5 May 2014 - 11:20 a. m.

'Están invirtiendo desde Bolivia y Panamá'

Ricardo Cifuentes, exsecretario de gobierno de Santander de Quilichao, es quizá el único funcionario en Colombia desplazado de su cargo y de su tierra por perseguir la minería ilegal y buscar sus nexos.

Edinson Bolaños

El último operativo que realizó Ricardo Cifuentes como secretario de Gobierno de Santander de Quilichao, fue el 6 de diciembre de 2013. Lo hizo en la mina de San Antonio, la misma donde la semana pasada ocurrió la tragedia que hoy deja como saldo 10 personas muertas y un sinnúmero de desaparecidas.

Llegó con 15 unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros a incautar la maquinaria que trabajaba ilegalmente muy cerca al río Teta. Sin embargo, eso no fue impedimento para que fuera pateado, ultrajado y mancillado por los mineros de la zona, que finalmente se resignaron a ver cómo se llevaban cinco de sus máquinas a la Fiscalía de Santander.

Alcanzó a realizar cuatro operativos en 2013. Del último, que se realizó el pasado 25 de febrero, dice que ni siquiera se enteró. Más de doscientos uniformados, entre policía y ejército, ingresaron a las 4 de la mañana a otra mina de la vereda San Antonio e incautaron 12 retroexcavadoras que fueron sacadas por delegados de la Fiscalía de Bogotá, quienes coordinaron el operativo.

Pero mientras eso ocurría en la mina, al teléfono de Cifuentes empezaron a llamar para decirle que era hombre muerto. Aunque eso ya lo había escuchado varias veces, la llamada definitiva sería la de la Fiscalía: “alias El Gollo y El Paisa, dos sicarios de Cali, van por usted y su familia, doctor”, le aseguró el funcionario de manera tajante.

Ese mismo día guardó los documentos de la oficina, salió hacia su casa y se marchó con la esperanza de regresar al cargo. Sin embargo, pasaron los días y la diligencia con la Unidad Nacional de Protección para garantizar su seguridad (ver recuadro), fue infructuosa. Ésa oficina, asegura Cifuentes, le negó cualquier mecanismo de protección y por eso decidió renunciar y abandonar su pueblo. Buscó refugio en Cali, y finalmente llegó a Popayán donde hoy trabaja como asesor en la Gobernación del Cauca.

El jueves pasado, mientras las retroexcavadoras prendían las luces artificiales para trabajar toda la noche en busca de los cuerpos que no encontraron de día, me lo encontré en la mina. Parado al borde de una peña desde donde miraba el nuevo camposanto. Acompañado de los escoltas del gobernador, volvió a San Antonio para ver cómo las máquinas ya no buscaban oro con tal intensidad, sino unos cuerpos que ellas mismas sepultaron.

¿Quiénes son los responsables de esta tragedia?

En su momento manifesté que había que empezar por preguntar si ocho nombres que hay en una relación de la Agencia Nacional Minera, de personas que habían solicitado legalizar la actividad, son los responsables de lo que está sucediendo. Pasa que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe dictó que se podía hacer una solicitud a la agencia minera para iniciar la formalización, que se podía demorar dos o tres años. Sin embargo, eso no quería decir que quienes habían solicitado la autorización tuvieran que esperar ese tiempo para iniciar los trabajos, no, la disposición decía: “vayan trabajando mientras vemos si autorizamos”. Yo incluso en un consejo de seguridad dije que esto se parecía a la época de la Independencia cuando el virrey Sámano decía: “vayan colocando a los granadinos frente a los fusiles” y alguien le dijo “señor virrey, las autorizaciones de España no han llegado” a lo que el jerarca contestó: “vayan fusilándolos mientras llegan las autorizaciones”.

¿Los ocho nombres quiénes son?

No recuerdo en este momento. Están ahí en los oficios que tiene la Secretaría de Gobierno, pero insisto en que debe indagarse dónde están esas personas. Mire, en las averiguaciones que logré hacer, me enteré que algunos de ellos ordenan desde Bolivia y Panamá y son los que están invirtiendo recursos en esta zona.

¿Cuántos operativos alcanzó a realizar en Santander y qué encontró?

