Un juzgado de Medellín declaró responsable al Estado por el homicidio del periodista Edison Alberto Molina, asesinado el 11 de septiembre del 2013, en Puerto Berrio, Antioquia.
De acuerdo con la sentencia del juzgado 17 administrativo de la capital antioqueña, el Estado no protegió el derecho a la vida del periodista asesinado, lo cual es su responsablidad. Allí se reconoce que Edison Alberto ejercía actividades periodísticas y que como consecuencia de esa labor y de su oposición a la alcaldía del municipio, recibió amenazas que no fueron atendidas de manera oportuna por el Estado.
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Particularmente, dos son las entidades estatales responsables del homicidio: la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. La primera porque a pesar de solicitar a la Policía medidas preventivas, desconoció su deber constitucional y legal con el asesinado. En el caso de la Policía, porque existía solicitud de protección de parte de autoridades para el denunciante que no fue atendida.
En el fallo, el juez ordenó reparar económicamente a la familia del periodista, que fue representada legalmente por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Así mismo, el juzgado ordenó realizar una ceremonia pública en Puerto Berrío en la que se ofrezcan disculpas a los familiares y a la sociedad.
“La FLIP reconoce esta sentencia como un precedente importante para la protección y seguridad del periodismo en Colombia, pues se refiere a la obligación del Estado de prestar protección oportuna y efectiva a los periodistas en riesgo. Adicionalmente, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con mayor diligencia frente a este caso, pues no cuenta con ningún avance y está en completa impunidad”, señaló la FLIP.
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El fallo se produce en medio de la ola de amenazas a periodistas que se ha desatado en el país y de la cual la misma FLIP ha alertado. De acuerdo con esta entidad, el fenómeno de hostigamientos ha periodistas ha venido en crecimiento en los últimos años. En total, con corte del 11 de julio, este año la organización para la libertad de prensa contabiliza 89 amenazas, 24 más que en el mismo período en 2017.