La crisis financiera del Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar

Cuarenta y siete días de cese de actividades y 17 en huelga de hambre no rindieron los frutos esperados para los cerca de 700 empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, que tuvieron que volver a sus labores. Aunque lograron un acuerdo con la Gobernación del Cesar y las directivas de la ESE, la crisis financiera del hospital sigue latente y muchas de las peticiones y demandas de los trabajadores de la salud siguen sin respuesta. “Como el Gobierno no dio la importancia a la urgencia manifiesta que se estaba dando en el hospital y a la salud del pueblo cesarense, tuvimos nosotros, los trabajadores, que ceder a las pretensiones para poder darle solución a esta problemática. Entonces solicitamos que ellos hicieran el reintegro de los compañeros que habían retirado de la institución y que les pagaran a las auxiliares de enfermería, por lo menos, dos meses”, explica Luis Eberto, médico del Hospital Rosario Pumarejo de López desde hace veinte años. El galeno agregó que levantaron la huelga de hambre y el bloqueo a las oficinas administrativas.

La reactivación de las labores por parte de los empleados se dio tras el cumplimiento de algunos acuerdos pactados en la reunión entre la Gobernación, la Procuraduría General y el Ministerio de Salud, el pasado 18 de agosto. Luego del encuentro se giraron más de $1.150 millones para saldar parte de las deudas atrasadas por parte de la gerencia del hospital y se cumplió con la vinculación de 19 trabajadores que habían quedado por fuera de la contratación.

Aunque el compromiso fue girar $3.000 millones desde la Gobernación para pagar parte de los salarios a los trabajadores, no fue posible, pues las cuentas del hospital están embargadas por proveedores y acreedores. “Lo auditado por facturación da una cifra que no supera los $3.600 millones. Eso es lo que está radicado y soportado para hacer los pagos al hospital. Esos pagos hacen parte del compromiso que hicimos la semana pasada de un giro de $3.000 millones, que no han podido transferirse del centro asistencial, porque proveedores y otros acreedores tienen embargadas las cuentas”, explicó Wilson Solano, gobernador (e) del Cesar.

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Esa suma resulta siendo solo un paño de agua tibia para paliar una deuda millonaria. Según cifras entregadas en el encuentro con la Procuraduría por la gerente del hospital, Jackeline Henríquez, tienen clasificadas deudas de las EPS con el hospital que ascienden a $50.000 millones. Una de las alternativas propuestas por Henríquez es que las EPS empiecen a utilizar la red pública de salud para que las instituciones como el hospital tengan ingresos diferentes. Como si fuera poco, la Procuraduría señaló que la Gobernación registra una deuda por $26.686 millones, siendo ellos los mayores deudores.

“Este flujo de recursos en salud se requiere en forma inmediata, debido a la grave situación que reporta la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López a la Procuraduría General de la Nación, donde se advierten deudas por salarios y prestaciones por valor de $182′214.465 y de otros contratos de prestación de servicios por valor de $18.601′787.342, deudas que están afectando directamente el mínimo vital a los trabajadores y en general al personal médico asistencial que presta sus servicios a esta institución”, explicó la Procuraduría en un comunicado emitido el 15 de agosto.

Sin embargo, la Gobernación señala que se trata de un error en las cifras, pues la Procuraduría sacó la información de la plataforma PISIS, donde se cargan las deudas que tienen las EPS y las entidades territoriales con los hospitales. Al parecer, el hospital de Valledupar había hecho un cargo de facturación generada al departamento por la cifra que menciona la Procuraduría, pero no lo radicó en la entidad territorial.

El jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Cesar, Sergio José Barranco, detalló en un oficio entregado a la Procuraduría que “el reporte de deuda por $26.686 millones cargado a la plataforma PISIS-Ministerio de Salud y Protección Social a corte del 31 de marzo de 2020, fue revisado en las sesiones de depuración y conciliación adelantadas por el ente territorial y el Hospital Rosario Pumarejo de López, concluyendo que sobre dicha suma a la fecha no han sido radicadas 17.755 facturas, por un valor de más de $25.700 millones. Estas facturas aparecen relacionadas en el archivo ‘Listado-facturas marcadas para eliminación’ (.xls) que obra como anexo a la respuesta dada, cuyos datos fueron cargados a la plataforma PISIS por el Departamento del Cesar, que arrojará previa validación del Ministerio de Salud y Protección Social una deuda real por valor de $3.322′542.033, cifra cierta que actualmente se adeuda por la entidad”.

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Los trabajadores de la salud retomaron labores el viernes 21 de agosto y están a la espera de la implementación de los demás acuerdos pactados. “Se cumplieron los compromisos iniciales y levantamos el cese, esperamos que se vayan haciendo los pagos de acuerdo con el ingreso de algunos dineros. Calculamos que al 10 de septiembre ya debe estar casi toda la deuda saldada”, dijo Julio Peralta, médico especialista, uno de los que lideró la huelga de hambre.

Desde la Gobernación, entretanto, esperan los $15.000 millones que enviará el Gobierno nacional al Hospital Rosario Pumarejo, recursos amparados en la Resolución 753 de 2020, por medio de la cual el Gobierno ordenó la asignación directa de recursos a las Empresas Sociales del Estado (ESE), con el propósito de fortalecer su capacidad de oferta pública de servicios y garantizar su prestación a la población afectada por la emergencia derivada del COVID-19.

Se tiene prevista una reunión el martes 24 de agosto con las EPS para revisar las carteras pendientes con el hospital. A su vez, la Gobernación está a la espera de que se solucione el problema de los embargos para poder girar el dinero prometido. “Tenemos listos en órdenes de pago más de $3.236 millones, a la espera de que se resuelva una tutela que garantice que estos recursos serán destinados al pago de salarios atrasados”, agregó el gobernador (e) Wilson Solano.

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Cuarenta y siete días de cese de actividades y 17 en huelga de hambre no rindieron los frutos esperados para los cerca de 700 empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, que tuvieron que volver a sus labores. Aunque lograron un acuerdo con la Gobernación del Cesar y las directivas de la ESE, la crisis financiera del hospital sigue latente y muchas de las peticiones y demandas de los trabajadores de la salud siguen sin respuesta. “Como el Gobierno no dio la importancia a la urgencia manifiesta que se estaba dando en el hospital y a la salud del pueblo cesarense, tuvimos nosotros, los trabajadores, que ceder a las pretensiones para poder darle solución a esta problemática. Entonces solicitamos que ellos hicieran el reintegro de los compañeros que habían retirado de la institución y que les pagaran a las auxiliares de enfermería, por lo menos, dos meses”, explica Luis Eberto, médico del Hospital Rosario Pumarejo de López desde hace veinte años. El galeno agregó que levantaron la huelga de hambre y el bloqueo a las oficinas administrativas.

La reactivación de las labores por parte de los empleados se dio tras el cumplimiento de algunos acuerdos pactados en la reunión entre la Gobernación, la Procuraduría General y el Ministerio de Salud, el pasado 18 de agosto. Luego del encuentro se giraron más de $1.150 millones para saldar parte de las deudas atrasadas por parte de la gerencia del hospital y se cumplió con la vinculación de 19 trabajadores que habían quedado por fuera de la contratación.

Aunque el compromiso fue girar $3.000 millones desde la Gobernación para pagar parte de los salarios a los trabajadores, no fue posible, pues las cuentas del hospital están embargadas por proveedores y acreedores. “Lo auditado por facturación da una cifra que no supera los $3.600 millones. Eso es lo que está radicado y soportado para hacer los pagos al hospital. Esos pagos hacen parte del compromiso que hicimos la semana pasada de un giro de $3.000 millones, que no han podido transferirse del centro asistencial, porque proveedores y otros acreedores tienen embargadas las cuentas”, explicó Wilson Solano, gobernador (e) del Cesar.

