
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La crisis de las basuras en Santa Marta va más allá de las bolsas de residuos acumuladas en las calles. Las dificultades en la recolección, las deficiencias en la operación del sistema de contenedores y las dudas sobre el futuro del relleno sanitario de Palangana han puesto en discusión la capacidad de la ciudad para garantizar un servicio esencial para sus habitantes.
Lea: Avioneta tuvo accidente en Puerto Tejada, Cauca; no hubo heridos
En diferentes sectores, la acumulación de residuos ha generado quejas por malos olores, presencia de vectores y afectaciones al espacio público. La situación también preocupa por sus posibles consecuencias ambientales, especialmente en una ciudad cuya actividad turística depende, entre otros factores, de las condiciones sanitarias de sus barrios, playas y corredores urbanos.
Uno de los factores que explica el deterioro del servicio son los incumplimientos operativos documentados por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), encargada de supervisar el contrato de concesión con Aseo Técnico de la Sabana (Atesa). Los informes de la entidad identificaron deficiencias en las obligaciones de recolección y transporte de residuos, así como retrasos que afectaron la continuidad y calidad de la prestación.
La problemática no se limita a una jornada específica. La supervisión contractual identificó 18 casos de presunto incumplimiento, entre ellos fallas en las labores de recolección de los días 12, 13 y 14 de septiembre y en las rutas 1049, 2050, 1051 y 2052. Estos hallazgos llevaron a la imposición de una sanción económica contra el operador, en un contexto en el que persisten las exigencias ciudadanas por un servicio oportuno.
A las dificultades de recolección se suma la transformación del sistema de disposición de residuos en las calles. En septiembre, Atesa inició el desmonte progresivo de los contenedores que durante años funcionaron como puntos de almacenamiento. La empresa anunció que buscaría fortalecer el modelo de recolección puerta a puerta, con camiones de carga trasera y apoyo de operarios. La medida abrió una pregunta central: cómo evitar que los residuos vuelvan a acumularse en los lugares donde se retiraron los recipientes.
Le puede interesar: Mabel Lara anuncia su salida de la Alcaldía de Cali tras casi tres años
El cambio resulta especialmente relevante por el volumen de residuos que maneja la ciudad. Según cifras presentadas por el operador en discusiones locales, Santa Marta genera y recoge alrededor de 570 toneladas diarias, de las cuales unas 60 correspondían al sistema de contenedores. Su retiro exige una reorganización efectiva de las rutas, frecuencias, vehículos y personal para evitar que la transición termine agravando la crisis. La efectividad del nuevo esquema dependerá de que la capacidad operativa responda a la cantidad de residuos producidos y a las necesidades de cada sector.
Palangana, otro frente de la crisis
El futuro del relleno sanitario de Palangana constituye uno de los puntos más sensibles de la discusión. Durante el debate realizado el 20 de octubre en la Comisión Quinta del Senado, la Superintendencia de Servicios Públicos informó que la licencia ambiental del lugar venció en mayo de 2026 y que la solicitud de modificación presentada por el prestador todavía no tenía una respuesta definitiva.
En esa misma sesión, la autoridad de vigilancia señaló que, de los 509 contenedores contemplados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 434 estaban operativos, lo que representa un déficit de 75 unidades. También advirtió sobre la falta de vehículos de carga lateral para atender el sistema.
La capacidad disponible de Palangana y las alternativas para garantizar la disposición final de los residuos son asuntos que requieren respuestas técnicas e institucionales. Entre las opciones mencionadas por las autoridades están trasladar los desechos a rellenos sanitarios de Soledad o Aracataca, una posibilidad que podría incrementar los costos de transporte y repercutir en las tarifas del servicio.
El escenario plantea un desafío que no se resuelve únicamente con retirar contenedores o aumentar las jornadas de recolección. Santa Marta necesita claridad sobre las autorizaciones ambientales, la capacidad real de disposición, las obras previstas y los mecanismos que permitirán mantener el servicio sin trasladar nuevos costos a los usuarios. La falta de una solución de largo plazo podría comprometer la continuidad del manejo de los residuos y aumentar la presión sobre el sistema de aseo.
Essmar sanciona a Atesa por incumplimientos
En medio de la controversia, la Essmar impuso a Atesa una multa de 126 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a COP 220.061.403, por incumplimiento parcial de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión 007 de 1993.
De acuerdo con la entidad, la decisión se fundamentó en informes de supervisión e interventoría que documentaron deficiencias en la recolección y el transporte de residuos. El monto será descontado de los saldos pendientes a favor del contratista o podrá cobrarse por jurisdicción coactiva en caso de que no se produzca el pago voluntario.
La sanción se adoptó dentro de las facultades contractuales de la entidad y, según la información oficial, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de Atesa. El alcalde Carlos Pinedo Cuello respaldó la decisión y sostuvo que se debe exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Más allá de la medida económica, el resultado que esperan los habitantes es que las sanciones se traduzcan en mejoras verificables del servicio: rutas cumplidas, recolección oportuna, menos puntos críticos y una operación capaz de responder a las necesidades de la ciudad.
El debate llega al Senado
Durante el debate del 20 de octubre en la Comisión Quinta del Senado, liderado por la senadora Patricia Caicedo, del Pacto Histórico. La discusión abordó las fallas atribuidas al operador, el retiro de contenedores, la capacidad de Palangana y la gestión de los recursos destinados a la protección ambiental.
Entre los asuntos planteados estuvieron el cumplimiento de las rutas y frecuencias, la disponibilidad de vehículos, las alternativas para los sectores afectados por el desmonte de contenedores y el fortalecimiento del aprovechamiento de residuos y la participación de los recicladores.
El debate puso sobre la mesa una pregunta que trasciende las diferencias políticas: cómo garantizar que los recursos, los contratos y las decisiones administrativas se traduzcan en un servicio eficiente y en resultados ambientales medibles para Santa Marta.
La salida de la crisis dependerá de la articulación entre el operador, la Essmar, las autoridades ambientales y los organismos de vigilancia. También requerirá información pública sobre los avances, el cronograma de las medidas y las soluciones para la disposición final de los residuos.