En Nariño ni la pandemia ha sido impedimento para la violencia. El 11 de enero de este año 11 personas provenientes de Tumaco desaparecieron cuando iban rumbo al municipio de Mosquera, Nariño. Una semana después, este 20 de enero, 99 familias de El Cocal, zona rural de Barbacoas, Nariño, llegaron desplazadas hasta la cabecera municipal de Roberto Payán.
De acuerdo con información de la Unidad de Víctimas, el desplazamiento se presentó el 12 de enero a la 1:00 a.m.. La comunidad tuvo que huir a un punto que se llama Chapira, en Roberto Payán, tras las amenazas de un grupo armado.
Y es que a los desplazamientos en el país no los detuvo ni el confinamiento por el COVID-19 pues, según la Defensoría, se registraron 90 eventos de desplazamiento masivo en todo el país. Es decir, más de 28.500 personas abandonaron sus hogares por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados, intimidaciones y asesinatos a sus líderes sociales. Solo el departamento de Nariño concentró casi el 50% de los eventos con 43 hechos de desplazamientos, que representaron más de 14.000 personas.
En el caso de Roberto Payán, las familias desplazadas aseguraron que los responsables de hacerlos salir es el Ejército de Liberación Nacional. Ese municipio tiene limites con Tumaco, considerado un municipio estratégico para el delinquir de los grupos armados ilegales que tienen el control en la costa pacífica nariñense.
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Tumaco está ubicado a 300 kilómetros de Pasto, la capital del departamento. Su condición insular la hace de especial interés para grupos armados ilegales, ya que se encuentra estratégicamente ubicada en la vía que comunica a los municipios de Roberto Payán en una ruta que permite el tráfico de drogas. En el informe de 2019, del Observatorio de Derechos Humanos de Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, dio cuenta de que en Nariño se disputan el territorio 12 grupos armados ilegales. Número de actores armados que para 2020 aumentó, y que Fundepaz se encuentra en proceso de verificación.
“A finales de 2019 e inicio de 2020, damos cuenta de la entrada de nuevos grupos a este escenario de guerra en el departamento. Se habla de la columna Móvil Franco Benavides y del Bloque Occidental Alfonso Cano, a eso hay que sumarle el grupo de La Nueva Marquetalia, liderada por Iván Márquez”, detalla Jesús Arciniegas, director de Fundepaz en Nariño. Los 12 grupos se clasifican en tres tipos: Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO).
Los GAO, por ejemplo, son grupos que tienen una organización y un mando que ejerce liderazgo sobre sus miembros, que le permiten usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública. Hacen parte de este grupo el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo (Agc). Respecto al GAOR, son esos grupos armados que tienen su origen en la desmovilización de las Farc en 2017 y mantienen sus zonas de influencia territorial en aquellas regiones donde operaron las estructuras de la antigua guerrilla; se conocen hoy como las disidencias de las Farc. Por último, están los GDO, son de menor escala que los GAO y los GAOR, además en algunas ocasiones pueden actuar bajo el mando de los anteriormente mencionados, como oficinas de cobro y redes de apoyo.
“De acuerdo con la información que nos han dado desde inteligencia militar, se tiene cuenta de que en el departamento de Nariño hay unos 15 grupos que agrupan aproximadamente a 831 hombres armados, lo cual es gravísimo. A eso hay que sumarle que algunos grupos tienen contactos directos con los carteles mexicanos”, agrega Arciniegas. En Tumaco hay presencia de los tres tipos de grupos armados ilegales. En el caso de Roberto Payán, se registra un control de los GAOR, específicamente el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias Farc.
