En horas de la tarde del sábado 21 de marzo de 2015, varias tropas del Ejército Nacional y la Policía antinarcóticos desembarcaron en helicópteros del Ejército Nacional en la vereda La Mina, jurisdicción del Municipio de Buenaventura del Valle del Cauca. Al día siguiente, el 22 de marzo, en horas de la mañana arribaron cuatro helicópteros más a la vereda El Placer jurisdicción del municipio de Buenos Aires - Cauca, completando un número de trescientos miembros de la fuerza pública fuertemente armados en el sector.
Por tal motivo, los indígenas y la población afrodescendiente que habita el territorio del Alto Naya dice sentirse preocupada ante la inusual militarización de sus territorios ancestrales, puesto que según ellos se pueden provocar enfrentamientos armados con la insurgencia.
En una carta enviada el pasado domingo por una comunera del Alto Naya a la Corporación Justicia y Dignidad, se evidencia la preocupación de los habitantes de la zona ante lo que, dicen, podría ser una nueva ocupación como la ocurrida en 2001.
"el territorio del alto naya se encuentra en una situacion porque desde el dia de ayer ingreso la fuerza publica y policias antinarcoticos que descargaron los elicopteros en la vereda la mina juridicion del muicipio de buenavetura y el dia de hoy cuatro elicopteros mas descargaron maquinaria pesada el la vera el placer municipio de buenos aires. Le solicitamos estar muy alertas pues las comuniidades que habitan esta region temen por sus vidas ya que en el año del 2001 cuando fue la masacre perpetuada por las autodefenzas auc bloque calima la fuerza publica custodio la entrada de ellos. Solicito que ustedes agan la devida denuncia ante la opinino publica y ante naciones unidas por la suerte que puedan correr estas comunidades Gracias” [SIC], indica la misiva enviada por la comunidad y difundida por la Corporación.
Así mismo, las colectividades Pueblos en Camino y Justicia y Dignidad manifestaron que de tratarse de un operativo legal para erradicar cultivos de uso ilícito por vía terrestre o aérea, las autoridades debieron haber concertado la consulta respectiva con las comunidades negras e indígenas que habitan la zona. Esto con el fin de adoptar medidas para proteger a la comunidad y garantizar la vigencia de sus derechos a la vida e integridad personal.
‘‘Hacemos un llamado a la Fuerza Pública para que respeten los derechos de los habitantes ancestrales del territorio del Alto Naya, así mismo para que no pongan en riesgo ni atenten contra su vida e integridad personal. Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para que realicen una misión de verificación inmediata y brinden el acompañamiento necesario en la zona para evitar daños irreparables en las Comunidades’’, puntualizó la vocería de Pueblos en Camino.