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La impunidad es la regla general en los crímenes contra periodistas en Colombia. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es del 78,8 %. Ángela Caro, abogada de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia presenta un panorama desalentador.
De los 161 asesinatos de periodistas registrados por la FLIP, entre los años 1977 y 2020, solo en un caso se condenó a toda la cadena criminal; en cuatro se condenó a los determinadores y en 29, a los autores materiales, 127 están en total impunidad y 92 casos prescribieron, es decir, que fueron archivadas las investigaciones por la Fiscalía General de la Nación (FGN).
De los periodistas colombianos asesinados: 61 trabajaban en medios de prensa, 64 en radio y 16 en televisión. Los 161 periodistas asesinados fueron víctimas del paramilitarismo, las bandas criminales, narcotraficantes, cadenas de corrupción, miembros de la Fuerza Pública y guerrillas como las Farc, Epl y Eln.
En raras ocasiones, como ocurrió con Orlando Sierra del diario La Patria de Manizales, hay justicia. “Fue una carrera de fondo porque la justicia tardó, después de muchos tumbos, 17 años en llegar al fondo del caso y condenar al determinador: Ferney Tapasco. El caso se constituyó en el primero en Colombia en condenar a toda la cadena criminal (…)”, explicó Fernando Alonso Ramírez.
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Pese a que lenta, hubo justicia. Pero esta sentencia judicial dejó un sabor amargo para los compañeros de Orlando. “(…) El caso se resuelve con las mismas pruebas que se tenían por lo menos 10 años antes. Si la justicia es una forma de generar disuasión para que alguien no cometa un delito, la impunidad en Colombia es casi que motivante, pues sus cifras son tan escandalosas que resulta muy difícil que alguien llegue a ser condenado aun siendo culpable”, añade Ramírez.
Cuando el crimen de un periodista es declarado crimen de Lesa Humanidad, que no prescribe, esto le da un impulso al caso; sin embargo: “en la práctica no hay esfuerzos por parte de la Fiscalía para que lleguen a buen término. El caso de Guillermo Cano fue declarado de lesa humanidad en el año 2010, pero sigue en la impunidad”, señala Caro de la Flip.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) organización que, ha contribuido a la visibilización de esta problemática, ha llamado la atención de la comunidad internacional y hace incidencia política en procura de que los gobiernos defiendan los derechos de los periodistas, destaca la no respuesta ante estos crímenes. “La impunidad es muy alta en cuanto a los asesinatos y mucho más en otro tipo de violaciones a la libertad de expresión”, explica Fabiola León, corresponsal de esta organización en Colombia.
Informando desde las trincheras de la vida
De acuerdo con el ranking del año 2021 de Reporteros Sin Fronteras Colombia ocupa el lugar 134 entre los peores países para periodistas y el año pasado ocupó el puesto 130. También en el Índice Global de Impunidad, del año 2018, ocupó el octavo lugar como reportó el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York (Estados Unidos).
La impunidad en los delitos contra periodistas no es un problema exclusivo de Colombia. Brasil, Honduras y Ecuador también presentan altos índices de impunidad; solo uno de cada diez asesinatos contra periodistas es investigado en Latinoamérica.
De acuerdo con RSF, en la década 2011-2020, México, Colombia, Brasil y Honduras fueron algunos de los países más peligrosos para el periodismo. La mayoría de los asesinados vivían lejos de las grandes ciudades, trabajaban en condiciones precarias, en su mayoría para varios medios, y reportaban sobre asuntos relacionados directamente con la comunidad y agentes del Estado.
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Ser periodista en Colombia implica un riesgo para la vida cuando se informa sobre corrupción y poder. Ernest Sagaga, director de derechos humanos y seguridad de la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), dijo a El Espectador: “Durante los 80 Colombia fue una zona de guerra para los periodistas, objetivo de las fuerzas de seguridad, los grupos paramilitares y la guerrilla. Al menos 60 periodistas y miembros de medios fueron asesinados en Colombia desde al año 1990, de acuerdo con los récords de IFJ”.
Era tal el peligro en Colombia que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) denominó el Premio Internacional de Prensa con el nombre del periodista Guillermo Cano, de El Espectador, asesinado cuando salía de la sala de redacción en diciembre de 1986, por órdenes del narcotraficante Pablo Escobar.
En aquella época, la violencia se sostuvo debido a la rampante impunidad. La crisis de seguridad era tal que IFJ creó un centro de solidaridad, en Bogotá, para ofrecer seguridad a los periodistas mientras hacían lobby con las autoridades para obtener protección.
