Colombia debería dar más atención a las víctimas civiles de las minas antipersonales y cumplir con su obligación de destruir las que estén esparcidas por el territorio controlado por el Gobierno, exigieron los responsables del informe Monitor de Minas Terrestres.
"Los militares que son víctimas de las minas antipersonales son bien cuidados, hay un trabajo bien hecho. No se puede decir lo mismo con respecto a las víctimas civiles, que no reciben el trato que deberían", señaló en rueda de prensa Katleen Maes, una de las editoras del Monitor 2010, presentado en Ginebra.
Colombia es miembro del Tratado, también conocido como Convención de Otawa, y está obligada, como el resto de los 156 países que lo suscriben, a dar atención especializada a las víctimas de las minas y a destruir todos los arsenales con los que cuenta.
A pesar de la señal de alerta dada por Maes, la activista señaló que, con respecto a las víctimas, el último año fue positivo, dado que se produjeron 674 víctimas (117 muertos y 557 heridos), "un 13 por ciento menos con respecto al año anterior y bastante menos del millar que se contabilizaban hace unos años".
Maes se lamentó, sin embargo, de que aunque la mayoría de las víctimas son militares, hay todavía muchos civiles, muchos de ellos niños o agricultores que viven en zonas remotas.
Según los datos del Monitor, el 34 por ciento de las víctimas en 2009 fueron civiles (232) , el 21 por ciento de ellos (49) niños.
Por otra parte, Stuart Casey-Maslen, otro de los editores del Monitor 2010, exigió al Gobierno colombiano que cumpla con su obligación de eliminar todos los arsenales de minas esparcidos en el territorio que controla.
"Sabemos que hay zonas que están controladas por los guerrilleros en las que es muy difícil tener acceso, pero hay vastas extensiones en las que el Gobierno tiene control y podría empezar con la destrucción de las minas", señaló el activista.
El Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales, estima que en el país existen unas 10.900 áreas donde podría haber minas antipersonales.
El problema recae en que muchas de las áreas pobladas con minas son desconocidas, dado que no existen datos concretos sobre donde fueron colocadas, por lo que en muchos casos no se conoce el lugar hasta que sucede un accidente.
Casey-Maslem explicó, asimismo, que son conscientes de que el Gobierno colombiano ha solicitado una prórroga de 10 años para eliminar su arsenal, y que así pretende pedirlo en la décima Reunión de Estados Parte de la Convención, que se desarrollará en Ginebra la próxima semana.
"Nosotros no somos partidarios de las prórrogas porque dan la sensación que los estados quedan exentos de hacer lo que están obligados a hacer bajo la Convención", aseveró el activista, porque lo que espera que Colombia se retracte de su intención.
Con respecto a los grupos armados, el Monitor revela que, en los últimos años, tanto las Farc como el Eln, así como los grupos paramilitares, especialmente las Fuerzas de Auto-Defensa de Colombia, usaron las minas antipersonales.
"De hecho, las Farc, las usan cotidianamente e incluso producen minas de fabricación casera", afirmó Casey-Maslen.
Hasta febrero del 2010, el Gobierno colombiano había registrado 8.305 víctimas de minas antipersonales en el país, de las cuales 1.827 fallecieron y 6.478 resultaron heridos.