'Al proyecto de baldíos le falta un hervor'

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, explicó que las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) pueden ser acumuladas por empresas o campesinos. / Óscar Pérez - El Espectador

Al ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralda, no le ha sido fácil asumir la dirección de la cartera agropecuaria. Desde que se anunció su nombre le llovieron cuestionamientos por su trayectoria en el sector privado. En el Congreso de la República se ha enfrentado fuertemente con los parlamentarios Jorge Robledo y Wilson Arias. En entrevista con El Espectador, Lizarralde explica sus principales planteamientos para dirigir el Ministerio de Agricultura. Habló de baldíos, pacto agrario y el modelo que se busca implementar.

¿En qué va el proyecto de ley de baldíos?

A este proyecto de ley le falta un hervor. Arrancamos estudiando muy bien la decisión de la Corte Constitucional respecto de los artículos que estaban en el Plan de Desarrollo y que la Corte tumbó. Estudiamos a fondo sus razones y estamos buscando resolver las preocupaciones de la Corte. Haciendo esto, dar una viabilidad económica y jurídica que permita un desarrollo sustentable. La idea es presentarla la semana que viene ante el Congreso y tramitarla en esta legislatura.

¿Se refiere al plan para la altillanura o al proyecto de baldíos?

El tema no es específicamente de baldíos, va más allá de eso. En relación con la altillanura, hay varias actividades que se están realizando. La primera es el Conpes de la altillanura que está a unos 15 días de ser evaluado en el Consejo de Ministros. La segunda, el proyecto que va enfocado a ser una iniciativa económica y social para esa región. En este camino hay que determinar cuántos baldíos tiene el Estado. Estaríamos planteando dentro del proyecto, y es de las últimas cosas que estamos definiendo, si los baldíos se adjudican o no. Al principio mi posición era que no fueran adjudicables. Ahora, con las negociación de La Habana (Cuba), considero que es más armónico adjudicarlos a los campesinos por unos siete años y cuando demuestren su vocación —que no vendieron la tierra—, asignarlos en forma indefinida. Los que han estado más cerca de las negociaciones de La Habana nos recomiendan que sea un arrendamiento temporal.

¿Ese proyecto tiene elementos que reforman la Ley 160? ¿Qué ha cambiado de los borradores?

No vamos a desconocer la Ley 160 de 1994. Esta ha surtido unos efectos; este es un tema que parte de ahora. Lo que le preocupa a mucha gente es qué va a pasar con los terrenos que en este momento están cuestionados. En la Ley 160 hay una figura que es la de las zonas de desarrollo empresarial. Está determinado que es el Incoder el que les da el visto bueno. De hecho, nunca se aprobó una zona de desarrollo empresarial. También existen las zonas de reserva campesina; éstas sí se han aprobado. Cada vez que el tema se lleva por zonas de reserva campesina o de desarrollo empresarial se convierte en un debate político. Entonces la idea es despolitizar la discusión y focalizarla en términos de desarrollo económico y social. Hay unas condiciones desde el punto de vista social, y si se cumplen, se autoriza la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

¿Quiénes las podrían acumular? ¿Las empresas?

Empresas, campesinos, el que sea. Si en esos desarrollos para que sean sustentables se requiere más de una UAF, se puede acumular cumpliendo requisitos. El requisito de impacto social más importante es que en el 20% de lo que se acumule tiene que acompañar a pequeños agricultores a que sean propietarios y a garantizarles la compra de la producción, la asistencia técnica y la educación.

¿Y esa acumulación de UAF tendría límites?

El límite es económico. Por ejemplo: si acumulo ocho UAF, que corresponden a 10.000 hectáreas, estoy obligado a acompañar a pequeños productores en 2.000 hectáreas. Hay proyectos que se pueden desarrollar en una UAF y otros que requieren más que esto.

Cuando habla de la posible acumulación de UAF, ¿eso tendría un impacto en predios de origen baldío?

El planteamiento nuestro es: los baldíos se darán en arrendamiento. Si tienen vocación agropecuaria, el Gobierno se los dará. Otra cosa es que el Gobierno decida arrendarlo a grandes inversores, pero nunca será adjudicado, es un arriendo que además deja la obligación de acompañar a los pequeños. Si acá no hay acceso a la tierra para los pequeños no presentaré ese proyecto. La parte que le da sostenibilidad al proyecto, posibilidades de que la Corte Constitucional lo avale, es precisamente el acceso a los pequeños, a un proceso productivo. La tierra por sí sola no genera un cambio económico y social para los campesinos.

