23 Jan 2010 - 9:00 p. m.

Fiscalía no le cree del todo a ‘Rasguño’

Contradicciones y vacíos en su declaración hacen dudar a la justicia de la versión que entregó el capo desde Estados Unidos hace 10 días.

María del Rosario Arrázola

Escarbar hasta la saciedad todos los cabos sueltos que trabó con la mafia el controvertido coronel de la Policía Danilo González; revisar el contexto histórico de las reuniones entre Juan Manuel Santos, Álvaro Leya Durán y el jefe paramilitar Carlos Castaño; averiguar todas las órdenes de operaciones y de inteligencia de la desaparecida Brigada XX, la XIII y el batallón Cazadores con sede en Bucaramanga; o explorar los nexos entre el atentando al abogado Antonio José Cancino, el secuestro de Juan Carlos Gaviria —hermano del ex presidente César Gaviria— e incluso el asesinato del general Fernando Landazábal, como una cadena de acontecimientos de los estragos políticos derivados del Proceso 8.000.

Fueron éstas las órdenes que la cúpula de la Fiscalía impartió esta semana a los investigadores que tratan de aclarar el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado en la mañana del 2 de noviembre de 1995. Un expediente que lleva 15 años de tumbo en tumbo, alimentado más por los rumores que por las certezas, donde cada vez que avanza la investigación cualquiera de los protagonistas señalados se escampa bajo el paraguas de siempre: que están desviando el proceso; que tiene en la tramoya un ingrediente político cruzado y en el cual los acusadores son narcos confesos o ex ministros sin mucha credibilidad.

Ahora el bombo mediático se concentra en la declaración que el capo Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, le entregó a la justicia. En esencia lo que dice es que el ex presidente Ernesto Samper y Horacio Serpa instigaron el magnicidio, y que “para hacerles un favor a los políticos”, el triunvirato conformado por Orlando Henao, Carlos Castaño y Danilo González maquinó el crimen que habría sido ejecutado por dos suboficiales de la Policía. De acuerdo con su relato, Henao, conocido como El hombre del overol, tuvo información que le habría sido entregada por supuestos amigos del gobierno en el sentido de que se fraguaba un golpe de Estado y que el hombre que encarnaba ese propósito era Álvaro Gómez.

Corría el mes de noviembre de 1995, las autodefensas de Carlos Castaño en alianza con los capos del cartel del Norte del Valle cobraban relevancia a la sombra mientras los hermanos Rodríguez Orejuela estaban tras las rejas. El narcoescándalo sumía en desprestigio a Ernesto Samper y su gobierno, su ex ministro Fernando Botero Zea ya estaba en prisión y no había noticia alguna que eclipsara la tormenta judicial de la Casa de Nariño. Por eso, según confesó Botero Zea, el Ejecutivo necesitaba con urgencia “un hecho que estremeciera al país” y que oxigenara la institucionalidad; y contó que Samper temía que la estatura política de Gómez Hurtado terminara en un golpe. Su asesinato “fue un crimen de Estado”, dijo.

Sin embargo, ni el testimonio de Botero, ni mucho menos el de Rasguño, generan confianza en la Fiscalía. De hecho, fuentes cercanas a la investigación temen que el expediente vuelva a manosearse y advirtieron que indagarán quiénes visitaron al capo en la cárcel de Estados Unidos en el último año. Pero además, no les parece muy creíble la versión según la cual fueron miembros de la Policía, y no del Ejército, los que habrían planeado el magnicidio. Desde el inicio de las pesquisas la teoría de militares involucrados ha sido la más sustentada, aunque el único oficial de alto rango que fue acusado por estos hechos, el coronel Bernardo Ruiz Silva, fue absuelto por la justicia.

Por ahora, la Fiscalía descarta cualquier vinculación formal al expediente de Ernesto Samper o de Horacio Serpa —quienes niegan con vehemencia la versión de Rasguño—. En principio, los investigadores consideran que Rasguño está metiendo en una misma colada al cartel de Cali, al del Norte del Valle, las autodefensas, los políticos que se beneficiaron y los uniformados corruptos que participaron de sus organizaciones. Tampoco comprenden por qué Rasguño, según divulgó esta semana La FM, aseguró que como contraprestación por el crimen se tumbaría la figura de la extradición hacia los Estados Unidos y que los narcos sólo debían poner los abogados y meter el proyecto en el Congreso mientras los parlamentarios allegados le daban el trámite.

La explicación es sencillamente absurda, según los investigadores, pues en 1995 la Constitución prohibía la extradición y sólo hasta diciembre de 1997 este mecanismo jurídico fue reactivado. Precisamente con Samper como presidente. ¿Puede entonces revisarse la famosa teoría de los conspiretas? El propio Samper, en su libro Aquí estoy y aquí me quedo, escribió que jamás Álvaro Gómez Hurtado se habría prestado para dar un golpe, que él la semana siguiente al crimen tenía programado un encuentro en el que seguramente iba a echar al agua a los políticos y militares que andaban con esa idea y que precisamente por eso firmó su sentencia de muerte.

La Fiscalía está decidida a explorar todos los cabos sueltos de este magnicidio y de otros crímenes conexos que parecen tener un mismo móvil y unos ejecutores en común. Por ejemplo, mes y medio antes del asesinato de Gómez Hurtado, sicarios atentaron contra el abogado del presidente Samper, Antonio José Cancino. El jurista se salvó, pero este caso fue insuficientemente investigado. En corrillos judiciales siempre conectaron este atentado con el magnicidio de Gómez Hurtado, sin embargo nadie se ocupó de indagar esta tesis, así como los móviles del secuestro de Juan Carlos Gaviria en 1996, cometido por el grupo Jega.

Tampoco quiere ser ajena la Fiscalía al contexto de episodios que se tejieron por detractores del gobierno Samper y en los cuales hubo encuentros con grupos al margen de la ley. El propio Salvatore Mancuso reconoció ante un fiscal que sostuvo dos reuniones con Juan Manuel Santos y Carlos Castaño en las que se trató el tema de un eventual golpe contra Samper, declaración que causó roncha en el entonces ministro de Defensa, que lo tildó de criminal y mentiroso. De cualquier manera, sean militares o policías, instigadores del gobierno Samper o los llamados conspiretas, lo cierto es que el tema del golpe de Estado sigue girando en torno al crimen de Gómez Hurtado.

Es que Colombia, entre septiembre y noviembre de 1995, era un mar de noticias: el tesorero de la campaña Samper Presidente, Santiago Medina, prendió su ventilador; Guillermo Pallomari, contador del cartel de Cali, se entregó a la DEA; Ernesto Samper declaró durante nueve horas ante la Comisión de Acusación; el alto gobierno empezó a hablar de un complot; Antonio José Cancino sufrió un atentado; el vicefiscal Adolfo Salamanca dijo que a la campaña liberal entraron dineros calientes; se conocieron grabaciones de la DEA en las que se interpretaron conspiraciones contra el Ejecutivo, Fernando Botero ya estaba en prisión y, de colofón, asesinaron a Álvaro Gómez.

Todos estos hechos y los que le siguieron serán rastreados por la Fiscalía. Por ahora, la conclusión parece una sola: Rasguño no dice toda la verdad.

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