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Han pasado tres meses y cuatro días desde que el huracán de quinta categoría Iota dividió en dos la historia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los fuertes vientos, que superaron los 60 kilómetros por hora, acabaron con el 98 % de la infraestructura de Providencia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre (Ungrd), tiene reporte de 2.168 familias, para un total de 5.546 personas que resultaron afectadas.
El 17 de noviembre, un día después de la tragedia, el presidente Iván Duque anunció que la meta era un plan de reconstrucción en 100 días para resolver los problemas que quedaron en la isla, especialmente el de vivienda. Dicho plan arrancó solo hasta el 1° de enero de este año. Sin embargo, parece ser que en los 100 días no estará todo listo. El mismo Gobierno, a través de la Ungrd, informó que en el marco del ‘Plan 100’ que ejecutan se tendrán cerca de 1.167 viviendas intervenidas, además se prevé que las viviendas reconstruidas estén terminadas en junio de este año y que el proceso de construcción de las viviendas nuevas esté finalizado en marzo de 2022.
Este proceso de reconstrucción, que tiene un presupuesto asignado de más de $82.000 millones, está a cargo de la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, y del Ministerio de Vivienda, con el apoyo de la Ungrd y su Banco de Materiales.
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“Estamos en esta fase de reconstrucción masiva que empezamos el 1° de febrero y lo que se está realizando es el proceso de demolición con el apoyo del Ejército Nacional, donde más de 400 hombres están ayudándonos a demoler cada una de esas 1.134 viviendas que tuvieron colapso total o que en su defecto quedaron en pie, pero que definitivamente los daños estructurales no nos dejan reconstruirlas”, aseguró en un comunicado Susana Correa, gerente general para la Atención y Reconstrucción del Archipiélago.
No obstante, para la comunidad raizal el Gobierno está “improvisando”, pues no les han mostrado detalles de ese plan de reconstrucción. Josefina Huffington Archbold, presidenta de la veeduría cívica Old Providence, desde diciembre de 2020 viene alzando la voz para que se escuchen a las comunidades. De hecho, interpuso una tutela, que está en manos del Juzgado 02 Penal del Circuito de San Andrés, en contra de la Ungrd, la Gerencia de la Situación de Desastre, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de ser escuchados. Sin embargo, esa tutela fue negada por una jueza de San Andrés y ellos apelaron.
En diálogo con El Espectador habla del proceso y la situación que viven en la isla. “Ante la ausencia de un plan de acción específico por parte del Gobierno Nacional, se tiene poca claridad de la visión general del Gobierno, es difícil hacer la veeduría cuando a menos de tres meses no ha sido firmado un plan con el consejo de ministros, lo que hace pensar que se viene improvisando”, asegura Huffington.
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De acuerdo con la Gobernación de San Andrés, los planes que se vienen adelantando se coordinan directamente con la gerencia, y ellos hacen acompañamiento, a través del consejo departamental del Riesgo y Desastre y donde se constituyen unos puestos de mando unificados que es desde donde se hace el seguimiento.
Bartolomé Taylor, secretario de Planeación de San Andrés, dice que en Providencia se constituyó una veeduría cívica y vienen haciendo un acompañamiento directo con todas las acciones que se adelantan en la isla: “La comunidad ha tenido una participación muy activa dentro del proceso y eso hay que resaltarlo. Se han abierto los espacios. Estoy convencido de que se les ha brindado la participación en los espacios para que puedan ser testigos de todo lo que se está desarrollando desde el nivel nacional y departamental. Ellos han estado en las mesas”.
La presidenta de la veeduría cívica Old Providence habló con El Espectador y contó detalles de lo que se vive en la comunidad, en lo que tienen que ver con incluirlos en el plan de reconstrucción.
¿Cuál es el balance de las obras que adelanta el Gobierno Nacional en Providencia?
Se evidencia una falta de coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, tanto del orden nacional como del municipal. También se evidencia la intención del Gobierno de impulsar proyectos que desde antes del huracán no fueron aprobados en las consultas previas. Un ejemplo es la base de guardacostas que se viene ejecutando. El Gobierno no pudo iniciar la construcción de guardacostas. Sin embargo, aquí todavía tenemos personas para eso. Se inició un proceso de demolición de viviendas sin que las casas que están reconstruyendo hayan sido terminadas, con la gravedad de que las que vienen adelantando no cuentan con la referencia técnica antihuracanes. Otra cosa, demoler los baños y las cisternas, lo que están haciendo en este momento; no solo por el costo de la inversión de una cisterna, sino por los problemas sanitarios que eso nos puede ocasionar en estos momentos.
