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Cartagena cumple cuatro años de una tragedia que podría costarle más que cualquier otra en su historia. En agosto de 2011, el cerro de La Popa sufrió los estragos de la ola invernal y cientos de familias del barrio San Francisco que vivían en las faldas de la montaña vieron cómo el suelo se abría y se llevaba consigo casas, postes, árboles y todo lo que sostenía.
Fueron 2.440 familias las que quedaron sin hogar. Angélica Hernández recuerda que su casa fue una de las pocas que se mantuvieron en pie, pero ella y sus hijos tuvieron que desarmarla por partes, pues la orden fue desalojar todo el sector.
Por estos hechos, los damnificados interpusieron una acción en grupo por $600.000 millones contra el Distrito de Cartagena, Corvivienda (Fondo de Vivienda de Interés Social de Cartagena) y el Ministerio de Vivienda. En ella piden que se les indemnice por el valor real de sus casas y por las pérdidas económicas para quienes vivían del comercio en el barrio.
Luego de varias conversaciones entre las partes, la cifra ha bajado a $250.000 millones, asegura Jaime Ramírez, jefe jurídico de la administración que el 31 de diciembre entregó relevo del mando.
¿Hubo omisión?
Los demandantes reclaman que hubo omisión por parte del Gobierno porque la tragedia se podía evitar. Un estudio de Ingeominas y un decreto de 1998 declararon el sector como zona de alto riesgo, y, a pesar de eso, las autoridades nunca ordenaron el desalojo de la zona ni impidieron que se siguiera urbanizando.
Precisamente desde 1998, recuerda Angélica, su casa empezó a agrietarse: “Lloraba agua y veía cómo se abría poco a poco”. Asimismo, Mercedes Romero, del sector Sinaí, cuenta que unos años antes de la tragedia su patio se había deslizado.
Ante esto, Ramírez reconoce: “Sí, claro que hay omisión, porque nunca se van a poder hacer las cosas bien cuando son inevitables. Aunque no quiero decir que el Distrito debe ser condenado; para eso está el proceso jurídico”.
¿De dónde saldrá la plata?
Los únicos recursos que tiene el Distrito para entregar viviendas a esta población son poco menos de $10.000 millones de un crédito público, los cuales inicialmente estaban destinados a financiar el transporte acuático en Cartagena. Con este dinero, que la entonces alcaldesa Judith Pinedo gestionó en 2011, Corvivienda ha entregado casas a 371 familias poseedoras, es decir, quienes llegaron al barrio como invasores.
Otro grupo de afectados vivía allí como propietarios, pues habían comprado a cuotas sus viviendas al Instituto de Crédito Territorial en los años 60. Para ellos, el proceso ha sido más lento: sólo 21 de 550 familias han sido reubicadas.
Ante esto, la gerente saliente de Corvivienda, María Elena Vélez, explica que “hay muchos factores legales y jurídicos de una casa de $85 millones (valor de una vivienda de interés social) que impiden que esa entrega haya podido ser masiva”. La situación más crítica es la de las 717 familias que viven con un subsidio de arriendo de $600.000 trimestrales mientras se gestiona su reubicación.
El Distrito reconoce que no tiene los recursos para reparar a esta comunidad y mucho menos para responder en caso de perder la acción de grupo. Por eso, tanto los damnificados como la Alcaldía le han pedido al presidente Santos que gire los $115.000millones que le prometió hace cuatro años a San Francisco.
Los otros sanfranciscos
La María es un barrio vecino a San Francisco, también en las lomas de La Popa. Ahí vive desde hace seis años Heidy Cantillo, en una casa que debe reparar al menos una vez al mes porque las grietas en el suelo y las paredes no dejan de aparecer. Como la suya, las viviendas vecinas presentan el mismo problema.
La María y otros barrios que bordean el cerro, como Nariño, San Bernardo y La Paz, están clasificados en el Plan de Ordenamiento Territorial como zonas en alto riesgo por remoción en masa.
“Hacemos un monitoreo constante a esos lugares y no hemos encontrado deterioros que puedan originar una emergencia. Las alcaldías locales están haciendo las vigilancias para que no invadan, pero, como sabemos, sigue sucediendo”, aseguró la saliente coordinadora de la Oficina Distrital de Gestión de Riesgo, Laura Mendoza, al preguntarle cuál es el plan de prevención para que estos barrios no se conviertan en el próximo San Francisco.
Al ver el mapa de riesgo de Cartagena el pronóstico no es alentador: pareciera cuestión de que “la maldita Niña”, como alguna vez la bautizó el presidente Juan Manuel Santos, vuelva a aparecer para que lleguen de nuevo la tragedia, los damnificados, las demandas y los líos financieros para desembolsar el dinero e indemnizar a los afectados.