Demora en traslado de los cadáveres asesinados en Venezuela

Con dificultades avanzaba anoche la repatriación de los cuerpos de los ocho colombianos asesinados en confusos hechos en el estado de Táchira, Venezuela. Desesperados, los familiares de las víctimas se declararon a la espera de recibir los despojos mortales de sus seres queridos, mientras el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, seguía esperando en Cúcuta que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas venezolanas hiciera la entrega oficial de los cadáveres.

Hasta altas horas de la noche, Pérez y miembros de la Organización Internacional para las Migraciones, en conjunto con los dolientes, analizaban si la repatriación de las víctimas mortales desde San Cristóbal a Cúcuta se efectuaría a la medianoche o las seis de la mañana de hoy. Independiente de la hora del traslado, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) esperaba estacionado en el aeropuerto Camilo Daza de la capital nortesantandereana. Tres de los cadáveres se quedarían en Cúcuta, dos serían llevados a Bucaramanga, uno a Bogotá, otro a Medellín y el último a Valledupar.

En la tarde del lunes, la Cancillería venezolana le notificó a la embajadora colombiana, María Luisa Chiappe, que no se permitiría el aterrizaje en San Cristóbal del avión de la FAC, argumentando que para el momento en que recibieron por parte del Gobierno colombiano la petición de autorización de sobrevuelo, ya estaba en ejecución el operativo para efectuar el traslado hacia San Antonio, por lo cual se negó el acceso del avión.

Con la identificación de sus seres queridos, que se llevó a cabo ayer en la tarde en la morgue de San Cristóbal, los parientes de las víctimas culminaron dieciséis días de incertidumbre, que comenzaron el pasado 11 de octubre, cuando 12 futbolistas aficionados (diez colombianos, un peruano y un venezolano) fueron secuestrados mientras disputaban un partido en la localidad Fernández Feo, del vecino país. Pasaron 14 días sin que se supiera de su paradero, hasta que el pasado sábado los cadáveres de ocho colombianos y dos extranjeros fueron encontrados en las localidades de San Rafael del Piñal y San Joaquín de Lavai y Potosí. De la masacre sólo sobrevivió un colombiano identificado como Manuel Cortés, mientras que hasta el lunes, el joven José Luis Arenas, de 21 años, se reportaba como desaparecido.

De acuerdo con la cónsul venezolana en Bucaramanga, Zulay Alcón, al parecer los colombianos asesinados estaban indocumentados, “no tenían visa, se supone o se presume que estaban de ilegales”.

El presidente Álvaro Uribe hizo un llamado a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, “para que por encima de cualquier diferencia busquemos cómo puede haber una coordinación de actividades para proteger el derecho a la vida de los ciudadanos colombianos y de los ciudadanos venezolanos”.

Aunque aún no se ha determinado la autoría y las causas de la masacre, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, señaló que las autoridades de ambos países manejan distintas hipótesis y reiteró el pedido a Venezuela para que realice una investigación que permita aclarar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la masacre.

Leomagno Flores, secretario general del Gobierno de Táchira, atribuyó la masacre al Ejército de Liberación Nacional (Eln). Esta versión fue secundada por el gobernador de ese estado, César Pérez, quien señaló que el hecho de que los cuerpos fueran hallados en diversas zonas del Táchira “nos da a entender que este grupo está actuando como las hienas: marcando territorio”.

El Defensor del Pueblo se entrevistaría hoy con el colombiano sobreviviente, Manuel Júnior Cortés, para obtener detalles que ayuden a identificar a los responsables del crimen. Según Cortés, los integrantes del grupo armado, que asesinaron a sus compañeros, preguntaban insistentemente por los jefes paramilitares que los habían reclutado. “El Payaso nos preguntaba... pues creían que éramos reclutados por los paracos”, puntualizó el joven.