Hice presencia en cuatro operativos, ordenamos la suspensión de la actividad con maquinaria, pero cuando regresamos, la actividad minera había avanzado intensivamente. Nosotros hicimos todos los llamados al Gobierno nacional; dijimos ahí está el decreto 2235 que ordena la destrucción de la maquinaria que esté desarrollando actividad minera ilegal; eso no se pudo porque decían y ¿quién da la orden?

¿La maquinaria incautada era regresada a los mineros?

En algunas oportunidades se venía a hacer el operativo y ante la imposibilidad de que el gobierno municipal pudiera disponer de 20 camas bajas para sacar la maquinaria de aquí, entonces los operativos terminaban infructuosamente. En el último operativo (25 de febrero) se sacaron de aquí 12 máquinas, sin embargo, al área urbana de Santander de Quilichao solamente llegaron 8 que a las 11 de la noche ordenaron su devolución. ¿Quién lo ordenó?, hasta ahora me lo estoy preguntando.

¿Qué cantidades de oro pueden salir de estas minas?

De eso no tenemos cifras. Pero de acuerdo a la exploración que hizo la multinacional AngloGold Ashanti, se señala que esta es una zona de gran cantidad de producción de oro, incluso, dicen que es una beta que conecta con los municipios de Suárez y Buenos Aires.

Fue golpeado en diciembre y siguió persistiendo. ¿Por qué lo hizo?

En el mes de diciembre me ofrecieron dinero los responsables de la mina de San Antonio. Me dicen que había 12 personas que manifestaron estar en condiciones de darme cada una 20 millones de pesos para que me quedara callado y les colaborara, y cuando les manifesté que no era un funcionario que vendía mi conciencia, fue cuando dijeron que me iban a cambiar la plata por plomo. Ahí contrataron a los dos sicarios para asesinarme.

¿Hay corrupción o complicidad de alguien para que puedan pasar las máquinas y el combustible por la vía panamericana?

En muchos consejos de seguridad les dije a los comandantes del batallón Pichincha y de la policía Santander: “Quiero que se preocupen por una situación, los comentarios que se hacen en la zona minera es que ahí va la policía a cobrar algún tipo de dinero para permitir el ingreso de maquinaria y de combustible”. Les pedí que activaran los organismos de control internos de las instituciones a fin de detectar quiénes son los que estaban permitiendo eso, porque evidentemente las máquinas no se entraron aerotransportadas; entraron rodando, incluso, haciendo sus propias carreteras, esas no existían hasta cuando la actividad minera ingresó con la maquinaria aquí. Todo mundo vio pero nadie impidió.

¿Quiénes son los dueños de estos predios?

Por ser gente de mucha pobreza, llegaron a comprarles o a alquilarles los terrenos, y no en pocos casos se tiene conocimiento de que algunas personas que se negaron a que su tierra se utilizara para la actividad minera, fueron amenazadas.

¿Usted se considera un desplazado de la minería ilegal?

A mí me tocó renunciar al cargo e irme de Santander de Quilichao, porque no tenía las garantías para seguir en esta lucha. La respuesta que recibí de la Unidad Nacional de Protección es que no podían protegerme, porque esas medidas sólo eran para alcaldes y gobernadores, a pesar de que yo había denunciado que en esta actividad minera están involucrados la guerrilla, las Bacrim y el narcotráfico.

‘No rechazamos solicitud’: Villamizar

El Espectador consultó al director general de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, sobre las afirmaciones del exsecretario de Gobierno de Santander de Quilichao, Ricardo Cifuentes, quien tras recibir amenazas solicitó asistencia de esta entidad que, dice, fue negada.

Villamizar aclaró que la solicitud de medida de seguridad hecha por Cifuentes no fue rechazada. Explicó que “luego de que él denunciara las amenazas, renunció al cargo de secretario de Gobierno y se fue a trabajar a la Gobernación. La situación de riesgo no es la misma siendo secretario de Gobierno de Santander de Quilichao, que siendo asesor de la Gobernación en Popayán”.

La semana próxima la entidad decidirá, luego de ponderar el riesgo, si da o no protección a Cifuentes.

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