¿Cómo permitió el Estado que La Guajira se convirtiera en esta tragedia?

Luis Ángel - Dejusticia

Desplazarse de una comunidad a otra en la Alta Guajira, por sus trochas polvorientas, estrechas y quebradizas, toma horas. En el camino no se ve ni un cultivo fértil, ni un animal, ni una gota de agua. En medio de ese desierto, de la nada, se levantan aulas construidas con palos de madera y enramadas en el techo, a donde en la cuarta semana de febrero del 2017 la mayoría de niños van a clase sin haber probado un bocado de comida. Y luego de la jornada escolar caminan una o dos horas a sus casas. Igual. Con hambre. Debajo del sol calcinante del mediodía.

En Tawaira, un corregimiento de Uribia en lo más alto del departamento, los niños del aula Bejucal nos ven llegar y se quedan mudos. El profesor Riveiro Uriana nos recibe. Lo primero que hace es quejarse porque a estas alturas del año no ha empezado a funcionar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ni el de transporte, que son obligación de los gobiernos locales. Señala que el año pasado el PAE llegó en mayo y el servicio de transporte escolar en julio.

Pero ni siquiera esas ayudas son suficientes para enfrentar la hambruna, dice. Cuando sí llega la comida, que alcanza normalmente para tres semanas, los niños deben cargar desde sus casas “tres o cuatro palitos de madera” y agua para poder cocinar. En el aula de Riveiro hay 25 alumnos. Entre ellos deben repartir, por ejemplo, dos kilos de arroz al mes. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) calcula que la porción ideal de arroz para un estudiante son 200 gramos al día.

¿Cómo sobrevive la gente entre tanta escasez? “Yo, que soy wayuu, no puedo responderle. Yo tampoco entiendo cómo viven”, me dijo el último día de esta travesía Jackeline Romero, líder de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu. Llevábamos seis días recorriendo, de punta a punta, el departamento en el que en el 2016 murieron entre 80 y 90 niños por desnutrición, según las autoridades indígenas. O 26, como sostiene el Instituto Nacional de Salud.

Llegamos a la Alta Guajira con un grupo de investigadores de Dejusticia, en la semana más trascendental de su historia reciente. Por primera vez la Corte Constitucional realizaría una inspección judicial allí, para hacerle seguimiento a una tutela que un ciudadano interpuso contra el Gobierno por negarles a los niños los derechos a la salud, la alimentación y el agua potable.

En la misma semana en que tres de los nueve magistrados del más alto tribunal del país pisarían suelo guajiro (Aquiles Arrieta, Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio), el Gobierno les quitaría el manejo de los recursos de educación, salud y agua potable a las administraciones locales para asumirlo él mismo. En palabras del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el departamento estaba en una situación “excepcional” por el “despilfarro” y el mal manejo de los recursos. El Gobierno encontró, por ejemplo, que entre el 2010 y el 2015 la administración departamental dejó de ejecutar cerca de $30.000 millones para prestar el servicio de agua, en un territorio donde sólo tres de 15 municipios suministran agua apta para consumo humano.

Y también, esa misma semana, el presidente Juan Manuel Santos anunciaría que el nuevo gobernador del departamento, que ocuparía el lugar de Wílmer González, investigado por corrupción y actualmente en prisión, sería el antropólogo guajiro Weildler Guerra. Dos decisiones que son una luz al final del túnel, según los más conocedores.

Todo en La Guajira se transformó con la llegada de la Corte. De repente, la planta desalinizadora de Puerto Estrella (Uribia), en la Alta Guajira, volvió a funcionar luego de tres meses de estar averiada. Y así empezarían a llegar mágicamente carrotanques de agua, brigadas de salud y hasta jornadas de cortes de pelo y limpieza de uñas a lo largo de las comunidades que la Corte visitaría.

Dejusticia acompañó al alto tribunal en esa travesía. Pero también recorrimos nuestros propios caminos, para tratar de ver todas las caras posibles de esta compleja, profunda y acumulada tragedia que es La Guajira.

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Antes de que Weildler Guerra fuera designado gobernador de La Guajira, para mí era el autor de algunos de los textos más claros y sensatos que se han escrito sobre esa crisis humanitaria. Para desentrañar el cúmulo de errores que se han cometido. Para comprender dónde comenzó todo esto.

En un artículo para Razón Pública, Guerra escribió que si bien muchos wayuus “son pobres y viven al borde de la subsistencia”, hay otros “comparativamente ricos” que son, principalmente, comerciantes o ganaderos. El primer contacto que tuvimos con un wayuu pertenecía a este último grupo: Emilio Arens, cacique del clan Gouriyu, nuestro guía durante el viaje. Su familia, asentada en Punta Gallinas, ha sobrevivido históricamente gracias a la pesca, la cría de animales y el turismo. Nunca un niño de su clan ha sufrido de desnutrición. Según el DANE, La Guajira es el cuarto departamento más desigual de Colombia. El primer puesto lo ocupa el Chocó.

Emilio tiene cuatro mujeres. A la primera de ellas, la “más valiosa”, la compró por cien chivos y $2 millones. Emilio tiene ocho hijos y representa todo lo contrario a lo que íbamos buscando en este viaje. Pero su historia, de entrada, nos anunció que nos adentraríamos en un departamento con muchas realidades paralelas. La primera noche dormimos en el hostal de su familia, junto al mar. Allí nos seguíamos preguntando cómo un departamento rodeado por ese océano podía padecer hambre. “Las otras comunidades no pueden venir a pescar a nuestro territorio… O tienen que traernos algo a cambio”, explicó Emilio. Si bien hubo un tiempo en que el trueque funcionaba, hoy los wayuus del “interior” no tienen nada para intercambiar. Lo poco que cultivan es para su supervivencia.

