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Un video grabado en Puerto Gaitán, Meta, en el que aparece un joven sobre un dron agrícola mientras el aparato sobrevuela unos cultivos, llevó a la Aeronáutica Civil a anunciar la apertura de un proceso contra los responsables de la maniobra. Las imágenes captadas por habitantes de la zona se difundieron en redes sociales y causaron la reacción de la autoridad aeronáutica que calificó lo ocurrido como una operación de alto riesgo.
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Estos aparatos, conocidos técnicamente como Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), se fabrican y certifican para rociar y dispersar productos sobre los cultivos. Su diseño completo es para esta función, desde la estructura hasta los límites técnicos que establecen los fabricantes, y transportar personas no está dentro de sus usos.
Los aparatos vienen calibrados para llevar cargas estables, como los tanques de líquido, cuyo peso se distribuye y se sujeta en puntos diseñados para ello. Un cuerpo humano no cumple ninguna de esas condiciones y altera por completo el equilibrio del equipo en pleno vuelo, lo que puede derivar en una caída.
La maniobra registrada en el video desconoce dos normas de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC): el RAC 100, que rige las operaciones con aeronaves no tripuladas, y el RAC 219, que gestiona la seguridad operacional. Uno de los apartados del RAC 100 contiene una prohibición específica sobre llevar personas o animales a bordo de estos aparatos, precisamente porque la industria y las autoridades identificaron el peligro que representa.
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La Aeronáutica Civil advirtió en su comunicado que este tipo de imprudencias no solo compromete la vida de quien se sube al aparato sino también la de terceros, pues si el dron pierde estabilidad y cae, los daños pueden alcanzar a las personas que estén cerca, a las viviendas o a los vehículos del sector. A eso se suma que estas aeronaves comparten el espacio aéreo con otras operaciones, por lo que un vuelo fuera de los parámetros autorizados puede interferir con ellas.
La entidad confirmó que las imágenes “serán objeto de una evaluación rigurosa y darán lugar a la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción y a los riesgos generados”. En Colombia, las infracciones relacionadas con el uso indebido de drones pueden acarrear multas que llegan hasta los 20 millones de pesos. Además, las consecuencias no recaerían únicamente sobre quien se subió al dron sino también sobre el piloto que habría autorizado la maniobra y el propietario del equipo, ya que sobre ellos recae la responsabilidad de garantizar que la aeronave se use conforme a su certificación.
La Aeronáutica Civil aprovechó el caso para insistirles a quienes manejan estos equipos, tanto de manera recreativa como comercial, que se ajusten a las reglas, pues “la seguridad operacional es el principio rector de la aviación en Colombia y consolidarla como una responsabilidad compartida es el camino para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de la industria de aeronaves no tripuladas en el país”.