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El proyecto de consulta popular sobre el tema minero en Ibagué, que tanto ha sido discutido por ambientalistas, juristas y autoridades locales y que pretende ponerle freno a los estragos ambientales que ocasiona la minería, por fin fue radicado este martes en el concejo de la ciudad para que inicie su trámite.
La propuesta pide que se realice la consulta el domingo 5 de junio y la pregunta que tendrían que responder los ibaguereños es: ¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?
En 20 días, el Concejo de Ibagué tendrá que emitir un concepto sobre la conveniencia de la consulta, y a partir de ahí se tendrá que contar 15 días para el control de constitucionalidad por parte del Tribunal Administrativo del Tolima.
En torno a esta iniciativa se han generado varias posturas. Una de ellas está representada por la Red de Veedurías que se opone a la consulta y solicitó a la Procuraduría adoptar medidas preventivas frente a esta, ya que, según la entidad, se conllevaría a una afectación del patrimonio público que podría llegar a los $10.000 millones.
Contradiciendo esta posición, la abogada investigadora de Dejusticia Diana Rodríguez Franco ha dicho que Ibagué cumple los requisitos para hacer una consulta de este tipo; el municipio es agrícola y la minería está afectando esas actividades tradicionales. Y agrega que la alcaldía es competente para presentar esta consulta.
Según la Alcaldía de Ibagué, en Tolima existen 98 títulos mineros para exploración y explotación minera, de los cuales 67 pertenecen a la capital. Es decir, el 30.7% del territorio tolimense (44137.9 hectáreas) está concesionado para dicha actividad.