Una alerta lanzó la Defensoría del Pueblo tras el desbordamiento del río Iscuandé, que afectó a por lo menos mil viviendas, en 28 veredas, del municipio homónimo, en Nariño. La emergencia es tal que la dirección de gestión del riesgo del departamento señaló que la situación desborda sus capacidades.
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En las sedes de consejos comunitarios y en casas del casco urbano de Iscuandé se encuentran desde el pasado 22 de enero las centenares de damnificados que tuvieron que desplazarse tras la creciente del río Iscuandé que, de acuerdo con la Defensoría, deja más de 700 familias damnificadas.
“Hay necesidades perentorias de ayuda humanitaria y de protección a las comunidades afectadas”, advirtió el ente de control, que pidió la acción inmediata de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de las autoridades departamentales.
Imágenes compartidas en redes sociales evidencian que la creciente del río no solo inundó las viviendas, sino que además se llevó algunas, mientras algunos de los damnificados se cuestionan hacia dónde ir.
Pero, ante la catástrofe, organizaciones de socorro del municipio advierten que serían al menos 1.300 familias las que han quedado damnificadas, que requieren alimentos, colchonetas, frazadas, ropa y elementos de aseo, para la atención humanitaria.
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Sobre esto, el alcalde de Iscuandé, Sifredo Barrios Pinillos, aseguró que el municipio no cuenta con energía eléctrica y agua potable. “Estamos atravesando una crisis humanitaria(...). Requerimos con urgencia ayuda humanitaria, como colchonetas y alimentación, para atender a la población damnificada”, indicó a Caracol Radio el mandatario.
Por su parte, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) señaló que evalúan las afectaciones, el censo y los puntos para atender a los damnificados. No obstante, el director Gabriel Ocaña Aguirre advirtió que no tienen la capacidad para atender la emergencia, por lo que pidieron el apoyo de la UNGRD.