Desde el 26 de agosto, un equipo de funcionarios de la Contraloría, encabezados por Hitler Rouseau Chaverra, contralor delegado para la Población Focalizada, iniciaron un recorrido de dos días por los asentamientos de Caño Macú, Guanapalo, Filo de Hambre, Capricho y Aguabonita, donde se agrupan más de 400 integrantes de la comunidad Nukak, para conocer los avances en el plan de salvaguarda y de atención a esta población.
Este martes, 7 de septiembre, la entidad entrega los resultados del recorrido con varias conclusiones preocupantes en temas como atención en salud, educación y ayuda humanitaria. Respecto al primer aspecto, el más urgente para la entidad, “se evidenció que ningún centro de salud en inmediaciones de las comunidades Nukak se encuentra abierto y por el contrario están en total abandono”, señala la Contraloría.
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Además, señala el órgano, “esta población indígena no cuenta con afiliación al sistema de seguridad social y tampoco hay promotores de salud, brigadas o transporte al servicio de pacientes de la comunidad”. Por estas razones, la entidad le hizo un llamado a las autoridades para que, de manera inmediata y con enfoque diferencial, se de inicio a acciones urgentes que atiendan las necesidades en salud de esta comunidad.
La Contraloría también advierte que se debe garantizar a los niños de esta comunidad indígena “una educación en medio de espacios dignos y con los recursos adecuados”. Según lo dieron a conocer, durante el recorrido pudieron observar que los menores reciben las clases en el piso ya que no cuentan con espacios idóneos para este fin.
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Al respecto, la entidad le hizo un llamado a la Alcaldía de San José de Guaviare, así como a la gobernación del departamento, para que avance en las medidas necesarias que le permita a los niños recibir sus clases en entornos seguros y dignos.
Para la entidad, luego del recorrido, es claro que existe un alarmante abandono de entidades del Estado en temas como salud, educación y ayuda humanitaria, por lo que pidieron “superar las barreras institucionales y financieras”, para poder garantizar estos derechos, así como un mínimo vital a los miembros de esta comunidad indígena.