“Colombia adoptó un programa de protección para periodistas amenazados, que aún está en marcha, pero su récord no es totalmente positivo. Los periodistas perdieron la confianza en este debido a las fuertes evidencias de una colusión entre las fuerzas de seguridad que dirigían el programa y aquellos que hacían objetivo de su violencia a los periodistas”, explica Sagaga.
María Teresa Herrán, reconocida periodista y exdirectora de la revista Alternativa fue una de las periodistas amenazada en ese entonces, pero a diferencia de sus colegas -quienes se refugiaron en países como España- ella se quedó en el país y siguió informando.
La periodista Margarita Arteaga recuerda esos años. “Cuando los periodistas nos estábamos reponiendo de las amenazas del narcotráfico y del precio puesto a las cabezas de los periodistas (…) cuando estábamos aprendiendo a entender ese fenómeno, a defendernos y a blindarnos contra eso, apareció la arremetida paramilitar que era, y es, un monstruo de mil cabezas con una fuerza destructiva impresionante”.
No era fácil trabajar en medio de enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley lo cual causó el asesinato de muchos periodistas, especialmente corresponsales de medios como El Tiempo y El Espectador, entre otros.
El horror de los años 80 disminuyó en Colombia, pero ahora se vive en México. Los ataques de aquellos tiempos tienen similitudes con los del presente en Brasil, Honduras y Ecuador. Aunque los años más cruentos quedaron en el pasado, el peligro no desaparece y en la actualidad algunos periodistas necesitan protección.
Justicia esquiva para los periodistas
En respuesta a un derecho de petición, la Fiscalía General de la Nación (FGN) destacó el subregistro existente en los hechos cometidos entre los años 1980 y 2020 periodo en el cual los periodistas colombianos fueron víctimas de homicidio, feminicidio, homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Pese al subregistro, la FGN reportó 346 hechos criminales. De estos, 216 fueron homicidios, correspondientes al artículo 103 del Código Penal y 22 a homicidios en personas protegidas, art. 135, numeral 5 del Código Penal, ocurridos en el contexto del conflicto armado.
Mientras la violencia contra la prensa persiste en Colombia, organizaciones internacionales proponen estrategias para abordarla. “Se espera de las autoridades que denuncien públicamente la violencia contra periodistas, investiguen y enjuicien de manera creíble para castigar a los responsables y desestimular que se cometan más crímenes de este tipo en el futuro”, enfatiza Sagaga.
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La falta de justicia es tal que para desincentivar la violencia contra la prensa se requiere trabajar en los siguientes aspectos: la corrupción, la falta de voluntad política para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, la ineficacia de las instituciones actuales y la carencia de entidades dedicadas específicamente a investigar estos crímenes y a sus perpetradores, ya que estos factores contribuyen a una mayor impunidad.
Así mismo, la creación en Colombia de entidades estatales especializadas en investigar toda clase de violencias contra la prensa, como las que existen en México y Guatemala, enviarían un mensaje público sobre la prioridad que el Estado otorga a estos hechos, aunque estas no puedan solucionar por sí solas el problema, afirma Nathalie Southwick del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) de Nueva York.
Adicionalmente, una mayor transparencia en los procesos y actualizaciones públicas sobre las investigaciones de estos hechos violentos motivaría a una mayor responsabilidad de parte de las instituciones oficiales que investigan estos crímenes.
“Es importante que Colombia continúe trabajando con organizaciones internacionales y no gubernamentales, compartiendo información y adoptando las recomendaciones de la Unesco con su Plan de acción para la seguridad de los periodistas y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales durante la actual administración colombiana son ignoradas. La administración Duque debería repensar la actitud desdeñosa que ha tomado hacia las recomendaciones internacionales de los organismos internacionales sobre violaciones de derechos humanos y dar claros pasos hacia su implementación”, añade Southwick del CPJ.
* Este es el primero de cinco reportajes sobre el asesinato de periodistas, especialmente en el departamento de Cauca (Colombia) donde los comunicadores indígenas, María Efigenia Vásquez, Elder Arley Campo, y José Avelardo Liz, fueron asesinados entre los años 2017 y 2020. Esta investigación es posible gracias a la beca otorgada por Justice for Journalists Foundation (JFJ), Fundación para la investigación internacional de crímenes contra la prensa, ONG con sede en Londres (Reino Unido).