según la jurisprudencia vigente, mientras que cuatro “presentaban dudas razonables y mala intención”, explicó a El Tiempo.
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Además, explicó que uno de los casos correspondía a una secretaria administrativa que presuntamente liquidó su contrato cuatro días después de recibir notificación judicial, lo que les habría generado sospechas sobre la intención de mantener el cargo. Señaló que aunque existen fallos que extienden la protección de madres hasta por dos años, también hay jurisprudencia que la limita por seis meses.
También, defendió sus acciones, diciendo que los más de la mitad de los nuevos nombramientos corresponden a funcionarios con una carrera administrativa y que en su mayoría son del municipio. Y que la ley no le impone restricciones temporales para ejercer las facultades del cargo.
Según él, las liquidaciones fueron proporcionales al tiempo trabajado y no constituyen indemnizaciones, y negó que los cambios generen gastos adicionales.
La Procuraduría investigará si en el proceso de desvinculación se vulneraron derechos laborales, o si se violó la reserva de información de los funcionarios y si existió intervención indebida de funcionarios de la Gobernación de Santander.