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En el corregimiento turístico de Taganga, comerciantes, pescadores, propietarios de viviendas, líderes comunitarios y habitantes del corregimiento marcharon varios kilómetros hasta la sede de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en Santa Marta, para pedir que se detenga el proceso de constitución de un resguardo indígena que actualmente adelantan las autoridades nacionales.
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Con pancartas, banderas y consignas, los manifestantes radicaron un documento en el que solicitan suspender el trámite mientras se desarrolla un proceso de concertación en el que participen todos los sectores de la población.
Aseguran que hasta ahora persisten dudas sobre el alcance de la iniciativa y sus posibles consecuencias para quienes viven y trabajan en uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano.
La movilización se produjo en medio de un ambiente de creciente preocupación entre los habitantes, quienes consideran que las decisiones sobre el futuro del corregimiento deben construirse con información clara y participación ciudadana.
El origen de la preocupación
Según explicó José Cantillo, uno de los voceros del movimiento ciudadano, las inquietudes comenzaron en 2022, cuando la comunidad conoció las actuaciones adelantadas por el Cabildo Indígena de Taganga y el reconocimiento otorgado por el Ministerio del Interior.
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“Recibimos una comunicación relacionada con la verificación del territorio y entendimos que era un proceso que podía tener implicaciones muy serias para Taganga. Desde entonces empezamos a estudiar el tema y a buscar información”, afirmó.
Para los habitantes que rechazan el trámite, la principal preocupación radica en la posibilidad de que una eventual constitución del resguardo modifique las condiciones jurídicas bajo las cuales actualmente funcionan las propiedades privadas y las actividades económicas del corregimiento.
“Nos preocupa que, si el territorio llega a convertirse en resguardo indígena, se afecte el derecho a la propiedad privada y cambien las reglas bajo las cuales hoy viven miles de familias”, señaló Cantillo.
Temor por viviendas, turismo y economía local
La incertidumbre también alcanza a quienes dependen económicamente del turismo, principal fuente de ingresos de Taganga.
Durante la marcha, los participantes expresaron su preocupación por el futuro de hoteles, hostales, restaurantes, comercios, predios familiares, actividades pesqueras y ventas informales, sectores que sostienen buena parte de la economía local.
Los manifestantes aseguran que todavía desconocen cómo quedarían protegidos los derechos de quienes poseen escrituras, han construido viviendas o desarrollan actividades comerciales desde hace décadas.
Esa preocupación quedó consignada en el documento entregado a la ANT, donde también advierten sobre posibles efectos en las juntas de acción comunal, organizaciones sociales y otras formas de representación comunitaria si el proceso continúa sin una participación amplia de la población.
La comunidad acudió a los jueces
Además de la movilización, los habitantes informaron que ya emprendieron acciones judiciales para intentar suspender el proceso mientras se garantiza el debido proceso.
Cantillo confirmó que presentaron una acción de tutela con la que buscan que el Ministerio del Interior los vincule formalmente a las actuaciones administrativas.
“Hemos presentado una tutela porque queremos participar. Lo que pedimos es que se respeten nuestros derechos y que podamos conocer de primera mano las decisiones que se están tomando”, indicó.
Aunque la comunidad todavía consolida el censo de las personas que podrían verse involucradas, estima que el proceso tendría incidencia sobre más de 7.000 habitantes del corregimiento.
El llamado al Gobierno Nacional
La principal petición de los manifestantes consiste en instalar una mesa pública de diálogo en la que participen el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, la Alcaldía de Santa Marta y todos los sectores sociales de Taganga.
“Queremos una reunión abierta, en la plaza pública, donde las entidades expliquen claramente qué está ocurriendo y cuáles serían las implicaciones reales para el corregimiento. Lo que pedimos es que el proceso se suspenda mientras se escucha a toda la comunidad”, sostuvo el líder comunitario.
Los organizadores insistieron en que su movilización no busca desconocer los derechos de las comunidades indígenas ni oponerse a los mecanismos de reconocimiento previstos en la ley. Su solicitud, afirman, apunta a que cualquier decisión sobre el territorio se tome con información suficiente, transparencia y participación efectiva de todos los habitantes.
El debate, entretanto, sigue abierto. Mientras el proceso administrativo avanza en las entidades competentes, en Taganga crece el reclamo para que el futuro del corregimiento no se defina sin la voz de quienes han construido allí su vida, su patrimonio y su actividad económica.