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La reducción de los homicidios dejó de ser suficiente para medir la seguridad en Magdalena. Aunque las estadísticas muestran una disminución importante de ese tipo de delito, el que hoy domina las conversaciones entre empresarios, comerciantes y autoridades es otro: la extorsión.
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Ese fue el mensaje que atravesó la Cumbre Global de Seguridad convocada por la Gobernación del Magdalena en Santa Marta, donde coincidieron representantes de la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación, alcaldes, gremios económicos y líderes empresariales para construir una estrategia que permita contener el poder que aún conservan las estructuras criminales en buena parte del territorio.
El encuentro ocurrió en un momento particular. Las cifras oficiales muestran avances, pero también evidencian que la violencia en el departamento cambió de rostro. Mientras los homicidios disminuyen, las amenazas, las exigencias de dinero, las restricciones impuestas por grupos armados y el temor a denunciar siguen afectando la actividad económica y la vida cotidiana de cientos de habitantes.
Una reducción que no alcanza para devolver la tranquilidad
Según datos presentados por la Policía Nacional durante la cumbre, entre el 1 de enero y el 1 de julio de este año se registraron 252 homicidios en Magdalena, frente a los 327 ocurridos durante el mismo periodo de 2025.
La reducción del 23 %, equivalente a 75 asesinatos menos, fue destacada por las autoridades como uno de los mejores comportamientos registrados en el país durante el primer semestre. Sin embargo, los asistentes coincidieron en que las cifras, por sí solas, todavía no cambian la percepción de inseguridad.
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En municipios del norte y centro del departamento continúan las denuncias por extorsión, el control territorial ejercido por grupos armados ilegales y las afectaciones derivadas de los llamados paros armados, situaciones que han impactado tanto a comerciantes como a productores agrícolas y transportadores.
“No nos vamos a dejar someter”
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, fue contundente al explicar el propósito del encuentro. “Debemos unirnos para decir: no nos vamos a dejar matar, extorsionar ni someter por los grupos armados”.
Para la mandataria, la seguridad dejó de ser una responsabilidad exclusiva de la Fuerza Pública y exige una respuesta articulada entre las instituciones, el sector privado y la ciudadanía.
Durante su intervención insistió en que las conclusiones de la cumbre deberán convertirse en compromisos verificables y medibles, especialmente frente a delitos como la extorsión, el abigeato y los homicidios. También envió un mensaje directo a las organizaciones criminales con presencia en el departamento. “No vamos a doblegarnos ante ningún grupo armado”.
La advertencia estuvo dirigida a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), organizaciones señaladas por las autoridades de mantener influencia en distintos municipios del Magdalena.
Empresarios ofrecen recursos para fortalecer la seguridad
Uno de los anuncios más relevantes de la jornada llegó desde el sector privado. La Gobernación informó que empresarios y gremios se comprometieron a aportar recursos para fortalecer la capacidad tecnológica y logística de la Fuerza Pública.
“Hoy recibimos el respaldo de los gremios, que se comprometieron a aportar recursos para fortalecer a la Fuerza Pública mediante la adquisición de equipos que mejorarán la vigilancia y la capacidad operativa de nuestras autoridades”, afirmó Guerra.
La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena anunció que respaldará el fortalecimiento de los sistemas de información estratégica utilizados por las autoridades.
Por su parte, el sector bananero confirmó que contribuirá al mejoramiento del hospital de Zona Bananera, una iniciativa que busca complementar las acciones de seguridad con inversión social y fortalecimiento institucional.
Además, la Gobernación recordó que ejecuta inversiones cercanas a los 33.000 millones de pesos destinadas al fortalecimiento de la seguridad y reiteró al Gobierno Nacional la necesidad de aumentar el presupuesto para Ejército y Policía.
La extorsión, el mayor desafío
Aunque los homicidios muestran una tendencia favorable, la preocupación de empresarios y comerciantes sigue concentrada en la extorsión.
Este delito continúa golpeando sectores productivos urbanos y rurales, afecta el comercio formal, limita nuevas inversiones y fortalece el control económico de las organizaciones criminales en algunas zonas del departamento.
Más allá de los anuncios, el verdadero reto comenzará cuando terminen las mesas de trabajo. Los asistentes coincidieron en que la reducción de los homicidios representa un avance importante, pero insuficiente, mientras miles de ciudadanos continúen desarrollando sus actividades bajo amenazas o pagando extorsiones para poder trabajar.
La apuesta de la Gobernación consiste ahora en convertir los compromisos institucionales y empresariales en acciones concretas que permitan sostener la disminución de la violencia y recuperar la confianza de quienes hoy sienten que el miedo sigue teniendo más presencia que el Estado.
Porque en Magdalena la discusión sobre seguridad ya dejó de medirse únicamente por el número de homicidios. El desafío más complejo consiste en desmontar el poder económico y territorial que todavía conservan las estructuras criminales y garantizar que vivir, producir o emprender deje de depender de la voluntad de quienes durante años han impuesto sus propias reglas mediante la intimidación.