31 Aug 2013 - 12:12 a. m.

Ahora sí, a negociar

Gobierno no cedió a presión de vándalos que enlodaron el paro agrario. Militarizó zonas de desórdenes y frenó diálogo con campesinos hasta que desbloquearon vías. Hoy vuelven a mesa de concertación.

Élber Gutiérrez Roa

Les salió el tiro por la culata. Así, con castiza y coloquial certeza, se puede sintetizar la marea de acontecimientos desatada en el país como consecuencia de los desmanes provocados por los vándalos que se infiltraron el jueves en la marcha de apoyo al paro agrario y desataron hechos de violencia que terminaron con la muerte de cuatro personas y dejaron heridas a 215 civiles y 95 policías.

Acciones delictivas aupadas, al decir del Gobierno Nacional, por la mano de las Farc. Instigadas, según el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por una explosión de “violencia pagada” que buscaba beneficiar a capos barriales con oscuras intenciones, originadas en sectores ajenos a la protesta campesina, de acuerdo con los líderes de la manifestación.

Unos y otros tienen claro que más allá del daño físico inmediato a los desprevenidos participantes en la marcha (incluidos los más de 40 policías que resultaron heridos), el verdadero propósito de los infiltrados en la jornada era dilatar el proceso de concertación entre el Gobierno y los campesinos.

Pero sucedió exactamente lo contrario. El presidente Juan Manuel Santos decidió que no cedería ante el chantaje y ordenó la inmediata militarización de Bogotá y las demás zonas del país en las que la violencia amenazara con salirse de control. Sólo a la capital envió 8.500 soldados.

El Ministerio de Defensa y la Policía ya publicaron el primer boletín con las fotos de 42 de las personas que saquearon establecimientos comerciales, agredieron a los miembros de la Fuerza Pública, destruyeron patrimonio público o portaron armas de fuego durante la jornada. También ofrecieron recompensas hasta de $5 millones por información sobre los instigadores de los actos delictivos.

Y aunque Santos siempre resaltó que el Gobierno tiene claro que los campesinos nada tienen que ver con dichos hechos, dispuso que sus negociadores en la mesa de concertación de Tunja regresaran a Bogotá porque los diálogos se suspendían hasta que los labriegos desbloquearan las vías nacionales que desde hace 13 días están obstaculizadas por los manifestantes.

La tensión duró poco, pues al cabo de tres horas, ayer al mediodía, los líderes campesinos ya se habían pronunciado en contra de la violencia y anunciaron que despejarían el paso en las carreteras nacionales. A las siete de la noche el anuncio se había hecho realidad en Boyacá, Cauca y algunas partes de Nariño, aunque se mantienen los bloqueos en la vía Pasto-Ipiales, en la vía a La Línea (entre Tolima y Quindío) y en Algeciras (Huila), entre otros lugares.

Con esta muestra de voluntad de los labriegos se allanaba el camino para un regreso a la mesa de negociaciones que, según se supo después, se producirá hoy a las 8:00 de la mañana, en la capital boyacense.

Allí, Gobierno y labriegos se ocuparán una vez más de lo sustantivo, es decir, de las estrategias que el país adoptará para aliviar la situación de los campesinos, agudizada por una suma de factores que van desde la falta de preparación del agro nacional para la competencia con los mercados de Estados Unidos y Europa, hasta la contundencia con la que el flagelo del contrabando golpea a sectores como el lechero y el productor de cereales.

El Gobierno sostiene, con algo de razón, que la crisis no apareció de un momento a otro y que las demandas de los campesinos no sólo son legítimas, sino que la solución a las mismas ha sido inexplicablemente pospuesta (ver infografía página 12).

De todas maneras, Santos se está empleando a fondo para ponerle punto final a una crisis que, contra todos los pronósticos, terminó convirtiéndose en el mayor desafío social de su administración. Más fuerte que las protestas mineras, el levantamiento de los habitantes de la región del Catatumbo o la tan sonada protesta cafetera de comienzos de año.

El alcalde Gustavo Petro dispuso por segunda noche consecutiva toque de queda en las localidades de Suba y Engativá, dos de las más afectadas por el vandalismo.

En la Plaza de Bolívar, también escenario de enfrentamientos provocados por los instigadores de la violencia, anoche hubo un nuevo cacerolazo, pero esta vez no estuvo acompañado de arengas contra gobernantes nacionales o locales. El grito que los movilizó era tan sintético y certero como el balance ciudadano de la infiltración en la marcha: ¡No a los violentos¡

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