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Más de la mitad del Concejo de Florencia (Caquetá), la alcaldesa del municipio, María Susana Portela; su esposo, Diego Luis Rojas y la secretaria de Hacienda, Nancy Barreto, amanecieron tras las rejas por un presunto escándalo de corrupción. Según la Fiscalía, se trataría de un pago de más de $800 millones en sobornos para que los cabildantes aprobaran un acuerdo de endeudamiento a favor de la Alcaldía que superaba su capacidad financiera.
El ente investigador les imputará los delitos de cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato, falsedad ideológica de documento público y enriquecimiento ilícito, pues se presume que buscaban apropiarse de recursos públicos a cambio de aprobar una decisión que pudo haber puesto en graves problemas la situación financiera de la capital caquetense.
En las pesquisas se evidenció que, al parecer, la alcaldesa Portela, electa por el partido de La U, presentó en el Concejo un proyecto que elevaría la capacidad de endeudamiento de Florencia a $20.000 millones. Un monto a todas luces improcedente, que doblaba la deuda actual del municipio y que, incluso, había sido descartado en un principio por la secretaria de Hacienda, quien terminó implicada en el escándalo.
Fuentes consultadas precisaron que la alcaldesa pretendía utilizar el dinero para mejorar la desgastada malla vial del municipio, con el fin de dejar algún “legado” y de paso mejorar la mala imagen de su administración municipal. El panorama político para Portela era hostil, tanto que comerciantes y otros sectores de la ciudadanía intentaron fallidamente revocarle el mandato a la dirigente, quien llegó a la alcaldía luego de pasar por el Concejo y la Asamblea departamental.
Analistas políticos de la región aseguraron que a la alcaldesa le había ido tan mal que incluso su cercanía con el exrepresentante a la Cámara y líder natural de La U en el Caquetá, Luis Antonio Serrano, le costó a este último su reelección en el Congreso. Agregaron que el dirigente optó por distanciarse de Portela y aspirar a la Gobernación.
La polémica por la entrega de sobornos comenzó cuando Portela intentaba que los concejales de Florencia le aprobaran el proyecto de endeudamiento. Junto a algunos de sus subalternos y su esposo —exdirectivo del Sena y profesor universitario—, quien sería el verdadero poder en la sombra en la Alcaldía, acordaron pagos de coimas para cabildantes de su coalición.
Según las pesquisas de la Fiscalía, la repartición de los dineros se planeó así: en primer lugar, Germán Morales, asesor de la alcaldesa, le entregó $200 millones a los jefes de bancada de los partidos de La U, Verde, Liberal y Cambio Radical antes de la radicación del proyecto; luego se dio una segunda entrega, por la misma suma, en el momento de la aprobación del acuerdo; y finalmente, se dieron otros $400 millones después de la aprobación del desembolso del crédito.
Todo salió a pedir de boca hasta que la gobernadora de Caquetá, Martha Liliana Valencia, del Movimiento MIRA, rival política de la alcaldesa, no le dio el visto bueno al acuerdo. A su vez, la Contraloría se manifestó en contra de un endeudamiento de tal magnitud, improcedente para un municipio que ya debía $13.000 millones. Ahí comenzaron a aparecer en el radar de las autoridades la alcaldesa y los concejales.
El acuerdo municipal fue demandado y tumbado por un juez, pero quienes estaban detrás del proyecto, según la Fiscalía, no se quedaron con los brazos cruzados e intentaron, con un nuevo soborno, evitar que el acuerdo se declarara ilegal.
La Fiscalía empezó sus indagaciones, en las que, al parecer, ha sido clave el expresidente del Concejo, Harold Ríos, involucrado en el caso y quien buscaría beneficios por parte de la Fiscalía. Además, según los investigadores, desde el momento de la captura, varios de los retenidos han anunciado que cooperarán con la justicia. “Fue una investigación en tiempo récord ya que en menos de dos meses se logró armar el rompecabezas. Es tan contundente y sólida la investigación que varios de los implicados han aceptado cargos y quieren colaborar con la justicia. Es una primera fase ya que se investigan otros actos de corrupción”, declaró el director de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, Mario Montes.
Este no es el primer problema judicial de la alcaldesa, quien estuvo capturada en 2014 ante la presunción de irregularidades de su parte en la adjudicación de contratos para la construcción de viviendas de interés social. Pero un juez de garantías la dejó libre. Su esposo también había sido detenido antes, aunque recuperó la libertad a comienzos de este año. El lío fue que supuestamente ofreció un soborno para que la Fiscalía archivara la investigación contra su esposa.
El proceso apenas comienza y sume en una crisis política a un departamento que se encuentra polarizado entre los dirigentes del Movimiento MIRA y los de la Unidad Nacional, que dominan la Gobernación y la Alcaldía de Florencia, respectivamente.
“Es una situación lamentable para el municipio de Florencia. Este tema puede tener relación con una persecución política. La justicia debe encargarse de la investigación y de que haya garantías”, le dijo a El Espectador Deiby Madrigal, presidente de la Asamblea de Caquetá.
Por ahora, Florencia entró en un periodo de interinidad a causa de los problemas por supuesta corrupción. Mientras algunos alegan que podría tratarse de persecución política, otros advierten que se trata de una purga al interior de la administración pública en Caquetá.