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La misión, que hoy dio una rueda de prensa para explicar los avances conseguidos, entrevistó en dependencias de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos a dieciséis exmiembros de la UP que en los años 80 y 90 marcharon al exilio y actualmente viven en seis países (España, Portugal, Noruega, Bélgica, Suecia y Suiza).
"Hemos escuchado unas historias sumamente conmovedoras y dolorosas, ellos tienen mucha valentía de venir a compartirlas con nosotros y abrigan la esperanza de que se conozca la verdad de lo que les paso y se reconozca que no tuvo ninguna justificación", destacó a la agencia Efe la jueza Catalina Díaz, miembro de la JEP.
Varios miles de miembros de la UP, partido surgido en el marco de negociaciones de paz en la década de los 80 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, fueron asesinados y perseguidos en Colombia y cientos de ellos huyeron al exilio. Fueron parte de una diáspora de más de 400.000 exiliados, en 40 años de conflicto.
"Algunos regresaron a Colombia, pero otros siguen teniendo miedo a hacerlo", explicó Díaz, quien señaló que una misión similar viajó recientemente a Canadá para entrevistar a otros exiliados y una tercera se desplazará a Argentina antes de final de año.
La magistrada indicó que en el curso de las investigaciones unos 70 miembros del ejército y otras fuerzas del Estado han accedido a participar en el proceso iniciado por la JEP y denunciar o confesar presuntos ataques a miembros de Unión Patriótica.
"Habrá una investigación muy rigurosa con la mayor debida diligencia", destacó la jueza, quien puntualizó que el ocultamiento de crímenes en este proceso que encabezan la JEP y la Comisión de la Verdad puede ser penado con hasta 20 años de prisión.
En Ginebra, la Comisión y la JEP han recogido 16 informes orales y testimonios en profundidad de víctimas y sobrevivientes de España, Portugal, Suiza, Bélgica, Grecia, Suecia y Noruega, que dan cuenta de los hechos, el contexto, las consecuencias e impactos, así como las demandas de las víctimas respecto la verdad y la justicia.
"Las víctimas en el exilio son un grupo bastante olvidado e invisibilizado", lamentó Díaz, quien consideró que esta investigación "es una oportunidad para que Colombia las reconozca y pueda tomar como sociedad las decisiones necesarias para que eso nunca se repita".
Entre los exiliados que entrevistó esta semana la misión colombiana se encuentra Gustavo Figueroa, antiguo dirigente de la UP en Cerrito (Valle del Cauca), quien huyó de la persecución que sufría en Colombia y ha vivido veintinueve años en el exilio en Suecia.
"Creíamos que una nueva democracia era posible en Colombia a través de ese movimiento, pero fuimos un poco ingenuos en creerlo posible dentro de un marco de un régimen antidemócratico", comentó en declaraciones a Efe.
Figueroa, que sufrió un atentado en 1990 y vio cómo dos de sus compañeros en la UP local eran asesinados, espera que su testimonio ante la Comisión de la Verdad y la JEP ayude a "establecer las bases para eventualmente elaborar una condena oficial contra el Estado colombiano".
"No solo nos ha afectado a nosotros directamente, sino también a nuestras familias", dijo, y reconoció: "Incluso mis hijos, que nacieron en Suecia, tenían muchísimo miedo de que viniera a Ginebra a dar este testimonio".
Además de trabajar con las víctimas en el exilio, desde 2018, la Comisión de la Verdad está llevando un proceso de escucha a las víctimas de la UP en departamentos como Norte de Santander, Caquetá, Antioquia y Valle del Cauca. La JEP, por su parte, tiene entre sus casos priorizados el 06: ‘Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado’, abierto el pasado 26 de febrero.