1 Dec 2008 - 11:00 p. m.

El Putumayo, en su peor momento

Todos los males han azotado a este rico departamento del sur del país. Primero fue la cultura de la coca, luego guerra y ahora las pirámides.

Enrique Rivas G.

María Eugenia Guanga vive en El Maizal, una pequeña vereda a 20 minutos de San Miguel (Putumayo), cerca de la complicada y agreste frontera con Ecuador. Allí, esta nariñense de 50 años, junto a otras 77 familias migrantes, dejaron de cultivar coca para dedicarse a cosechar ilusiones con “empresas” captadoras de dinero. Sin embargo, luego de que el Gobierno decidiera, el 12 de noviembre pasado, intervenir a estas firmas que ofrecían a sus clientes intereses exorbitantes, los sueños de los ahorradores se derrumbaron y el departamento quedó sumido en la incertidumbre y el caos.

Guanga hace parte del 90% de los más de 378.000 habitantes que consignaron en total no menos de $900.000 millones en DMG (David Murcia Guzmán), DRFE (Dinero Rápido, Fácil y Efectivo) y otras cinco pirámides que desde 2001 lograron cautivar y llamar la atención de cultivadores de coca, raspachines, trabajadores del campo, amas de casa, comerciantes, iglesias, juntas de acción comunal, miembros de la Fuerza Pública y hasta empleados oficiales, para que depositaran sus dineros a cambio de jugosos rendimientos.

Una propuesta que surgió en momentos en que la represión del Estado comenzó a hacer desaparecer el negocio de la coca en la región, desde donde pasó a buena parte de las selvas nariñenses, especialmente a Tumaco. Hoy por ejemplo, según el monitoreo de cultivos de coca realizado por las Naciones Unidas (junio de 2008), en municipios como Puerto Asís, donde imperaba la cultura de la coca en todas sus dimensiones, sólo existen 4.386 hectáreas, lo cual provocó el desgano de los cultivadores y compradores.

En ese instante también aparecen en la vida de los putumayenses las firmas DMG, ofreciendo intereses cada seis meses por encima del 17%, DRFE entre un 250 y 300%, y las demás, haciendo alarde del derroche de réditos que prometían. De ahí que todo aquel que podía comenzó a depositar su dinero en estas “empresas”, y al que no tenía cómo, también lo arrastraban y le regalaban para que lo hiciera.

“Yo metí primero $500.000 y luego otros $200.000. Eso fue después de que llegaran el año pasado a fumigar la vereda y luego a erradicar, hasta que la coca se acabó. Pero como no había más que hacer, la gente vendió los animales, las fincas y todo lo que tenía para cambiar las hojas de la coca por las hojas de papel. Alcancé a ahorrar $2’000.000 y de ahí sacaba para comprar cosas y llevarlas a la finca. Pero también retiraba de DMG los intereses que ganaba y luego los volvía a meter en otras (pirámides)”, relató María Eugenia.


Una práctica que casi todos los campesinos cocaleros ejercitaron luego de la gran ofensiva contra los cultivos ilícitos que el Estado aplicó desde el 2000. La iniciativa oficial pretendía borrar del mapa las 66.000 hectáreas de cultivos de coca en el Putumayo, que para ese entonces representaban el 40% de la producción del país.

Política de erradicación de cultivos ilícitos que se extendió hasta el gobierno del presidente Álvaro Uribe y que también logró, entre 2007 y octubre de este año, erradicar 36.463 hectáreas.

Como toda causa tiene su efecto, la acción del Gobierno provocó el desplome de la economía, hasta el punto del cierre de buena parte del comercio y de los expendios de gasolina en la frontera con Ecuador, quebrados por el bajo costo del combustible que ofrece el país vecino ($3.000 por galón), y por las pocas posibilidades de sobrevivir sin alternativas diferentes a la producción de base de coca, dinámica que llegó, en su momento, a generar hasta $10 millones trimestrales por cada familia en el departamento, según cultivadores de San Miguel, La Hormiga y Puerto Asis.

Esta situación de crisis se palpa por la vía de San Miguel y Puerto Colón, hasta llegar al Puente Internacional de San Miguel, en la línea fronteriza que divide a Colombia de Ecuador. En este tramo es común ver pequeños caseríos abandonados, la gente sentada frente a sus casas sin nada que hacer, gasolineras devoradas por la maleza y dueños de pequeños mercados y tiendas bostezando frente a sus vitrinas vacías.