¿Qué pide el pueblo raizal?
Que nos den la tranquilidad y la seguridad de que ante un episodio similar nuevamente no se pierda la inversión, como ocurrió en 2005, cuando el huracán Z desechó las tejas. Las familias que perdieron sus techos y casas completamente están en alta vulnerabilidad. Están con mucha desconfianza e incertidumbre. Hay miedo a expresarse.
¿Cómo han sido estos meses para ustedes?
Nosotros nos encontramos viviendo el peor momento de nuestra historia. Eso lo tienen que tener en cuenta. No se puede desconocer que ha sido un aprendizaje para el pueblo raizal. Esta generación no había experimentado una experiencia igual. La reactivación económica en este momento es incierta. Se pretende dar inicio al turismo sin estar preparados y esto genera mucha incertidumbre en el sector.
¿Han sido escuchadas sus peticiones para que los hagan partícipes de la reconstrucción?
No. El apoyo de la diáspora raizal no ha contado con el apoyo definitivo de la puesta en marcha del plan de reconstrucción. La diáspora raizal son raizales que se encuentran en archipiélagos de diferentes partes del mundo y se han tomado la iniciativa de unirse para ayudarnos. Construyeron, con cinco arquitectos internacionales con experiencia en huracanes de quinta categoría, ocho modelos de vivienda con referencia sísmica y antisísmica antihuracanes, pero no fueron aceptados por el Gobierno Nacional. Hemos tenido que recurrir a tutelas y derechos de petición para hacer una veeduría eficiente.
¿En qué quedó la tutela que el 16 de diciembre, a través de la veeduría cívica Old Providence, ustedes radicaron para exigir que se tuvieran en cuenta y ser partícipes de la reconstrucción?
Esa tutela le negó la jueza de San Andrés. Hubo mucha gente en contra de ella. Nosotros apelamos dicha tutela ante el Tribunal de San Andrés, pero aún no se han pronunciado.
¿Se reunieron en algún momento con el Gobierno?
Al principio había reuniones, pero muchos desistimos porque no vamos a formar parte de las cosas que van en contravía de nosotros. Yo soy raizal, conozco mi propia historia. Mientras que Colombia terminó de colonizar San Andrés y de acabar con ella, nosotros tomamos como ejemplo que nuestra lucha empezó hace 40 años. Estuve en la mesa sísmica como veeduría y en ese proceso me di cuenta de que esos términos no estaban incluidos. Hemos venido insistiendo y no hay respuesta.
¿Qué necesidades tienen actualmente en Providencia?
La comunidad está tan desesperada, que está dispuesta a recibir lo que les entreguen con tal de salir de la zozobra. Las necesidades en este momento es que los actores de Providencia se sienten en la mesa con el Gobierno. No podemos ayudar si no conocemos el plan del Gobierno. No sabemos cuánto vale cada casa, no se sabe nada. Cada día aparecen más sorpresas y necesitamos que se pongan de acuerdo y pongan en la mesa el plan de acción específico.
¿Han sido escuchadas sus peticiones sobre la importancia del valor cultural y ancestral?
Pedimos que respeten nuestras decisiones como comunidad étnica ancestral, dueños de un territorio que es el de Providencia y Santa Catalina. Que respeten nuestro esquema de ordenamiento territorial sin vulnerar las leyes que nos protegen. En el esquema territorial está contemplado que Providencia es Patrimonio Cultural y Paisajístico del Pueblo Raizal Ancestral y en el cual se prohíben las urbanizaciones. Entonces, lo que pedimos es que la isla no se construya con un prototipo de vivienda violando ese esquema (...). Si las cosas no se hacen bien, estaríamos expuestos a enfrentar nuevamente una categoría cinco, es decir, para el resto de nuestra existencia seguiremos siendo vulnerables.
¿Qué le dicen al Gobierno frente a ese tema?
El Gobierno tiene la oportunidad histórica de pagar la deuda que tienen con el pueblo raizal. Esa deuda se llama la pérdida de la costa de Mosquito en el 1933 que Colombia le cedió a Nicaragua. Nuevamente en 2013, la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de agua marítimas ancestrales nuestras que quedaron en manos de Nicaragua con el fallo de La Haya. Estaban en disputa los dos países por algo que no les pertenece. Colombia perdió por haber invisibilizado al pueblo raizal en las pretensiones de las disputas. Ellos jamás podrán pagar eso. Entonces este es el momento en el que el Estado colombiano debe comenzar a pagarnos las compensaciones por habernos invisibilizados.