Un problema para los campesinos es que a la hora de competir con empresas grandes van a perder…

Eso depende mucho del tipo de cultivo. Es distinto el tema de la altillanura que el de las zonas andinas. Los cultivos tienen características distintas. Otra cosa es que el campesino reciba semillas y asistencia técnica. No hay infraestructura en las zonas, las tierras son pobres, se necesitan tratamientos especiales. Es importante que los grandes acompañen al pequeño para que se nutra de ese conocimiento; se va a meter dentro del proceso.

¿En qué términos se imagina que sea esa unión entre grandes y pequeños? Algunos críticos dicen que sería desigual…

Eso es lo que dicen unos, pero ese no es el planteamiento del Gobierno. Precisamente vamos a tener críticas de un lado y del otro. Conozco varios modelos, soy experto en copiarlos porque uno no debe tratar de inventarse absolutamente nada, sino tratar de ver lo bueno y aplicarlo. Si queremos dar seguridad jurídica a la Orinoquia tenemos que propiciar un desarrollo equilibrado.

En este nuevo modelo, ¿qué va a pasar con la concentración de la tierra? No estamos bien parados en eso y más en momentos de negociación en La Habana…

Hay que romper paradigmas. Tengo que idearme formas para que campesinos que no han tenido nada en la vida se hagan propietarios, para que no solamente sobrevivan en el campo sino que puedan crecer y desarrollarse. Vea el ejemplo de los proyectos de palma que hicimos en el Magdalena Medio, como el de El Palmar con 1.500 familias o el de El Horizonte, de 1.300 familias. Allá los campesinos ya son los propietarios totales y esas iniciativas están avaluadas en $80.000 millones. Este planteamiento no quiere decir que cuando el país le haya cogido confianza a estos proyectos productivos, el Gobierno mismo propicie que haya cultivos donde sean estos campesinos los dueños en una mayor proporción y les dirá a los grandes que los acompañen 50/50. De entrada tenemos que hacer que el sector financiero crea en esto, que es posible.

¿Qué medidas de protección hay para la gente con los proyectos como El Palmar?

Primero, hay seguros. Segundo, el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Y estamos presentando una propuesta donde hay una combinación de seguros y de fianza que reasegura este tipo de procesos productivos. Hay algo que me parece muy importante: el que está arriesgando en el cultivo es el grande que defiende su propio interés. Además, este va a garantizar la compra de productos a precio de mercado. Esta es una forma de competir con los amigos de la droga.

¿Qué va a pasar con la adquisición de tierras cuestionadas?

Eso está en manos de los jueces y no nos vamos a meter.

¿Al Ministerio no le piden conceptos?

A mí no me los han pedido. Que yo sepa, a los ministros anteriores tampoco.

Ha recibido muchas críticas en el Congreso, ¿cómo va eso?

Esto tiene varias facetas. La primera es que uno está tranquilo por la forma en la que ha actuado en el sector privado, y como dicen, no tiene rabo de paja. Es más, si en mi conciencia tuviera una leve preocupación por cualquier cosa no hubiera aceptado el Ministerio. Uno sabe que no llega a un campo de pétalos de rosa, sino a uno de rosas con espinas. Imagínese desacomodarse de una buena posición en el sector privado donde está teniendo resultados y éxito para entrar al sector público a generarle un problema al Gobierno. Creo que sería algo torpe. Estoy tranquilo desde que llegué y pensé que en este momento especial puedo contribuirle al país.

Y frente al tema de las SAS, ¿cuál es su posición?

Veo que las han igualado a las cooperativas de trabajo, como si fueran un mecanismo de evasión. Los juristas han debatido el tema y las han presentado como un avance en la legislación y en la doctrina. Así que tengo que analizar más profundamente las críticas, pero en principio esas sociedades son como las Sociedades Anónimas, son sólo un tipo de sociedades.

Y sobre el pacto agrario, ¿qué nos puede contar?

El pacto agrario es un ejercicio de construcción de una política que saldrá desde la base misma. Participan los campesinos, los alcaldes, los gobernadores, los gremios, los sindicatos, etc. Lo importante es crear una metodología para que sea efectiva la participación de todos los sectores. Piense quién en la casa sabe cuál es la escoba que mejor barre, pues el que todos los día va a barrer. La filosofía del pacto agrario está centrada en recoger las vivencias de la base, de quienes viven y padecen el campo, de quienes pueden decir qué es lo mejor para ellos. Por supuesto habrá elementos que complementen esa información y empaquetarla en un proceso para hacer una política. Incluso, Ideas para la Paz está preparado para recoger observaciones en diversas zonas del país para poder construir esta política de Estado. Pero esto se alimenta en diversos escenarios, con diversas instituciones y comunidades. Y creo que en mayo o junio ese pacto debe estar cerrado.