Con Proyecto Río Sinú, antes llamado Urrá dos, están en total desacuerdo las comunidades indígenas porque afirman que la empresa y el Estado no han cumplido con la totalidad de los requisitos ambientales y sociales para su comunidad.
La declaración indígena fue dada el lunes mientras se mostraba el estudio de factibilidad de la obra, a la que también asistieron Hernán Martínez, Ministro de Minas, Alfredo Solano, presidente de Urrá, y Mauricio Carvajal, delegado del Ministerio de Ambiente, encuentro celebrado en Montería.
El representante de los cabildos indígenas de los ríos Verde y Sinú, Naurubí Chamarro, recordó a los participantes las consecuencias de Urrá Uno, entre las que se cuentan deslizamientos y la desaparición del bocachico y el bagre de sus ríos en cuanto a lo ambiental y, en el aspecto social, la división de su pueblo y el asesinato de líderes emberas.
Naurubí Chamarro habló también de los acuerdos del 19 de abril de 2000 y del 8 de abril de 2005, cuando el Gobierno les aseguró que no era necesario otro embalse en el Nudo de Paramillo.
"No podemos olvidar que cuando hay inundaciones gravísimas hay que controlarlas, aquí el tema principal no es generar energía, el proyecto lo necesita el país para controlar inundaciones, afortunadamente con él también se puede generar energía", aseguró el Ministro de Minas, al recalcar los aspectos positivos que puede tener el proyecto.
El nuevo embalse ocuparía unas 54 mil hectáreas para albergar al menos 10 mil millones metros cúbicos de agua, lo que significa que sería seis veces más grande que Urrá Uno. Los ingresos que generarían los 420 megavatios de potencia están estimados en unos 90 millones de dólares por año. La empresa se defendió ante los indígenas diciendo que el nuevo embalse contaría con todas las crecientes que se presentan en la cuenca alta del Sinú en invierno.