Y eso me hizo pensar en otra de las teorías de Weildler Guerra sobre el hambre en La Guajira: esta crisis también responde a la transformación del sistema alimentario de la población. Hoy las sequías son más prolongadas y el suelo es menos fértil. Pero también los guajiros, que están en proceso de urbanización, se han vuelto dependientes de los productos del mercado y de las ayudas del Gobierno. Eso llevó a que muchos wayuus desaprendieran el arte de cultivar, de producir su propio alimento. Por eso, al ser designado como gobernador, Guerra aseguró a este diario que es necesario “cambiar el modelo asistencialista por uno que estimule la producción de las huertas, de la pesca... Fortalecer la economía wayuu a través de una especie de soberanía alimentaria”.

Recorrimos Puerto Estrella y Nazareth (Alta Guajira) un día antes de que la Corte llegara. Visitamos el único hospital de primer nivel de esta zona del departamento, el de Nazareth. Según Norbelis Morales, enfermera auxiliar, la mayoría de los casos son detectados “por casualidad”: los niños llegan por una diarrea incontrolable, vómito, gripa o una rasquiña, y son diagnosticados con desnutrición. Otro gran porcentaje es detectado en las brigadas médicas que recorren las rancherías.

Norbelis enfatizó, además, que la hambruna también tiene raíces en la crisis fronteriza con Venezuela. Luego del cierre de la frontera en el 2014, fueron expulsados cientos de wayuus que trabajaban allí y velaban económicamente por sus familias. Pero el problema va más allá: a Colombia está llegando una gran cantidad de niños wayuus nacidos en Venezuela que hoy permanecen indocumentados y no pueden acceder a ningún beneficio del Estado. Parece un problema simple de resolver: que esas familias se trasladen hasta Uribia (la cabecera municipal) y registren a sus hijos. Pero muchos, la mayoría, no puede pagar los $100.000 que cuesta ese traslado. Para el 2014, el ingreso per cápita de los guajiros fue de $302.779.

El segundo día de viaje llegamos a Tawaira, donde los tres magistrados arribarían en helicóptero. El centro poblado de esta comunidad tiene la fortuna de estar asentado junto a la serranía de Macuira, que los provee de agua. Pero muy cerca de allí empieza a revelarse la verdadera Alta Guajira: la agreste, la inhóspita, la estéril. Sólo unos pocos clanes tienen su propio pozo artesanal, como el de Irotsima, compuesto por seis familias que se abastecen de los 80 litros de agua que se extraen de allí diariamente. Esas seis familias viven con menos de lo que, en promedio, una persona emplea bañándose. Según cálculos de la OMS, una ducha de cinco minutos consume 95 litros de agua.

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El martes 21 de febrero, en Tawaira, los tres magistrados escucharon de boca de la líder wayuu Ismenia Iguarán que el pueblo guajiro está cansado de la estigmatización, de que las entidades públicas los culpen de la muerte de sus niños. Escucharon a los líderes repetir que la falta de agua es la raíz de la crisis, que el asistencialismo desmedido del Estado se convirtió en otra plaga y que el presidente Santos no cumplió la promesa, que hizo al ser reelecto en el 2014, de construir cien pozos profundos.

Ese día los magistrados Arrieta, Rojas y Palacio regresaron a Bogotá, pero la travesía de los funcionarios de la Corte continuó hacia el sur de La Guajira. Escucharon a decenas de líderes renegar de los incumplimientos del ICBF y su falta de concertación con las organizaciones y autoridades tradicionales. Reclamaron agua, acueductos, pozos. Exigieron ser escuchados y tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Rogaron porque se castigara la corrupción.

En la comunidad de Zukaramana (corregimiento de Irraipa, Uribia), miembros de los clanes Girnu y Epinayú denunciaron la matanza de sus burros a manos de alijunas, hombre blancos. “Aquí todo se sabe. Los mataron, los pelaron y se llevaron el cuero para Barranquilla”, contó Johana Barros. Los pobladores aseguran que el cuero del animal es usado para envolver la cocaína y aislar su olor. Esa matanza significó perder su principal medio para transportar el agua. Otra piedra en el camino. Otra.

A mitad de semana nos separamos de la Corte para recorrer la Baja Guajira. Allí el escenario es otro: hay más verde, hay más agua, pero también hay arroceros con cultivos extensivos y está una de las minas a cielo abierto de carbón más grandes del mundo, Cerrejón, con todo lo que representa extraer de 30 a 32 millones de toneladas de carbón al año (su capacidad actual). Precisamente, esta semana se conoció una sentencia de la Corte Constitucional en la que ordena suspender los planes de expansión de la mina hasta realizar el proceso de consulta previa y ordena revisar el impacto ambiental de su actividad.

Allí el lamento de la comunidad es otro: “Dicen que en el sur hay agua potable, y sí, pero la mayoría la captan los finqueros, los dueños de las parcelas, la minería. No nos llega a nosotros”, dice un líder de la comunidad de Campo Alegre, vecina al Cerrejón. Allí el problema es otro, de acceso, pero en el fondo la afectación es la misma.

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¿Cómo permitió el Estado colombiano que La Guajira llegara hasta aquí, que cayera tan hondo? Durante mucho tiempo ignoramos que la hambruna en esta península era un problema más complejo y profundo que el desorden institucional del ICBF. Detrás hay mucho más: desorden administrativo, corrupción, cambio climático, un gobierno central que ha ignorado la autonomía y las necesidades particulares de los wayuus, y una economía indígena en crisis. Quizá todo lo que sucedió en esa histórica cuarta semana de febrero podría ser una señal de que algo está cambiando. Al menos, de que se está haciendo un esfuerzo por comprender cómo dejamos que las cosas llegaran hasta aquí.

* Periodista de Dejusticia