1 Sep 2013 - 9:09 p. m.

El otro 'boom' minero

Un acta en la que el Gobierno se compromete a mejorar la situación de los mineros informales está a punto de resolver el paro del sector, que comenzó el 17 de julio.

Wálter Arias Hidalgo

La compleja situación que viven los mineros informales de por lo menos cuatro departamentos del país, agudizada desde el 17 de julio con la entrada a paro de sus representantes, está a punto de ser superada, por lo menos de manera parcial, gracias a la suscripción de un acta entre los representantes del Gobierno Nacional y los de la Confederación de Mineros de Colombia, que busca mejores condiciones para los colombianos que se dedican a dicha labor.

Aunque el Gobierno ha anunciado que será implacable con la llamada minería criminal, que es aquella en la que interfieren (mediante el cobro de vacunas o incluso con lavado de dineros) grupos de delincuencia común, guerrillas, bandas criminales o cualquier otro actor ilegal, los mineros informales han insistido en que no por trabajar de manera independiente a la de las grandes multinacionales se les debe confundir a ellos con dichas manifestaciones delictivas y que por esta razón es el Ejecutivo el que debe ayudar a definir reglas claras para que puedan trabajar.

Ese sería en esencia uno de los puntos fundamentales del acuerdo que quieren suscribir hoy los mineros con el Ejecutivo y que se traduce, en términos concretos, en el compromiso de radicar con mensaje de urgencia en el Congreso iniciativas para regular la materia.

Por ahora se espera que hoy las partes formalicen el acuerdo alcanzado el viernes en la noche. “Esperamos que los ministros del Medio Ambiente, Minas y Defensa pongan la firma para que nosotros demos inmediatamente la orden a nuestros afiliados de volver a sus sitios de trabajo”, dijo Ramiro Restrepo, presidente de la Confederación de Mineros de Colombia.

El pacto final se logró luego de arduas discusiones. La última de ellas —tras más de ocho horas de diálogo— permitió concretar cuatro puntos de un pliego de quince peticiones, como la presentación de un proyecto de ley que, según Restrepo, el Gobierno debe radicar con mensaje de urgencia al Congreso y que contempla, entre otros aspectos, las peticiones sobre las cuales fue imposible llegar a acuerdos, como aquella que busca que el Estado reconozca como informales a los mineros en un lapso de seis años y no de diez, como ocurre hoy.

El acta pendiente de firma también contempla el compromiso de los mineros para formular planes de cumplimiento ambiental, que serán sometidos al seguimiento de las corporaciones autónomas regionales, facultadas por el Ministerio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta el impacto ecológico generado por la explotación de oro en la zona debido al vertimiento de mercurio al agua, deforestación, remoción de grandes cantidades de tierra y el desvío del cauce de los ríos, entre otros.

El tercer punto se refiere al compromiso del Gobierno de crear y delimitar áreas de minería especial para las comunidades reconocidas ancestralmente como mineras. “Por ejemplo, las del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño, Suárez en el Cauca o Marmato en Caldas”, explicó Restrepo.

El último punto está relacionado con el Decreto 2235, que reglamenta “el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley”. Restrepo afirmó que para aplicar el decreto no basta con que el minero no tenga título o licencia. “Debe haber una investigación jurídica que indique si el minero de verdad tiene nexos con grupos armados al margen de la ley”.

Gracias a este acuerdo se llegaría al final de un paro que ha afectado directamente a unas 250.000 personas de 18 departamentos que hacen parte del gremio minero, entre empleados y barequeros, y que ha dejado pérdidas por unos $40.000 millones, sin tener en cuenta la pérdida de 34 retroexcavadoras y 11 dragas, avaluadas en unos $20.000 millones. A lo largo de las protestas en Caucasia (Antioquia) siete personas murieron, mientras en el departamento, 43 policías y 88 civiles quedaron heridos en diversos enfrentamientos. 13 vehículos fueron incinerados y 88 personas capturadas, según reporte policial.

Pero mientras el Gobierno y los mineros están a punto de estampar sus firmas en un acta de acuerdo que le pondrá punto final al paro que ese sector adelanta desde el 17 de julio, la administración Santos debe ahora capotear otra protesta: la de 3.000 mineros procedentes de siete municipios de Bolívar que ayer se desplazaron hasta el sur de Cesar para exigir la suspensión de las concesiones para la explotación de oro.

 

Los manifestantes caminaron durante tres días por la serranía de San Lucas para llegar hasta Gamarra (Cesar), teniendo como destino final la troncal de oriente en Aguachica, según informó Caracol Noticias. Las autoridades custodian las carreteras para evitar su bloqueo.

@walterariash

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