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Édinson Molina tenía 42 años el día que lo asesinaron y había dedicado la mitad de su vida a denunciar las irregularidades que sucedían en Puerto Berrío, uno de los municipios más grandes del Magdalena Medio y territorio de vital importancia en la geografía de la violencia nacional.
“Édinson denunciaba todo lo que estaba mal. Lo hizo desde siempre, cuando los paramilitares tenían el control del hospital, cuando veía que había corrupción, incluso lo hizo cuando trabajando para la Alcaldía denunció al alcalde, es decir, a su propio jefe. Así era él”, recuerda un familiar.
Amigos de él también coinciden en afirmar que desde principios de 2013, cuando empezó a dirigir el espacio radial Consultorio Jurídico, que de manera reiterada y estable tenía en la emisora comunitaria de Puerto Berrío, su voz se empezó a escuchar en buena parte del Magdalena Medio y las colas para entrar a su despacho comenzaron a duplicarse.
En los últimos años las querellas interpuestas por Molina generaron la apertura de por lo menos 68 procesos disciplinarios y penales en contra de servidores públicos de Puerto Berrío, la mayoría de ellos empleados de la actual administración, cuya cabeza es el alcalde Róbinson Baena.
Sin embargo, y a pesar de que algunas motivaron sanciones, muy pocas llegaron a una instancia definitoria. Así lo hizo saber en una carta enviada el 14 de marzo de 2013 al procurador general, Alejandro Ordóñez, de quien sabía no le temblaba la mano para destituir alcaldes. “Actualmente en Puerto Berrío se vive un crítico episodio de polarización social y política, y una profunda sensación de corrupción que se evidencia en las denuncias que le anexamos, sin que hayamos obtenido mayor atención de los organismos de control del Estado”.
Su formación como abogado le facilitó estructurar debidamente sus denuncias periodísticas. Esto lo convirtió en un referente en todo el municipio, en un importante líder y también en un incómodo personaje para el alcalde Baena, el principal blanco de los señalamientos de Molina.
El liderazgo de Édinson lo visibilizó como la cabeza de “los enanos”, nombre con el que Baena bautizó a quienes le criticaban, un grupo de personas donde además del abogado y periodista Édinson Molina había empresarios, políticos y reconocidos personajes de la ciudad. La rivalidad entre unos y otros fue creciendo, así como el grado de violencia. Los ataques se hicieron reiterados y evidentes en distintos espacios: manifestaciones, redes sociales como en el grupo de Facebook “Frank Gómez” y “Anti-enanos de Puerto Berrío”, y en varios videos donde intervienen el alcalde y otros funcionarios utilizando términos despectivos contra la oposición: “Microbios del desarrollo social”, “gérmenes chiquitos”, “subversivos”, “sicarios”, etc. Incluso en un video que publicó Noticias Uno, Baena advertía que “hay que eliminarlos” haciendo referencia a sus opositores. En su defensa el alcalde sólo atinó a responder que él quería decir “eliminarlos” del Facebook.
El aviso de los asesinos y la inoperancia de la Policía
Un mes antes del 11 de septiembre de 2013, dos piedras rompieron los cristales de la oficina de Édinson Molina. La nota que envolvía las piedras advertía: “DEJE TRABAJAR GONORREA PORQE NO ATACA OTROS SE CALLA O LO CALLAMOS (sic)”. Pero esa no había sido la única amenaza: llamadas telefónicas, mensajes a través de las redes sociales o notas que se colaban por la puerta de su casa se habían vuelto frecuentes.
Molina se sentía acosado y de eso dejó constancia en la denuncia que puso tras la última advertencia. Sin pelos en la lengua escribió: “Es igualmente evidente que dichas amenazas son hechas en razón a mi participación en el grupo de oposición de la actual administración municipal denominado “los enanos porteños” y en las múltiples denuncias que en contra del mandatario local y sus secretarios he formulado”.
Dos días después de esta denuncia, la Procuraduría Provincial y la Fiscalía municipal enviaron un oficio al teniente Juan Carlos Flórez, comandante de la Policía de Puerto Berrío, donde le ordenaban “realizar las actividades pertinentes para proveer de protección policiva y evitar afectaciones futuras en la vida e integridad del señor Édinson Alberto Molina”.
Sin embargo, y a pesar de esta advertencia, la Policía, según familiares de Molina, no actuó satisfactoriamente y no le brindó la protección que su riesgo exigía. “Desde el comando de la Policía no había ninguna intención en protegerlo, ellos decían que se trataba de autoamenazas”, asegura una persona muy allegada al periodista. “El teniente Flórez nunca quiso reunirse con él y enviaba a delegados que le ofrecían rondas policiales a su casa, pero éstas ni siquiera se hicieron”, puntualiza.
Días después del asesinato, familiares de Édinson remitieron ante la Procuraduría Regional de Antioquia una queja disciplinaria contra el teniente Flórez por considerar que no cumplió con su deber de proteger a Molina.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) indagó al teniente Flórez, mediante derecho de petición, por esta situación. En un extracto de su respuesta se lee: “Se le prestaron los acompañamientos necesarios tal y como pueden ser soportados por los registros efectuados por las patrullas de vigilancia”.
Tras la muerte de Édinson la libertad de expresión y de prensa, que no gozaba de buena salud en Puerto Berrío, fue violentamente acallada. Silenciaron a la voz más crítica del municipio y acabaron con el último espacio de denuncia contra los poderes locales.
Fiscalía reasigna el caso a un fiscal de Derechos Humanos
A pesar de que el alcalde Róbinson Baena y el comandante de la Policía de Puerto Berrío aseguraron iniciar investigaciones para dar con los asesinos del periodista y de ofrecer una recompensa de $20 millones para dar con los responsables, cinco meses después del homicidio no se ha realizado la primera captura.
Por otra parte, los familiares de Molina han reiterado en varias oportunidades que en el municipio no existen las garantías suficientes para hacer una investigación adecuada. Han advertido que algunas evidencias han desaparecido, que el recaudo testimonial ha sido insuficiente y que tampoco ha habido un análisis investigativo que relacione las denuncias periodísticas de Molina con su homicidio.
En esta coyuntura, el 10 de octubre de 2013, la FLIP solicitó a la Fiscalía que la investigación judicial por el asesinato de Molina fuese asignada a otro despacho. La petición se hizo porque el contexto en el que ocurrieron los hechos puede poner en riesgo la imparcialidad de la investigación, la seguridad de los propios funcionarios judiciales y de los familiares de la víctima.
El 21 de enero de 2014 se conoció que el fiscal general, Eduardo Montealegre, reasignó el caso a un fiscal de Derechos Humanos. Un paso que establece las mínimas garantías para un proceso cuyo objetivo será conocer quién ordenó acabar con la vida de Édinson Molina.