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La crisis de agua potable que durante años ha afectado a Santa Marta tiene un nuevo capítulo. El Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó la conformación de un Comité de Verificación de Cumplimiento de la Sentencia, encargado de hacer seguimiento a las medidas judiciales dirigidas a garantizar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones de saneamiento básico en la capital del Magdalena.
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La decisión busca que las entidades responsables no se limiten a formular proyectos y anunciar inversiones, sino que avancen en la ejecución de las soluciones contempladas en el fallo. Entre los asuntos que deberán ser objeto de seguimiento están la disponibilidad de nuevas fuentes de abastecimiento, la infraestructura de captación y tratamiento, las pérdidas en las redes de distribución y las deficiencias del sistema de alcantarillado.
Uno de los puntos de mayor relevancia es la ruta que deberá seguirse para garantizar el suministro a largo plazo. El Tribunal estableció que, antes de acudir a la captación del río Magdalena, deben agotarse las instancias técnicas, legales y financieras para aprovechar las fuentes hídricas de la Sierra Nevada, especialmente los ríos Don Diego y Buritaca. La selección de alternativas deberá respetar las condiciones y restricciones técnicas de la decisión judicial.
Las fallas que mantienen en crisis el servicio de agua
El problema de abastecimiento de Santa Marta no responde únicamente a la falta de fuentes de agua. También está relacionado con las limitaciones de la infraestructura para captar, tratar y distribuir el recurso, las pérdidas en las redes y la presión sobre las fuentes subterráneas.
A esta situación se suman las dificultades del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. La ciudad necesita ampliar su cobertura, mejorar las estaciones de bombeo, modernizar las redes y fortalecer el tratamiento de las aguas residuales. Las deficiencias también representan riesgos ambientales para los ríos, las quebradas y las zonas costeras.
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Por eso, las órdenes judiciales contemplan acciones que incluyen el fortalecimiento de las plantas de tratamiento de agua potable, entre ellas El Curval y Toribio; la formulación de un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado; la reducción de pérdidas y la implementación de medidas para proteger las fuentes hídricas.
Don Diego y Buritaca, antes de acudir al río Magdalena
La discusión sobre el abastecimiento futuro de Santa Marta también involucra la evaluación de las fuentes provenientes de la Sierra Nevada. Los ríos Don Diego y Buritaca figuran entre las alternativas que deben estudiarse, teniendo en cuenta su disponibilidad, capacidad de suministro y las condiciones ambientales de sus cuencas.
En paralelo, la propuesta de captar agua del río Magdalena, incluida en la estrategia nacional denominada El Milagro del Agua, plantea una alternativa regional para atender las necesidades de abastecimiento. Sin embargo, su desarrollo deberá armonizarse con las prioridades y los condicionamientos establecidos por la autoridad judicial.
La discusión no se limita a determinar de dónde llegará el agua, sino a establecer qué alternativa ofrece garantías de sostenibilidad, viabilidad financiera y protección ambiental. También será necesario considerar las necesidades de las comunidades que dependen de las fuentes hídricas de la Sierra Nevada.
El saneamiento básico también está bajo seguimiento
El fallo aborda igualmente las deficiencias del alcantarillado sanitario y pluvial. Entre las medidas se encuentran la ampliación de redes y estaciones de bombeo, la planificación de obras para el manejo de aguas lluvias y la recuperación de las rondas hídricas de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, además de la quebrada Bureche.
Otro componente contempla el monitoreo de la calidad del agua del acueducto, los vertimientos y las aguas marino-costeras, con el acompañamiento técnico del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar). Estas acciones buscan fortalecer la vigilancia ambiental y establecer información periódica sobre las condiciones de los cuerpos de agua.
Un comité para verificar las obligaciones
La instancia de seguimiento tendrá participación de diferentes entidades públicas, entre ellas la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Santa Marta, Essmar, la Gobernación del Magdalena, Corpamag y los ministerios y organismos nacionales relacionados con el sector. Su función será verificar los avances y presentar informes periódicos ante el tribunal.
En este escenario, el representante a la Cámara Felipe Hernández solicitó a la magistrada Maribel Mendoza Jiménez requerir a las entidades convocadas para que designen a sus delegados y permitan la instalación del comité.
El congresista insistió en que las decisiones sobre nuevas fuentes de abastecimiento deben respetar las condiciones técnicas y jurídicas del fallo.
La puesta en marcha de este mecanismo abre una nueva etapa de seguimiento judicial a una problemática que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes de Santa Marta. El desafío estará en que las órdenes se traduzcan en obras, infraestructura y mejoras verificables en la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico.