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En una carta abierta difundida este jueves, un colectivo de 107 organizaciones abogaron por un cese de hostilidades en el conflicto colombiano de casi seis décadas.
"Les llamamos a un cese de hostilidades a ustedes y todas las fuerzas que operan en nuestras regiones con base en la declaración de la OMS de la Pandemia llamada COVID–19 que ya está causando pérdidas irreparables en vidas humanas", escribieron en la misiva dirigida al presidente Iván Duque.
Las organizaciones plantearon un tregua hasta el 1 de abril, prorrogable hasta el 30 de mayo, y pidieron al gobierno, las guerrillas y sus adversarios ocuparse de sus tropas en la prevención de la enfermedad, que deja en el país poco más de un centenar de contagiados desde la detección del primer caso el 6 de marzo.
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Solicitamos a los combatientes "permanecer quietos en sus lugares de campamentación sin realizar actuaciones de avanzadas y ofensivas" así como "retirar su personal de nuestros entornos o comunidades y ubicarlos a distancias que impidan expandir el virus", agregaron en la carta respaldada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Entre los firmantes se encuentran pueblos originarios, afros, campesinos y asociaciones de víctimas de ocho de los 32 departamentos, incluidos Nariño, Chocó, Cauca y Antioquia, sembrados con miles de hectáreas de hoja de coca y donde hay una sangrienta disputa por su control.
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A la par con otros países, Colombia apostó por el enclaustramiento para enfrentar la pandemia limitando progresivamente la actividad.
Los indígenas y afros anunciaron también una "cuarentena y cierre" de sus territorios, según indicaron la víspera en un tuit de la Comisión Étnica de Paz y tres de las agrupaciones de minorías más importantes del país.
Afros e indígenas representan el 13,74% de la población colombiana, de 48 millones de personas, según el censo oficial.
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Los pueblos originarios disponen de autonomía para gobernar sus territorios. Sin embargo, han sido históricamente afectados por el prolongado conflicto que se ha cobrado más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
En 2016 la principal guerrilla firmó la paz, pero todavía sobreviven varias organizaciones armadas financiadas por el narcotráfico.