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Autoridades activaron plan para garantizar retorno de indígenas wiwa en La Guajira

Enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Pachenca obligaron por lo menos 80 familias de la comunidad a salir de Barrancas, en La Guajira.

27 de febrero de 2024 - 08:39 p. m.
Imagen de referencia/ El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado para convocar el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición Ampliado tanto para Riohacha, como para San Juan del Cesar y Dibulla, donde el conflicto se ha intensificado.
Imagen de referencia/ El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado para convocar el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición Ampliado tanto para Riohacha, como para San Juan del Cesar y Dibulla, donde el conflicto se ha intensificado.
Foto: Jess Kraft

El desplazamiento de más de 300 personas de 80 familias de la comunidad wiwa de la vereda El Limón, en el corregimiento Tomarrazón, de Riohacha, La Guajira, obligó a las autoridades a realizar un consejo de seguridad en el departamento, con el fin de determinar acciones que garanticen el retorno seguro de los indígenas.

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El desplazamiento de 150 adultos y 142 menores de edad de la vereda se dio por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Pachenca, en zona rural de la capital de La Guajira. Ante lo ocurrido, la comunidad indígena se tuvo que desplazar al sitio conocido como Las Piedras, en la vereda Las Casitas del municipio de Barrancas.

“Hay zozobra entre las comunidades étnicas y campesinas por la agudización del conflicto armado en distintas zonas de La Guajira. Por lo que es imperativo convocar el Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición Ampliado no solamente para Riohacha, también para San Juan del Cesar y Dibulla”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

Los combates entre ambos grupos armados iniciaron en la madrugada del sábado 24 de febrero. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se trataría de disputas por el control del territorio.

“Hemos visto como el grupo de esas personas pasaron armadas y después se escucharon tiros, ráfagas y explosiones. Ya sabemos que se están peleando la Sierra, por eso vamos a bajar para buscar refugio y ayuda” señaló a Blu Radio un líder indígena wiwa.

En la mañana del lunes 26 de febrero, el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, se reunió con líderes de la comunidad wiwa que llegaron hasta una casa indígena ubicada en Riohacha y que en este momento sirve como sitio de refugio para los miembros de la comunidad.

En el consejo de seguridad, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, aseguró que garantizarán el retorno de las comunidades de El Limón, Carrizal, Potrerito, La Laguna y Las Casitas en la vereda Las Palmas, en las que ha identificado personas que salieron de sus viviendas hacia Riohacha.

De igual forma, el comandante de la primera división del Ejército Nacional, Royer Gómez Herrera, el Comandante de la Décima Brigada General César Martínez Páez, y el Comandante Regional de la Policía Nacional, Wharlinton Gualdrón, señalaron que acompañarán a las familias en el retorno para dar la seguridad de que pueden permanecer en sus territorios.

“Lamentamos profundamente estos hechos que nos devuelven al pasado, esperamos que el trabajo articulado de todas las entidades, principalmente el Gobierno Nacional, y el diálogo, nos permita la paz que tanto anhelamos en nuestro territorio”, indicó el gobernador.

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Dentro de la alerta temprana de la Defensoría, también se incluyen a los habitantes de El Caney y La Cueva (en Dibulla) y las veredas Guamaca y La Laguna (de Riohacha), así como a los pobladores de las veredas Potrerito, del municipio de Fonseca, y Limoncito, en Maicao.

En la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 025 del 2023, la Defensoría del Pueblo ya había hecho advertencias sobre los riesgos a los que estaba expuesta la comunidad como resultado de las disputas territoriales entre estos grupos armados. En ese momento, la Defensoría realizó una serie de recomendaciones para que “fueran contenidos los homicidios selectivos y colectivos, las amenazas y extorsiones de las que aún son víctimas las comunidades y los comerciantes”.

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