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Al margen de la discusión sobre el proceso de paz de La Habana, que hoy domina la agenda en la campaña presidencial, otro debate toma forma, pero por ahora se sitúa en el interior de las Fuerzas Armadas: la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Ya existe un proyecto de ley para concretar esta iniciativa, pero el anuncio de que será columna vertebral de la política de seguridad ciudadana de Juan Manuel Santos en caso de que sea reelegido, con ejecutoria del general (r) Óscar Naranjo Trujillo, ya genera dudas sobre su alcance definitivo.
Ante el silencio obligado de los activos, esta semana expresó su malestar el Cuerpo de Oficiales de la Reserva de las Fuerzas Militares y de la Policía, que calificó la reforma como “innecesaria, nociva, inconveniente e inoportuna”. Su discrepancia radica en que se saque a la Policía del Ministerio de Defensa, al que pertenece desde 1953, para que haga parte del nuevo ministerio. Un replanteamiento en el contexto del posconflicto que busca darle perfil a la Policía como una fuerza civil para la convivencia social.
El nuevo ministerio tendría tres viceministerios —reintegración social, relaciones interinstitucionales y de convivencia—, a los cuales se agregaría la Policía con todas sus dependencias. Es decir, con áreas tan sensibles como la Policía Judicial (Dijín), Antinarcóticos, Antiextorsión y Secuestro e Inteligencia, entre otras. Los críticos del proyecto sostienen que si algo ha contribuido a la seguridad ha sido la alianza estratégica entre la Policía y las Fuerzas Militares, que se truncaría de quedar separadas por conveniencias políticas.
Los defensores del proyecto, entre ellos el representante a la Cámara Augusto Posada, sostienen que el proceso de paz obliga a plantear otros enfoques en la seguridad ciudadana, haciendo necesaria la reorganización del Ministerio de Defensa. Lo paradójico es que su idea se enmarca simultáneamente en la necesidad de velar para que la desmovilización sea sostenible en el tiempo, es decir, que el mismo ministerio estaría orientado a blindar la integración de las personas alzadas en armas a la sociedad como un concepto de seguridad.
Otros expertos creen que Colombia tiene que dar el paso histórico de recuperar la Policía como un cuerpo de naturaleza civil y no orientado a la defensa o a la confrontación con grupos armados ilegales. En otras palabras, que en un contexto de posconflicto, esta institución tiene que dirigirse más hacia la lucha contra el delito común en las ciudades o centros urbanos, utilizando además su infraestructura para enfrentar el llamado crimen cibernético. Una vuelta de tuerca en su dinámica actual, enfocando sus labores hacia aspectos propios de la seguridad ciudadana.
Sin embargo, entre algunos exoficiales de las Fuerzas Armadas que lo dicen de forma abierta, o algunos activos que no pueden deliberar, existen dos preocupaciones: que por ajustar el país a los diálogos de La Habana se organice un ministerio que ponga a la Policía a compartir labores con el proceso de reinserción y ubicación de personas sometidas a la legalidad; y que el devenir de la institución, en especial en temas de ascensos, inteligencia e investigación, regrese a la égida del general Naranjo, quien ya dirigió la Policía entre 2007 y 2012.
El debate apenas comienza, y tanto el colegio de generales de la Policía como el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa han expresado reparos. No obstante, el presidente candidato, Juan Manuel Santos, ya anunció la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana como espina dorsal de su política de convivencia. Una estrategia que pasa por la reforma del actual Código de Policía y por una verdadera revolución tecnológica para que la seguridad en las calles sea una prioridad y la criminalidad informática deje de ser la amenaza que se cierne sobre todos los ciudadanos que se sienten “chuzados”.
La propuesta de estructura del Ministerio de Seguridad
El proyecto que hoy existe para la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana, sin que necesariamente sea el que termine impulsando el gobierno Santos en caso de ser reelegido, parte de la reorganización del Ministerio de Defensa y la supresión de varias altas consejerías presidenciales.
El Viceministerio para la Reintegración Social tendría cuatro subdirecciones: de Inteligencia e Investigación; para el Trabajo; de Derechos Humanos y de Reconciliación. El Viceministerio para la Convivencia tendría tres subdirecciones: una para la Juventud y dos más para la Prevención Social y la Ciudadanía Activa. Este Viceministerio tendría además una Dirección de Programas Estratégicos. En cuanto al Viceministerio de Relaciones Institucionales, operaría con una Secretaría General y tres direcciones: de Gestión Contractual, Gestión Humana y Dirección Financiera
La Policía con todos sus componentes pasaría al Ministerio, que además tendría que velar por las políticas de reintegración a la vida civil de personas o grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen, así como otras estrategias en materia de reintegración a la vida civil.
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@nenarrazola