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A todos esos grupos, al parecer, los mueve un asunto y es por lo que se enfrentan: el narcotráfico. “Nariño está siendo enclave, no solo para cultivo de coca como tal, sino también para el procesamiento. El departamento es un punto importante para todas estas rutas del narcotráfico, sobre todo hacia Ecuador. Pero principalmente para las costas pacíficas de algunos países centroamericanos como Honduras, Nicaragua y también en México, para su posterior traslado hasta Estados Unidos”, explica Arciniegas. Sumado a eso, está la minería ilegal y las refinerías ilegales de combustible.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la presencia de estos grupos armados son un riesgo inminente para la seguridad de la sociedad civil, que en el caso de Nariño está conformada por una diversidad de etnias y comunidades: hay indígenas como los Awá, afrodescendientes y colonos. “Dadas las hostilidades que se sostienen por parte de los grupos anteriormente referidos, es altamente probable que se presenten vulneraciones en contra del derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad, así como a los derechos civiles y políticos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de la población”, puntualizó la Defensoría en la Alerta Temprana N° 001-20, de enero de 2020, refiriéndose a la situación de las comunidades del Consejo Comunitario Unión del Río Chagüi, Distrito Especial de Tumaco.
Entre las acciones violentas que podrían materializarse contra la población civil, se encuentran: amenazas individuales y colectivas, homicidios selectivos o múltiples, confinamiento y restricciones de la movilidad, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes y accidentes por minas antipersona o artefactos explosivos improvisados.
El Espectador habló con Ferney Angulo, alcalde designado de Roberto Payán, para conocer más detalles de este desplazamiento.
¿Cuál fue el origen del desplazamiento?
Según información recopilada por la Unidad de Víctimas, la población víctima aseguró que llegó un grupo armado ilegal pidiendo que salieran de sus tierras y hubo maltrato físico hacia algunas familias.
¿Dónde ocurrió?
La comunidad desplazada es de El Cocal, zona que pertenece al municipio de Barbacoas, pero por la ubicación se encuentran más cerca a Roberto Payán, por lo que llegaron hasta la cabecera municipal. El evento se presentó el 12 de enero a la 1:00 a.m., de donde salieron, tras las amenazas, a un punto que se llama Chapira, en Barbacoas. Ahí se quedaron hasta el 17 de enero. Luego llegaron hasta la cabecera municipal del municipio. Ellos pertenecen a la comunidad afrodescendiente.
¿Cuántas familias desplazadas hay?
99 familias. 253 personas. Entre los desplazados hay 127 niños, cinco discapacitados y una mujer embarazada. El resto son adultos.
¿Dónde se encuentran en este momento y qué apoyo les brindará la Alcaldía?
En un albergue temporal. Teniendo en cuenta que este tipo de eventos se producen con mucha frecuencia, dentro de las falta de capacidad instalada del municipio, se les presta ayuda básica que es la alimentación. Es por eso que solicitamos el apoyo de las entidades departamentales y nacionales para que nos den asistencia y así poder ayudar de manera oportuna a las víctimas de desplazamiento.
¿Cuál es la ruta a seguir tras este tipo de eventos?
Lo primero es ubicar a la población cuando llegan al municipio. Hacer el respectivo censo y posteriormente darle la primera atención que tiene que ver con la alimentación en el albergue, que de hecho es un lugar que se encuentra en condiciones no tan optimas.
¿Qué grupos se disputan el territorio en Roberto Payán?
El desplazamiento, según la comunidad, fue del Eln. Allí tenemos conocimiento de que se disputan el territorio el frente Oliver Sinisterra y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
¿Qué tiene esa zona qué es tan apetecida por los grupos armados ilegales?
Tiene que ver con la ubicación estratégica con el Pacífico, clave para los negocios del narcotráfico que lideran estos grupos ilegales.
¿Cómo se encuentra el ambiente en Roberto Payán?
La zozobra siempre está. Es una zona tan apetecida para los grupos armados ilegales que la comunidad no puede estar tranquila. No saben en qué momento se presentará algún enfrentamiento.
¿Cuál es el llamado puntual al Gobierno Departamental y Nacional?
Teniendo en cuenta la poca capacidad que tenemos para atender estas situaciones, pedimos a la Gobernación de Nariño y al Gobierno Nacional que nos presten las ayudas para atender mejor a las víctimas. Debe llamar la atención que en esta zona del territorio se produzcan tan repetidas veces este tipo de hechos. Pedimos por favor que nos tengan más presentes.