Continúa la disputa en San Andrés por la designación de un ‘militar’ como gobernador (e)

Corine Duffis, vocera de Archipielago Movement For Ethnic Native Self Determination (AMEN-SD).

A través de un derecho de petición, Corine Duffis, vocera de Archipielago Movement For Ethnic Native Self Determination (AMEN-SD), le manifestó al procurador general, Fernando Carrillo Flórez, “respetar la ley y el debido proceso en la actuación asumida por el señor presidente de la República, al designar como encargado de la Gobernación del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a un militar que no reúne los requisitos exigidos en nuestro ordenamiento legal”.

Dicha inconformidad por parte del grupo de raizales frente a la designación del contralmirante Juan Herrera, se evidenció desde el día de su posesión, momento en el que se tomaron las instalaciones de la Asamblea como muestra de rechazo a la decisión de Iván Duque, luego de que terminara el periodo temporal de Alain Manjarres, quien espera audiencia de imputación de cargos por presuntos actos de corrupción.

(En contexto: Raizales de San Andrés se encadenaron para exigir salida del gobernador (e))

A esto, también se suma que los dos últimos gobernantes del departamento (Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaller), quienes se encuentran tras las rejas por irregularidades en la adjudicación de contratos que la Fiscalía señaló.

En la madrugada del miércoles, 19 de diciembre, Duffis, en compañía de miembros de su movimiento, se encadenó a las afueras de las instalaciones del Coral Palace como mecanismo de protesta.  Esa noche, decenas de uniformados de la Policía Nacional procedieron a retirarlos. Producto de ello, la líder denunció que recibió una patada y tuvieron que moverse a unos metros del lugar; el mismo en el que permanecen en la actualidad viviendo en carpas y colchones. No piensan declinar de su iniciativa hasta que Herrera sea relevado del cargo.

Se agotaron algunos recursos legales. Entre esos, solicitarle a la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) tomar las medidas que le competen respeto a la ‘residencia irregular’ que, aseguran, tiene el contralmirante. La entidad no respondía, por ende, la Procuraduría Regional le pidió a su directora, Catherine Archbold Ramírez, pronunciarse a ‘la mayor brevedad posible’.

En respuesta, contestaron: “en cuanto a la solicitud de expulsar de la isla al señor contralmirante me permito informarle que hasta el momento no se encuentra esta oficina ningún fundamento para iniciar trámite en ese sentido”.

El nuevo recurso legal al que el movimiento Amen acudió, fue dirigirse directamente al procurador general mediante un derecho de petición, alegando que “el Presidente desconoció las normas constitucionales que prohíben la designación de militares a este tipo de cargos políticos”.

Por su parte, Herrera manifestó que "no se aferra a ningún cargo", teniendo en cuenta que su mandato en el archipiélago colombiano es temporal, por lo menos, hasta que desde Presidencia se escoja a uno de los canditados de la nueva terna. 

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