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La lideresa social Yaneth Mosquera fue víctima este martes de un atentado con explosivos en el departamento del Cauca (suroeste), denunció la Defensoría del Pueblo al rechazar este tipo de hostigamientos contra los defensores de derechos humanos en el país.
“En la madrugada de hoy atentaron contra la vida e integridad de la lideresa Yaneth Mosquera en el Patía. Rechazamos enérgicamente esta acción que se convierte en un ataque contra todo un colectivo resistente, como el que representan las mujeres afro del departamento del Cauca”, informó la institución.
Mosquera, una lideresa afrocolombiana que trabaja por la defensa del territorio y las comunidades del Cauca, fue atacada esta madrugada, sobre las 3:00 a.m. mientras dormía en su residencia en Patía. La mujer sobrevivió al atentado, igual que sus acompañantes, sin sufrir ninguna herida.
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La mujer, galardonada en 2007 con el premio Mujer Cafam del año, una distinción que reconoce los aportes de la mujer colombiana a la sociedad, solicitó al Gobierno que facilite su traslado a una zona segura del país.
“Rechazamos el atentado en contra de la lideresa afrocolombiana Yaneth Mosquera. Demandamos del Gobierno del presidente Iván Duque proteger su vida y la de su familia”, reclamó en su cuenta de Twitter la también líder social y ganadora del premio ambiental Goldman por su lucha contra la minería ilegal, Francia Márquez.
Los asesinatos no cesan
Los ataques contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia no cesan, según un informe divulgado el lunes por tres organizaciones civiles que reveló que casi 1.000 de ellos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.
Los crímenes cometidos en este periodo se concentraron año tras año principalmente en los departamentos del Cauca, Antioquia, Córdoba, Nariño, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba, Meta, Norte de Santander y Caquetá, que abarcan la mayor parte del país.
En estos territorios confluyen varios factores que agravan las condiciones de las organizaciones sociales, como las disputas estructurales por tierras y por recursos naturales, los cultivos ilícitos, el narcotráfico y actividades minero-energéticas.
Además, son zonas en las que las antiguas Farc tenían gran presencia por lo que tras su desmovilización se han agudizado los conflictos entre narcotraficantes y paramilitares que se disputan el control territorial.
Ante la situación, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular; la fundación Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica, que divulgaron esa cifra, exigieron ayer al Gobierno fortalecer las medidas para proteger a los líderes, así como no minimizar su situación.
La FARC denuncia ataques
Por su parte, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del común (FARC), denunció que sujetos encapuchados dispararon contra Uriel Molina Cuadros, un trabajador campesino y miembro de la colectividad quien recibió tres heridas de bala a la altura del abdomen y las piernas.
El atentado ocurrió en zona rural del municipio de Buga, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), cuando la víctima se trasladaba de la finca en la que trabaja a su casa.
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Tras el ataque, Molina fue remitido a la ciudad de Cali, capital del departamento, donde fue intervenido quirúrgicamente en la madrugada de este martes y permanece bajo pronóstico reservado.
“Exigimos al Gobierno de Duque garantía de vida para nuestra militancia”, reclamó la FARC, que ha denunciado el asesinato de más de 200 desmovilizados desde que firmó el acuerdo de paz.