22 Sep 2021 - 3:35 p. m.

Cauca: comunicadores indígenas bajo fuego

Los comunicadores indígenas reportan desde el terreno sobre las reivindicaciones sociales y territoriales, la recuperación o liberación de la Madre Tierra en Cauca. El contexto para realizar su labor es sin embargo muy hostil.

J. Fernanda Sánchez Jaramillo, especial para el Espectador *

La paz es esquiva para el Cauca. En lo corrido de este año, 17 de los 115 líderes y defensores de derechos humanos y seis de los 36 firmantes de paz fueron asesinados en este departamento al suroccidente de Colombia, según información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

De acuerdo con Indepaz, Cauca registró el mayor número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 275, entre los años 2016-2021, de los 1.166 registrados entre el 24 de noviembre y el 19 de abril de 2021, y tuvieron lugar 12 de las 68 masacres cometidas entre enero y agosto 29 de este año.

Leonardo González, de Indepaz, explica que hay una disputa por el territorio entre actores legales e ilegales, minería, ingenios azucareros, monocultivos de piña para etanol, explotación maderera, ganadería extensiva, concentración de la tierra, proyectos petroleros en el macizo, hidroeléctricas y los pueblos indígenas por reclamación, restitución, recuperación y formalización de tierras.

La ubicación geoestratégica del Cauca lo convierte en corredor para el tráfico de pasta de cocaína y marihuana y el territorio es disputado por el Eln, las Agc, las Águilas Negras y las Gaor Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Guerrillas Unidas del Pacifico, Carlos Patiño, Frente 30 R.A. y Segunda Marquetalia.

Desde la conquista española, actores legales e ilegales han intentado despojar a los pueblos indígenas mientras estos resisten, aunque hacerlo les cueste la vida. En el año 2009, la Corte Constitucional advirtió en el Auto 004 sobre el peligro de exterminio de los pueblos indígenas de Colombia y la presión continúa contra ellos. El 5 de septiembre, un consejero mayor, Alfonso Díaz, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), fue víctima de un atentado por parte de la Columna Móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono (Cauca).

(Aquí puede leer otra historia de esta serie: Los yatules: huertas caseras que sirven como despensa y botica para los Misak)

Peligros que se multiplican

En medio de este panorama, los comunicadores indígenas reportan desde el terreno sobre las reivindicaciones sociales y territoriales, la recuperación o liberación de la Madre Tierra en Cauca.

Trabajan en un ambiente hostil enfrentando múltiples riesgos. Fabiola León, representante de Reporteros sin Fronteras (RFS), dijo a El Espectador: “el primer riesgo parte del concepto sobre la figura del periodista. Al país e incluso a las organizaciones les ha costado entender que estos comunicadores realizan un ejercicio comunicativo y que colectivos populares, indígenas y campesinos ejercen el derecho de información. Hay desconocimiento frente a lo que es informar y esto los pone en peligro porque no se les legitima”.

De acuerdo con la representante de RSF, existen niveles, jerarquías, entre los trabajadores de la información y se tiende a pensar que la información proveniente de comunicadores de una comunidad, barrio, ciudad o militantes no es válida; ahí entra el debate. “Los indígenas dan una pelea grande en el Cauca al conformar su propuesta de comunicación propia”, añade León.

Informar desde el corazón de los procesos de liberación de la madre tierra es vital porque las raíces de esa lucha están en la Cacica La Gaitana, Juan Tama y Quintín Lame, pero esto supone peligros adicionales, pues fue en ese contexto que los comunicadores indígenas Efigenia Vásquez, Erley Campo y José Liz fueron asesinados.

Liberar a la madre tierra hace parte de la Plataforma de Lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) que en sus numerales 1 y 9 establece: 1) recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas y 9) Recuperar, defender, proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

John Miller, comunicador de la Emisora Renacer Kokonuco, cuenta a El Espectador su experiencia informando desde las entrañas de estas tierras:

Por su parte, Eldemir Dagua, quien trabaja desde hace 15 años en el proceso de comunicación asegura que:

“Son muchos riesgos que tenemos los comunicadores indígenas, sobre todo porque nuestro trabajo corresponde en acompañamiento a asambleas y mingas comunitarias, en hacer denuncias, movilizar a la gente, informar a la gente para que actúe conscientemente frente a las realidades y problemáticas que ocurren en el territorio”, señala Dagua.

El cumplimiento de este papel por parte de los comunicadores no agrada a los grupos presentes en el departamento. Por su trabajo han sido perseguidos, amenazados y sus emisoras han sufrido atentados. “Nuestros comunicadores han sido perseguidos, amenazados, y en el norte del Cauca tenemos varias situaciones que se han presentado. Recuerdo al compañero Abelardo Liz, de Corinto, a Rodolfo Maya, que, pues, le cegaron la vida, queriendo debilitar nuestro proceso comunicativo, queriéndonos callar. Pero pues ahí hemos estado siempre fortaleciendo este proceso”, enfatiza Dagua.