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Esa suma resulta siendo solo un paño de agua tibia para paliar una deuda millonaria. Según cifras entregadas en el encuentro con la Procuraduría por la gerente del hospital, Jackeline Henríquez, tienen clasificadas deudas de las EPS con el hospital que ascienden a $50.000 millones. Una de las alternativas propuestas por Henríquez es que las EPS empiecen a utilizar la red pública de salud para que las instituciones como el hospital tengan ingresos diferentes. Como si fuera poco, la Procuraduría señaló que la Gobernación registra una deuda por $26.686 millones, siendo ellos los mayores deudores.

“Este flujo de recursos en salud se requiere en forma inmediata, debido a la grave situación que reporta la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López a la Procuraduría General de la Nación, donde se advierten deudas por salarios y prestaciones por valor de $182′214.465 y de otros contratos de prestación de servicios por valor de $18.601′787.342, deudas que están afectando directamente el mínimo vital a los trabajadores y en general al personal médico asistencial que presta sus servicios a esta institución”, explicó la Procuraduría en un comunicado emitido el 15 de agosto.

Sin embargo, la Gobernación señala que se trata de un error en las cifras, pues la Procuraduría sacó la información de la plataforma PISIS, donde se cargan las deudas que tienen las EPS y las entidades territoriales con los hospitales. Al parecer, el hospital de Valledupar había hecho un cargo de facturación generada al departamento por la cifra que menciona la Procuraduría, pero no lo radicó en la entidad territorial.

El jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Cesar, Sergio José Barranco, detalló en un oficio entregado a la Procuraduría que “el reporte de deuda por $26.686 millones cargado a la plataforma PISIS-Ministerio de Salud y Protección Social a corte del 31 de marzo de 2020, fue revisado en las sesiones de depuración y conciliación adelantadas por el ente territorial y el Hospital Rosario Pumarejo de López, concluyendo que sobre dicha suma a la fecha no han sido radicadas 17.755 facturas, por un valor de más de $25.700 millones. Estas facturas aparecen relacionadas en el archivo ‘Listado-facturas marcadas para eliminación’ (.xls) que obra como anexo a la respuesta dada, cuyos datos fueron cargados a la plataforma PISIS por el Departamento del Cesar, que arrojará previa validación del Ministerio de Salud y Protección Social una deuda real por valor de $3.322′542.033, cifra cierta que actualmente se adeuda por la entidad”.

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Los trabajadores de la salud retomaron labores el viernes 21 de agosto y están a la espera de la implementación de los demás acuerdos pactados. “Se cumplieron los compromisos iniciales y levantamos el cese, esperamos que se vayan haciendo los pagos de acuerdo con el ingreso de algunos dineros. Calculamos que al 10 de septiembre ya debe estar casi toda la deuda saldada”, dijo Julio Peralta, médico especialista, uno de los que lideró la huelga de hambre.

Desde la Gobernación, entretanto, esperan los $15.000 millones que enviará el Gobierno nacional al Hospital Rosario Pumarejo, recursos amparados en la Resolución 753 de 2020, por medio de la cual el Gobierno ordenó la asignación directa de recursos a las Empresas Sociales del Estado (ESE), con el propósito de fortalecer su capacidad de oferta pública de servicios y garantizar su prestación a la población afectada por la emergencia derivada del COVID-19.

Se tiene prevista una reunión el martes 24 de agosto con las EPS para revisar las carteras pendientes con el hospital. A su vez, la Gobernación está a la espera de que se solucione el problema de los embargos para poder girar el dinero prometido. “Tenemos listos en órdenes de pago más de $3.236 millones, a la espera de que se resuelva una tutela que garantice que estos recursos serán destinados al pago de salarios atrasados”, agregó el gobernador (e) Wilson Solano.

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