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Informa la Federación Nacional de Departamentos

En 2025 Colombia perdió más de 1,1 billones por cuenta del contrabando de cigarrillos

El más reciente informe sobre la incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia, elaborado por la firma INVAMER para la Federación Nacional de Departamentos (FND), estima que en 2025 el contrabando de cigarrillos representó el 38% del consumo nacional. Un dato que preocupa por sus consecuencias para la inversión en temas de salud y educación.

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Tomás Tarazona Ramírez
15 de febrero de 2026 - 01:10 p. m.
Según las autoridades aduaneras, el contrabando de cigarrillos ha dejado pérdidas superiores a los COP 5 billones en los últimos años.
Según las autoridades aduaneras, el contrabando de cigarrillos ha dejado pérdidas superiores a los COP 5 billones en los últimos años.
Foto: FND
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No es el sabor, la marca ni el país en el que se produce lo que persuade a los consumidores de cigarrillos en Colombia para comprar cigarrillo de contrabando. Es el precio: cada paquete de cigarrillos que entra de forma ilegal al mercado nacional tiene un costo hasta 60% más bajo que el de productos que sí cumplen con la ley. Una realidad que ha llevado a que casi cuatro de cada diez cigarrillos que se consumen en el país sean de contrabando. Así lo documentó el Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia, elaborado por la firma Invamer para el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND), que recopila las cifras correspondientes al año 2025.

El informe, presentado el pasado 11 de febrero, detalla la forma en la que el consumo de cigarrillo de contrabando en Colombia, además de sus graves afectaciones a la salud, infringe las normas tributarias del país y le toca el bolsillo a los departamentos, desviando dineros que por la vía de los impuestos deberían ir a asuntos de inversión social. Las cifras correspondientes a 2025 señalan que el contrabando de cigarrillos alcanzó el 38 %, lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales respecto a la cifra de 36 % registrada en 2024. Según el informe, es la cifra más alta en materia de contrabando de cigarrillos que se registra desde el año 2011 en el país.

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En otras palabras, el año pasado Colombia perdió más de COP 1,186 billones que corresponden a impuestos al consumo de cigarrillo. Un dinero que debía ir a las arcas de los 32 departamentos del país y del distrito capital para cubrir temas claves en los sectores de la salud, la educación y el deporte, pero que terminó en los bolsillos de los contrabandistas. Ese monto hace parte de los más de COP 4,8 billones que el país ha dejado de recaudar en los últimos cinco años por cuenta del consumo de cigarrillos ilegales. Pero el problema va mucho más allá de los asuntos financieros. Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, explicó que parte del dinero que se mueve en este negocio ilegal alimenta el conflicto en los territorios.

“El aumento del contrabando y de la escalada de violencia en las regiones no es una coincidencia. Desde la FND venimos advirtiendo que este flagelo no es un fenómeno aislado, hace parte de economías criminales estructuradas, que financian grupos armados ilegales y que están asociadas a delitos como el narcotráfico y el lavado de activos, lo que impacta directamente la seguridad de los departamentos”, señaló Tavera. De paso, planteó el reto que deben atender las autoridades ante panoramas tan complejos como el que muestra el análisis de Invamer. “Este estudio articula datos y esfuerzos. La pregunta es cómo evitar que esos productos lleguen al país y que todas las acciones estén orientadas en pro de la salud, la educación y la recreación”, agregó el director ejecutivo de la FND.

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El análisis se realizó a partir de datos y de una encuesta a casi 4.000 personas en todos los departamentos, en la que fueron consultadas por temas como la frecuencia de consumo de cigarrillo, las marcas del producto que fuman, dónde lo compran y otros datos sociodemográficos que permitieron actualizar el mapa de consumo de cigarrillo en el país. El estudio demostró además que el consumo de cigarrillos de contrabando se concentró el año pasado en departamentos como La Guajira (94%), Cesar (79%), Magdalena (76%), Sucre (72%), Bolívar (71%) Antioquia (51%), así como en los límites orientales del país, en el departamento de Norte Santander (69%).

En contraste, otras regiones mostraron reducciones importantes en la incidencia del consumo de cigarrillos de contrabando respecto a las cifras del año 2024. En el caso de Guaviare, la reducción fue de -18 puntos porcentuales; en Córdoba (-15%), Cauca (-12%), Caquetá (-8%) y Caldas (-6%), respectivamente. Mientras tanto, en los departamentos de Amazonas, Casanare y Guainía no se reportó consumo de estos productos en el año 2025. Pero en las zonas en las que sí hubo registro, el 87% de las personas encuestadas señaló que la principal razón por la que consumen cigarrillo ilegal es el precio, y el 41% dijo que lo hace por su disponibilidad en el mercado.

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Para el coronel Mauricio Carrillo, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el estudio de Invamer y la FND muestra que hay una relación directa entre el crimen organizado y otras rentas ilegales que se mueven en territorios con presencia de grupos al margen de la ley y que han aprovechado la porosidad de las fronteras colombianas para importar estos productos y enriquecerse evadiendo impuestos. Agregó que, solo en 2025, las autoridades incautaron 4,5 millones de unidades de cigarrillos de contrabando en todo el país y se desarticularon cinco bandas que ingresaban ese tipo de productos a Colombia.

El coronel Carrillo también señaló que la Policía le sigue la pista a 113 rutas ilegales que tienen identificadas como las vías por las cuales ingresan productos de contrabando a Colombia, provenientes de países como Estados Unidos, Uruguay y Corea del Sur, y que son distribuidos por todo el territorio nacional. Para el director Tavera, por su parte, este panorama debe enviar un mensaje de alerta a las autoridades competentes. “Estamos ante una preocupante amenaza contra la vida, la seguridad, la salud, la educación, el deporte y la sostenibilidad territorial”, señaló. Un problema que, de seguir creciendo como ocurrió en el último año, puede continuar impactando de forma contundente a las regiones y su economía.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.

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