Para Alex Ceballos, líder de San Miguel y uno de los coordinadores de la caravana que partió desde Putumayo a Bogotá para protestar por la intervención de DMG, esta firma se convirtió en salvavidas para la región luego de la erradicación de la coca y del fracaso de experimentales programas de sustitución de cultivos ilícitos. “Los proyectos de palmito y otras alternativas que surgieron resultaron un fracaso porque ni siquiera se hizo un estudio de comercialización”, aseveró Ceballos.

Una afirmación que coincide con las realidades locales que le expuso María Eugenia Guanga a El Espectador: “El Gobierno nos ofrece $2’900.000 anuales para cultivos de cacao, plátano o para comprar animales, mientras que una hectárea de coca que producía 200 arrobas cada tres meses generaba hasta $10 millones”.

La guerra, otro problema

Al derrumbe de las finanzas del departamento se suma el interés de los actores armados por esta geoestratégica región, hecho que la coloca en una situación aún más compleja, toda vez que el sólo hecho de presentar la cédula expedida en Putumayo representa una estigmatización e incluso, encarcelamiento por sospecha.

¿Por qué les resulta estratégica la zona a los actores del conflicto? Según Efrén Peña, investigador del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular), el Putumayo es la bisagra que acopla el mundo amazónico con los Andes colombianos y, por esta vía, la conexión de la Amazonia con el Pacífico. Pero no es lo único que les llama la atención, además de que el departamento une el centro del país con la frontera, que conecta a Colombia con Ecuador y Perú, ambientalmente la región ofrece condiciones para la explotación de petróleo (En Orito y Puerto Colón) y recursos forestales.

Asimismo, su geografía le permite a los grupos armados desarrollar dinámicas de guerra, no desde la lógica de la política, sino a partir de la rapidez con la que se consiguen los recursos y de la forma como pueden evadir la confrontación.


Es por eso que este departamento y el resto del sur del país se convirtieron una zona vital para definir el conflicto colombiano. Es aquí donde se han venido desarrollando los planes Colombia, Patriota y Consolidación, que llevó también al presidente Uribe a enviar cerca de 18.000 militares a Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima, Cauca y Nariño, con el fin de tenderle un cerco a la guerrilla, sobre todo al bloque sur, uno de los más importantes de las Farc. De hecho, esta arremetida condujo a que el segundo hombre de esta insurgencia, Raúl Reyes, cruzara junto con sus hombres la frontera con Ecuador, donde finalmente murió el 1° de marzo pasado luego de un operativo de las Fuerzas Armadas colombianas.

Son éstos los factores que llevaron a los putumayenses a buscar alternativas como DMG, un fugaz factor económico que se convirtió casi en la única forma de sobrevivir. De ahí que no es de extrañar que María Eugenia Guanga, los habitantes de Mocoa y los restantes 12 municipios hayan estallado en ira desde el pasado 19 de marzo, declarándose en paro cívico, taponando las vías de acceso y quemando más de cien vehículos en la capital del departamento.

Este hecho provocó la declaratoria del toque de queda y el estado de alerta en una región donde la guerra no sólo los ha despojado de sus recursos, sino que provocó el desplazamiento de unas 80.000 personas y la muerte, a manos de grupos paramilitares (entre 2003 y 2006), de aproximadamente 3.000 personas que se encuentran aún en fosas comunes.

La protesta que llegó a Bogotá se creció

Tras la intervención del Gobierno a firmas como DMG, los habitantes de los 13 municipios se declararon en paro cívico indefinido, se tomaron las instalaciones de Ecopetrol en Orito y Puerto Colón, taponaron las vías de entrada y salida al departamento, Mocoa quedó semiparalizada y una caravana de vehículos se dirigió hacia Bogotá para pedirle al Gobierno que liberara a David Murcia Guzmán, así como la devolución de sus dineros invertidos.

Pero lo que comenzó con una protesta simple, hoy está recorriendo varias regiones del país. En Pasto y otras poblaciones de Nariño también hubo la necesidad de decretar el toque de queda, porque la gente se llenó de ira, provocó disturbios y se enfrentó a la Fuerza Pública. En Honda, Tolima, la semana pasada se presentó una asonada similar a la de Mocoa (Putumayo), donde además de la confrontación con la Policía, hubo saqueos. Esto llevó a que los líderes del Putumayo, quienes aún permanecen en Bogotá, propusieran una mesa nacional para buscarle salida al tema de DMG. En esta mesa estarán representantes de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Villavicencio, Nariño, Huila, Boyacá y Tolima. Para ellos, la reciente propuesta del presidente Álvaro Uribe en Nariño, de dar créditos a los ahorradores, no es viable. Lo que  quieren es que DMG siga funcionando o que les devuelvan el dinero.

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