Una mujer de 24 años fue judicializada por la fiscalía general de la Nación por su presunta responsabilidad en una agresión contra su hermano de 16 años, quien sufrió quemaduras de segundo grado luego de que, según la investigación, le arrojara agua caliente.
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Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 19 de septiembre en una vivienda del barrio El Tablazo en Copacabana, Antioquia Cinco días después, la mujer fue presentada ante un juez de control de garantías, que le impuso una medida de aseguramiento domiciliaria que deberá cumplir en una vivienda diferente a la de su hermano.
Adolescente sufrió quemaduras de segundo grado
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el adolescente sufrió quemaduras de segundo grado en la espalda y parte del brazo derecho como consecuencia de la agresión. El dictamen médico estableció una incapacidad de 25 días para la víctima, quien permanece bajo atención médica mientras avanza su recuperación.
La mujer fue capturada poco después de los hechos por integrantes de la Policía Nacional, en situación de flagrancia. La Fiscalía, a través de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), presentó ante un juez el caso y le imputó a la mujer el delito de violencia intrafamiliar agravada. La procesada no aceptó lo cargos.
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Durante la audiencia de control de garantías, el juez decidió imponerle una medida de aseguramiento de carácter domiciliario. Sin embargo, estableció una condición, la mujer deberá permanecer en un inmueble diferente al lugar donde vive su hermano. La decisión busca evitar que la víctima y la procesada permanezcan juntas mientras continua el proceso judicial.
Investigación busca esclarecer cómo ocurrió la agresión
La Fiscalía continúa con la investigación para establecer las circunstancias que rodearon la agresión ocurrida en la vivienda de Copacabana. Por ahora, la procesada permanece bajo la medida de aseguramiento impuesta por el juez y el proceso continúa para determinar las responsabilidades correspondientes.
La Fiscalía recordó que la judicialización y la imputación de cargos no implica una condena, pues la mujer mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.