Pese a que el Gobierno Nacional reforzó con 600 hombres el pie de fuerza en el departamento de Arauca, asediado por los grupos armados ilegales, líderes sociales denunciaron un nuevo ataque dirigido esta vez contra las instalaciones de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena -ECAAAS ESP, una empresa comunitaria que hace posible la garantía del derecho fundamental al agua y al saneamiento básico en el municipio de Saravena.
Según la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, en la tarde del domingo 9 de enero se conoció “un audio por WhatsApp en el que se reconoce la voz de un personaje que aparece en redes sociales y quien se ha identificado como Antonio Medina, del Frente 28 de las disidencias de las Farc. En el audio se anuncia que ‘la idea es volar esos negocios de los manes’ y se menciona a Asojuntas, presidentes de juntas y líderes, a quienes habría que matar”.
Y a las 10:20 de la noche parte de la amenaza fue ejecutada. En un comunicado la fundación relata que fue lanzado un explosivo contra las instalaciones de ECAAAS ESP. “Este hecho se produce aproximadamente a 200 metros del cordón de seguridad de la Policía Nacional en el centro de Saravena, sin que haya habido reacción oportuna”, cuestiona el comunicado de la fundación.
No es la primera vez que ese proyecto comunitario es objeto de ataques. Varios de sus integrantes fueron asesinados en 2003 y 2004 y otros tantos judicializados. En noviembre de 2008 las Farc la destruyeron parcialmente con explosivos.
“Exigimos al Estado colombiano tomar las medidas urgentes para proteger la vida e integridad de los araucanos y de manera especial a los líderes sociales y comunitarios gravemente amenazados con este tipo de hechos”, es el llamado urgente que hace la Fundación Joel Sierra.
También, insta a la Defensoría del Pueblo y órganos de control a realizar las acciones necesarias para prevenir cualquier afectación a los derechos humanos que pueda generarse de esta situación, “previniendo posibles acciones de guerra sucia contra las comunidades y los dirigentes sociales; efectuar monitoreo en el terreno y emitir los informes de riesgos que correspondan, y activar el sistema de alertas tempranas con el concurso de todas las instituciones que de él hacen parte”.