La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, denunció que ella y su familia han sido víctimas de amenazas, intimidaciones y presiones que atribuye a las decisiones tomadas por su administración para, según ella, combatir la corrupción y desmontar estructuras que tendrían el control en oficinas públicas y hospitales “al servicio de unos pocos”.
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La mandataria aseguró que soportó la situación durante meses antes de hacerla pública y confirmó que los hechos ya están en conocimiento de las autoridades. Aunque evitó señalar responsables mientras avanzan las investigaciones, advirtió que las presiones no frenarán las decisiones de su gobierno ni la revisión que adelanta dentro de diferentes entidades departamentales.
Guerra acompañó la denuncia con un mensaje que elevó el episodio del terreno judicial al político y que rápidamente comenzó a generar reacciones en el Magdalena: “El Magdalena no tiene dueño”. Con esa frase aseguró que las instituciones públicas deben responder a los ciudadanos y no a partidos, dirigentes, apellidos o intereses particulares.
El pronunciamiento también provocó la reacción del exgobernador Rafael Martínez, quien expresó su solidaridad con Guerra, ofreció acompañarla ante las instancias judiciales y le envió un mensaje público: “No estás sola”.
Amenazas que también habrían alcanzado a su familia
Guerra reveló que durante los últimos meses le han llegado amenazas, presiones, ataques, descalificaciones e intimidaciones que, según afirmó, han buscado quebrantar su voluntad y alterar la tranquilidad de su entorno familiar.
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La gobernadora explicó que durante un tiempo optó por manejar la situación con prudencia y acudir a las instituciones correspondientes. Sin embargo, decidió hacerla pública ante la gravedad de lo que viene ocurriendo.
La gobernadora sostuvo que su administración no pertenece a dirigentes, partidos, movimientos, familias políticas ni grupos particulares y defendió su autonomía para tomar decisiones desde el Palacio Tayrona.
Asegura que llegó al cargo con el propósito de construir una administración abierta, cercana y transparente, pero en el proceso encontró situaciones que, desde su perspectiva, debían ser intervenidas.
Además indicó que algunas de esas decisiones han generado resistencia entre sectores acostumbrados a otras formas de relacionarse con el poder público. Habló de prácticas vinculadas al clientelismo, el control burocrático y la utilización de instituciones para favorecer intereses particulares. “La ética y la independencia no son negociables”, sostuvo.
Denuncia que toca hospitales y entidades públicas
Uno de los puntos más delicados del pronunciamiento está relacionado con lo que Guerra asegura haber encontrado al revisar diferentes dependencias de la administración departamental.
La gobernadora habló de oficinas públicas y hospitales que estarían “al servicio de unos pocos” y que habrían terminado convertidos en espacios para favorecer negocios e intereses particulares.
Por esa razón defendió las decisiones tomadas para reorganizar sectores de la administración y aseguró que continuará con los procesos de revisión y depuración que considere necesarios.
Rafael Martínez responde: “No estás sola”
“Nuestra solidaridad y mensaje de ánimo y aliento en seguir adelante… queremos acompañarte en tus denuncias ante todas las instancias judiciales necesarias”, manifestó el exmandatario, que también pidió enfrentar las amenazas y respaldó a la gobernadora frente a las intimidaciones denunciadas.
“Al enemigo hay que enfrentarlo con el pueblo y de frente, no estás sola”, expresó.
La reacción tiene un peso particular dentro del escenario político del Magdalena. Martínez antecedió a Guerra en la Gobernación y ha sido una de las figuras de mayor protagonismo político en el departamento durante los últimos años.
“La sonrisa no quita el carácter”
En una rueda de prensa posterior, Guerra profundizó en sus declaraciones y aseguró que las intimidaciones tampoco modificarán su forma de ejercer el poder ni la relación directa que mantiene con las comunidades. “Aquí estoy para seguir montándome en moto, en bicicleta y saludando a la gente”.
La mandataria también habló sobre las dificultades de gobernar siendo mujer en un departamento que calificó como históricamente machista. Reconoció que su estilo de liderazgo ha sido cuestionado en diferentes escenarios, pero aseguró que la cercanía con la ciudadanía no significa falta de firmeza.
Guerra agregó que continuará tomando las decisiones que considere necesarias para corregir situaciones heredadas, fortalecer las instituciones y garantizar que los recursos públicos sean administrados en beneficio de los habitantes del departamento.
Pide sacar al Magdalena de la confrontación política
En medio de las denuncias, la gobernadora también hizo un llamado a reducir la confrontación que durante años ha marcado la política del Magdalena. “Uno no puede seguir construyendo un departamento lleno de rencores ni de odio”, manifestó.
Según Guerra, las diferencias políticas no pueden convertirse en una barrera para ejecutar proyectos, atender a las comunidades o construir acuerdos alrededor de los principales problemas del territorio.
La mandataria aseguró que continuará recorriendo los municipios, reuniéndose con las comunidades y estableciendo alianzas con distintos sectores, independientemente de su origen político.
La denuncia abre ahora un capítulo judicial. Las autoridades deberán determinar la procedencia de las amenazas, establecer si existe un riesgo concreto contra la gobernadora y su familia y esclarecer si las intimidaciones tienen relación con decisiones administrativas adoptadas durante su gobierno.
Mientras esas respuestas llegan, la mandataria asegura que mantendrá su agenda.