Así fue la polémica por los auxilios para los damnificados de Armero

Ante la proximidad del primer aniversario de la tragedia de Armero (Tolima), en la que perecieron 20 mil colombianos tras una avalancha provocada por un deshielo en el Nevado del Ruiz, se generó un gran debate ciudadano sobre lo que pudo haberse evitado el 13 de noviembre de 1985. Sin embargo, la controversia se incrementó cuando la Procuraduría reportó un informe de 21 páginas, según el cual no era claro el destino que se le había dado a los auxilios para los damnificados, y como se debía aclarar el papel cumplido por el Estado para ayudar a las víctimas de esa tragedia natural. (Vea el especial de los 30 años de la tragedia de Armero)

 

Visite aquí el especial 30 años sin Guillermo Cano.

 

“El Estado abdicó sus deberes sociales al confiar sus obligaciones a organizaciones ajenas”, manifestó el procurador delegado en lo civil Miguel Ángel Enciso, quien además de cuestionar la atención hospitalaria dada a las víctimas o los errores cometidos para el auxilio que necesitaban los damnificados de la tragedia, observó que también había quedado en evidencia que el Estado carecía de mecanismos efectivos para atender calamidades provocadas por la naturaleza. El informe del Ministerio Público derivó en los consabidos enfrentamientos en el terreno político. (Lea: Los cuestionamientos de Guillermo Cano sobre la toma del Palacio de Justicia)

 

Una polémica atada también a la discusión por los cien días que llevaba el presidente Barco en el poder en medio de una crisis política en desarrollo. El columnista Alfredo Vásquez Carrizosa lo atribuyó a que Barco trabajaba como un monje benedictino, pero su gobierno marchaba lentamente y sin mayor entusiasmo por las necesidades del país. El generador de opinión agregó que si el estilo del presidente era el de las obras públicas, como todo mundo lo esperaba, ese desarrollismo liberal debía verse cuando antes para superar el trabajo con las cuotas de los caciques políticos. (Lea: ¿Qué pasó después de la caída de Rojas Pinilla?)

 

 

Ante la proximidad del primer aniversario de la tragedia de Armero (Tolima), en la que perecieron 20 mil colombianos tras una avalancha provocada por un deshielo en el Nevado del Ruiz, se generó un gran debate ciudadano sobre lo que pudo haberse evitado el 13 de noviembre de 1985. Sin embargo, la controversia se incrementó cuando la Procuraduría reportó un informe de 21 páginas, según el cual no era claro el destino que se le había dado a los auxilios para los damnificados, y como se debía aclarar el papel cumplido por el Estado para ayudar a las víctimas de esa tragedia natural. (Vea el especial de los 30 años de la tragedia de Armero)

 

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“El Estado abdicó sus deberes sociales al confiar sus obligaciones a organizaciones ajenas”, manifestó el procurador delegado en lo civil Miguel Ángel Enciso, quien además de cuestionar la atención hospitalaria dada a las víctimas o los errores cometidos para el auxilio que necesitaban los damnificados de la tragedia, observó que también había quedado en evidencia que el Estado carecía de mecanismos efectivos para atender calamidades provocadas por la naturaleza. El informe del Ministerio Público derivó en los consabidos enfrentamientos en el terreno político. (Lea: Los cuestionamientos de Guillermo Cano sobre la toma del Palacio de Justicia)

 

Una polémica atada también a la discusión por los cien días que llevaba el presidente Barco en el poder en medio de una crisis política en desarrollo. El columnista Alfredo Vásquez Carrizosa lo atribuyó a que Barco trabajaba como un monje benedictino, pero su gobierno marchaba lentamente y sin mayor entusiasmo por las necesidades del país. El generador de opinión agregó que si el estilo del presidente era el de las obras públicas, como todo mundo lo esperaba, ese desarrollismo liberal debía verse cuando antes para superar el trabajo con las cuotas de los caciques políticos. (Lea: ¿Qué pasó después de la caída de Rojas Pinilla?)