El domingo 16 de noviembre, Guillermo Garzón, un activista gay, defensor de derechos humanos y creador del colectivo Somos Opción LGBT, fue encontrado sin vida en su propio apartamento con aparentes signos de tortura. Había muerto la noche anterior en hechos que aún se encuentran bajo investigación. Un video de ese día, en el que se ve a Garzón bajando las escaleras a las 5:00 p.m. para abrirle la puerta a un joven que 2 horas y 41 minutos después deja ingresar a cuatro personas más, es una de las claves para hallar a los responsables.
Aunque aún no hay certeza sobre los móviles del homicidio, sectores LGBTI no dudan en que este caso esté vinculado con su orientación sexual. La Defensoría del Pueblo informó que “algunas quejas allegadas a la delegada para las Mujeres y Asuntos de Género dan cuenta de que se trataría de una banda de asaltantes cuyas víctimas son precisamente miembros de esta comunidad”.
Con éste ya serían 34 crímenes cometidos este año contra la población LGBTI, según la Defensoría del Pueblo. Aunque la cifra sería menor a la registrada en 2013 por Colombia Diversa (66), esta organización alertó sobre los asesinatos que se siguen perpetrando contra los defensores de derechos humanos. Entre 2010 y 2011, la ONG reportó el homicidio de cuatro activistas LGBTI y al menos cinco personas que habrían estado vinculadas a procesos de defensa de DD.HH. fueron asesinadas en 2013.
Entre 2012 y 2013, de los 86 homicidios por razón de la orientación sexual identificados, 38 fueron hombres gays, 27 transgeneristas y dos lesbianas. Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca son los departamentos que aglutinan la mayoría de casos.
Por su parte, la Fiscalía investiga 432 casos de violencia contra las personas LGBTI en las diversas seccionales del país que registran hechos entre 2001 y julio de 2014. Las denuncias se concentran en agresiones físicas, amenazas y homicidios, discriminación y violencias asociadas a dinámicas del conflicto armado. “No obstante, diversos estudios dan cuenta de la ocurrencia de hechos de violencia intrafamiliar que están motivados en la orientación sexual y/o identidad de género de la víctima, así como discriminación en el ámbito laboral (penalizada en el artículo 134C del Código Penal). Sin embargo, muchos de estos casos no son denunciados por desconocimiento o falta de motivación”, asegura la entidad.
De acuerdo con un reporte del ente acusador, no existe un diagnóstico que permita establecer con claridad quiénes son los victimarios de la comunidad LGBTI porque son violencias que pueden ocurrir en espacios privados o públicos por individuos o bandas, sin otra motivación que el prejuicio frente a la orientación sexual, y pueden provenir de diferentes contextos sociales que van desde lo familiar hasta contextos de violencia sociopolítica.
Con la conformación este año del Equipo de Género y Enfoques Diferenciales de la Fiscalía, se espera que se impulse la creación de políticas encaminadas a la protección de derechos de las personas LGBTI en materia penal.