El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, anunció la derogación del decreto que daba vía libre a la tasa de seguridad que se comenzaría a cobrar a los estratos más altos y a las industrias para financiar proyectos como la modernización de los sistemas de vigilancia.
Lea: Troncal del Café completa más de 30 horas bloqueada por camioneros en Amagá
El mandatario indicó que entre las razones para desistir de la controvertida tasa está el proyecto de Ley de Financiamiento que el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso el pasado lunes primero de septiembre. “En Santander entendemos que este momento exige prudencia, responsabilidad y empatía con quienes generan empleo, producen y contribuyen al desarrollo del departamento. Por eso, hemos tomado la decisión de derogar la Tasa de Seguridad”.
Aunque el mandatario señaló que ya no se hará el cobro, que se incluiría en el recibo de la energía, para respaldar a la economía local, sí se buscarán alternativas para sacar adelante los proyectos que se iban a financiar con el impuesto, como el Centro de Gestión de Riesgo y Seguridad (CEGES).
Entre estos, se estudian mecanismos como aportes voluntarios de la ciudadanía a través del Fondocuenta. “Nuestros empresarios, comerciantes y ciudadanos ya han manifestado su solidaridad y su intención de hacer lo que sea necesario para que estos proyectos de seguridad se hagan realidad”, añadió Díaz.
Le puede interesar: Trapecista del circo Hermanos Gasca cayó en medio de show; dieron parte de salud
Tras el anuncio del gobernador, el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño (Alianza Verde), quien se ha opuesto al cobro de la tasa y ha liderado acciones judiciales en su contra, aseguró que los argumentos de Juvenal Díaz no son convincentes.
“Yo no creo que esa sea la razón real. La reforma apenas empieza trámite en el Congreso, no tiene ambiente político y aún le esperan varios debates. Lo que ocurrió es que el gobernador se arrepintió porque se dio cuenta de las inconveniencias económicas, los vicios de procedimiento y los errores en la aprobación de esa ordenanza”, dijo el congresista en un video compartido en sus redes sociales.
Por su parte, el director ejecutivo de Prosantander, Juan Pablo Remolina, celebró la decisión y la calificó como sensata. “En este momento la carga tributaria es muy alta para los empresarios y para la ciudadanía en general, sobre todo en un escenario donde no hay crecimiento económico, no hay inversión y los indicadores de crecimiento son muy bajos”.
La tasa de seguridad emula a una iniciativa similar que se aplica en Antioquia. Fue aprobada por la Asamblea de Santander en abril de este año y suspendida por el Tribunal Administrativo de Santander, tras aceptar una demanda de nulidad.
El cobro se iba a aplicar a los estratos 4, 5 y 6, así como a las propiedades comerciales, industriales y oficiales, que debían aportar alrededor de 0.1331 % de la UVT por cada kilovatio de energía registrado cada mes.