Una labor no siempre reconocida

La violencia ha afectado a los comunicadores indígenas que trabajan en terreno para informar, la mayoría de las veces voluntariamente y sin pago, acerca de lo que ocurre en sus comunidades.

Para Yamilk Sánchez, comunicador indígena del pueblo Totoró y coordinador de La Asociación de Medios de Comunicación indígena de Colombia, Red AMCIC, ser comunicador implica riesgos porque están enfocados en los derechos humanos y a veces reciben amenazas colectivas.

Los comunicadores indígenas cumplen su labor sin garantías y se mueven dentro del territorio sin saber lo que pueda ocurrir. Y si alguno es asesinado persisten las dificultades para obtener justicia en un país donde hay una impunidad del 78,8% en crímenes contra periodistas como lo informó El Espectador.

Uno de los obstáculos para acceder a la justica, indica Adriana Hurtado presidenta y representante legal de La Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), es “asumir en las investigaciones que la persona sí estaba fungiendo como periodista/comunicador, pues generalmente las autoridades lo que dicen es que eran participantes en la liberación de la madre tierra o de la guardia indígena, etc. De esta forma deslegitiman la actividad que desarrollaban para visibilizar los procesos sociales”.

(Puede complementar con esta denuncia en video: ‘En Cauca hay poderosos intereses que convierten a las comunidades en esclavos’)

Fecolper conoce casos de comunicadores cuya situación se ha agravado en municipios, como Santander de Quilichao, donde a pesar de tener esquemas de seguridad ven limitado su derecho a la libertad de prensa a causa de los grupos armados ubicados allí.

Según Angela Caro, abogada de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip), otra barrera para acceder a la justicia cuando hay un crimen de periodistas es que: “en las investigaciones adelantadas por las autoridades no siempre se relaciona la agresión con la actividad periodística; esta no es considerada como hipótesis para la investigación. Esto da cuenta del desconocimiento de los peligros del orden público de departamentos como Cauca, donde aumentan los riesgos en el trabajo”.

Así mismo, cuando uno de los comunicadores es asesinado: “No se hace presencia de contexto, mapeo, hechos previos, antecedentes a la agresión, casi siempre amenazas y hostigamientos. Por eso consideramos importante escuchar a las víctimas a los familiares”, agrega Caro.

La situación es complicada en Cauca. El gobernador del Resguardo de Pioyá, en Caldono (Cauca), es consciente de los riesgos y valora la comunicación indígena en el contexto de la resistencia de estos pueblos.

Su resguardo no ha sido ajeno a la violencia. Allí las disidencias entorpecen el control territorial que ejerce la guardia indígena y fue asesinado uno de los tres comunicadores indígenas cuyas vidas serán narradas por El Espectador en las próximas entregas de este especial.

En el territorio no hay garantías afirma Diana Jembuel, comunicadora de la Universidad del Externado e indígena Misak: “Cauca es una de las zonas rojas donde la guerra se encuentra más para las lideresas y líderes indígenas, por eso hay miedo a hablar, a denunciar y a visibilizar. No hay garantías para que un comunicador del mismo territorio de origen difunda información; hay una brecha de desigualdad entre comunicadores indígenas y los demás porque no hay recurso remunerado alto y además hay pocas mujeres en la vocería de los procesos de comunicación”.

(También puede leer: Una periodista misak radicada en Bogotá)

Durante el XVI Congreso del Cric fue ratificada la importancia de la comunicación indígena, comunicación propia, enfocada hacia los planes de vida de las comunidades y destacada la responsabilidad de compartir el mensaje de la madre tierra y de las luchas sociales.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) considera: “El comunicador indígena aporta en la defensa de la madre tierra, la revitalización de los saberes y prácticas culturales, el empoderamiento político-organizativo con claridad, conciencia y determinación. El proceso de comunicación es en sí, un espacio de formación que desde siempre ha fortalecido las diferentes dinámicas territoriales del movimiento indígena”.

Los comunicadores indígenas son vitales porque visibilizan lo que ocurre en lugares a donde no llegan los medios masivos. Los grupos armados los conocen y por eso corren más riesgos. “Hay amenazas a comunicadores. Nos dicen que dejemos de informar, pero lo vamos a seguir haciendo y a continuar en resistencia desde el Cric con la comunicación propia”, asegura Yamilk Sánchez.

* Este es el segundo de cinco reportajes sobre el asesinato de periodistas, especialmente en el departamento de Cauca (Colombia) donde los comunicadores indígenas María Efigenia Vásquez, Eyder Arley Campo, y José Abelardo Liz fueron asesinados entre los años 2017 y 2020. Esta investigación periodística es posible gracias a la beca otorgada por Justice for Journalists Foundation (JFJ), Fundación para la investigación internacional de crímenes contra la prensa, ONG con sede en Londres (Reino Unido).

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