La Contraloría General de la República aclaró que no tiene potestad para ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) la entrega de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) a los municipios del departamento, y generar con ello un posible incremento de tarifas de servicios públicos como el alcantarillado.
El director de la CAR, Alfred Ballesteros, dijo que “la Contraloría General de la República les ordenó que las 23 plantas de tratamiento de la cuenca media del río Bogotá deberán ser operadas desde el 7 de octubre por los municipios, puesto que la entidad no es una empresa de servicios públicos”, según el comunicado de prensa de la Contraloría.
En forma errónea el funcionario citado considera que la Contraloría General de la República tiene la potestad de ordenar las acciones a adelantar por parte de los gestores públicos y esto no es así, pues el órgano de control no puede exceder sus competencias y estar por encima de lo que al respecto definen la Constitución y la Ley.
Aclara la contraloría General que ha venido advirtiendo, y lo señaló en la más reciente auditoría practicada a la CAR, correspondiente a la vigencia 2011, que al mantener a su cargo las PTAR la Corporación se coloca por fuera del marco legal en cuanto al cumplimiento de sus funciones.
Tal situación generó en esta auditoría un hallazgo fiscal por $1.847 millones para la CAR, al haber asumido desde 2008 los costos de operación de la PTAR de Funza, pese a que esta entidad no es un prestador de servicios públicos, dice el informe de prensa.
Se dijo, en la auditoría a la CAR, que dicha conducta vincula en sus efectos a las 22 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales restantes que han venido siendo administradas, mantenidas y operadas por la Corporación con recursos de su presupuesto.
Alza de tarifas se origina en el marco legal
La contraloría señaló que es competencia de los municipios, según lo establece la Ley 142 de 1994, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio, y la Ley 99 de 1993 permitió que las Corporaciones Autónomas Regionales desarrollaran una infraestructura que impidiera la contaminación del recurso hídrico.
El organismo de control observó, como resultado de su ejercicio auditor, que dicho mandato se adelantó sin consultar la capacidad de recolección y de transporte del servicio de alcantarillado con que cuentan los municipios y sin una estimación adecuada de la capacidad de pago de la población, generando un costo que deberán realizar las empresas prestadoras de servicios públicos y posteriormente reflejarlo en la tarifa con cargo a los usuarios, como señal de costo involucrado en la provisión del servicio.
Tal situación ha generado que las administraciones municipales pertenecientes a la cuenca del Río Bogotá se hayan negado a recibir las PTAR, situación que, a la fecha continúa, en algunos municipios, años después de la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales por parte de la CAR, destaca el informe de prensa.
Según afirma el director de la CAR las plantas requieren optimizarse porque no cumplen la función de depuración prevista, con los consecuentes costos que ello implica. Esto, aunado a la inefectividad de la Corporación en la aplicación de la Tasa Retributiva que debe pagarse por el uso de dicha fuente como receptor de vertimientos puntuales, pese a un marco existente desde 1999 al respecto, situación también observada por la Contraloría en sus informes.
La falta de operatividad de dichas plantas de tratamiento da como resultado el escaso avance en el saneamiento del Río Bogotá.