Esteban Mosquera Iglesias fue asesinado en la tarde del lunes 23 de agosto en el barrio La Pamba, en Popayán (Cauca). Su nombre era ampliamente conocido en la escena local, pues se trataba de un joven de 26 años, estudiante de música instrumental de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca (Unicauca), que desde hace varios años lideraba la lucha en defensa de la educación pública y, sobre todo, contra la violencia y el uso excesivo de la fuerza del Estado. Una tarea que emprendió luego de que el 13 de diciembre de 2018 perdiera un ojo tras recibir un impacto con un proyectil lacrimógeno lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios durante una movilización en la capital caucana.
Su caso, un poco solitario en principio, comenzó a sumar más víctimas a medida que la protesta social tomaba fuerza y se formaba en las distintas ciudades del país. Solo en las manifestaciones del paro nacional de 2021 -que iniciaron el 28 de abril-, 90 personas fueron víctimas de violencia ocular en el país, nueve de ellas en Popayán, según Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
“Esteban decía que hay que estar siempre en pie de lucha. Siempre con alegría, con energía, con música, con arte, con cultura, con todas las expresiones luchando, y pues aquí vamos”, recordó Kevin, uno de sus amigos cercanos. Y añadió: “Fue un niño que nació en cuna noble, era de los Mosquera de Popayán. Decía que de pequeño no sabía lo que era el hambre, que pensaba que la gente no comía porque no quería. No sabía lo que era el pueblo. Pero cuando llegó a la Universidad del Valle empezó a estudiar y descubrió que hay otras realidades. Entonces empezó a trabajar con las comunidades, como periodista, como defensor de derechos humanos. Trabajó con Contra Portada por hablar desde la otra cara, la otra voz. Al ser Mosquera y tener ese apellido, muchas personas de su familia le dieron la espalda solo porque él no era indiferente con el dolor de la ciudad, con el dolor de la gente”.
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El asesinato del líder juvenil dejó un sinsabor entre quienes lideran procesos organizativos en la región y han acompañado de cerca las distintas expresiones en medio de las movilizaciones de los últimos dos años que, además, han estado marcadas por decenas de denuncias de ataques y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. “Hay una fuerte tensión, un sentimiento de indignación y de rechazo generalizado por la muerte de Esteban, quien era una víctima reconocida de la violencia estatal de las movilizaciones estudiantes. Él también se había hecho partícipe de la movilización en el marco del paro nacional en este último año. Se destacaba como un integrante de procesos comunicativo porque hacían reportajes de las movilizaciones. El sentimiento es de absoluto estupor con esto que ha pasado, porque era un joven reconocido por su universidad y compañeros y amigos como un buen ser humano que no se metía con nadie y tenía mucho que aportar a la sociedad caucana”, afirmó Lizeth Montero, defensora de derechos humanos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano.
Tras conocerse el asesinato de Mosquera, la Universidad del Cauca dio una declaratoria de duelo y suspendió actividades desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de agosto. “En este lapso, la comunidad universitaria abrirá espacios de reflexión frente a lo acontecido, en la reafirmación del rechazo a la violencia que sega la vida de nuestros líderes juveniles”, señaló la institución. Asimismo, hizo una convocatoria para una velatón que se realizará en la Plazoleta Santo Domingo este miércoles 25 de agosto, a las 6:00 p.m.
El asesinato del joven aún es materia de investigación, pero de momento se sabe que fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que le dispararon en varias ocasiones, en momentos que se encontraba afuera de su casa. El presidente Iván Duque rechazó el hecho y ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que ayude a las autoridades con la captura de los responsables.
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“Tenemos ya en Popayán la presencia de dos grupos élites de investigación enviados desde Bogotá por la Fiscalía General de la Nación y por la Policía. Celebramos que tengamos una recompensa ofrecida directamente por el presidente para quien ofrezca información que nos ayude a dar con los responsables”, declaró Juan Carlos López Castrillón, alcalde de Popayán, tras el consejo de seguridad realizado este martes. El mandatario local explicó que se ha revisado la base de datos de personas que reportan amenazas y “en ninguno de los organismos de Estado se encuentra un reporte del joven Esteban Moquera como amenazado recientemente. Nosotros queremos que este hecho se esclarezca lo más pronto posible y les hemos pedido a los organismos del Estado para que aceleren la investigación”.
Sin embargo, Leonardo González insiste en que Mosquera sí había recibido amenazas. “El contexto de la muerte de él es que era una persona que fue violentada en 2018 y que recibió amenazas y las ha estado recibiendo durante el paro. Están asesinando a los líderes por querer golpear la movilización, a las organizaciones sociales y los proyectos de las comunidades. Eso es absolutamente sistemático. Solo este año en el departamento del Cauca van 14 personas asesinadas, contando a Esteban”.
Kevin también sostiene que Esteban había recibido amenazas luego de que perdiera el ojo a finales de 2018 y principios de 2019: “Le aparecían gatos muertos en la casa, estuvo en un panfleto de las Águilas Negras. Hay mucha gente con poder de Popayán que buscaba que él cayera por cualquier lado, por cualquier estigma”.
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En la región hay varios líderes y defensores amenazados que aseguran no tener garantías de seguridad para realizar su labor. “En los municipios los jóvenes que están haciendo liderazgo no tenemos ninguna garantía para ejercer nuestra lucha, y si no están seguros los compañeros que están en la ciudad, menos los que estamos en el terreno. No hay seguridad, lo único que uno puede hacer es no salir de noche, que la gente de las reuniones sea de confianza. Pero de resto no tenemos ningún tipo de garantías”, afirmó Luis*, líder social del departamento.
El riesgo que corren quienes trabajan en labores de defensa de derechos humanos es mayor si se tiene en cuenta que la radiografía de la violencia en el departamento está trazada por la disputa territorial de estructuras que van desde grupos de disidencia de las Farc hasta grupos del Eln, crimen organizado al servicio del narcotráfico y fuerzas residuales del paramilitarismo. “La gran mayoría de los negocios para lavar dinero se hacen en Popayán, por eso se ha convertido en un territorio propicio para el lavado de activos desde hace algunos años, y eso es lo que está en disputa. Tanto el dinero del narcotráfico como el de la minería ilegal. Hay una macrocriminalidad donde los grupos armados son parte de algo mucho más grande, en el que también están los negocios legales, ilegales y la política”, explicó González.
Pese a que el homicidio de Esteban Mosquera es un golpe para las organizaciones sociales, también es claro que el departamento tiene una larga historia de movilización y resistencia, que además ha sido contundente en las últimas jornadas de protesta que se han realizado en el país. En medio del temor que ronda por las calles de la ciudad, está la expectativa de lo que pueda ser la marcha que fue convocada por el Comité Nacional del Paro para este 26 de agosto.
*El nombre fue cambiado por petición de la fuente.