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Mañana, si hay buena fe y honorable propósito de cumplir la palabra empeñada, debe comenzar la tregua pactada entre los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la Comisión de Paz, constituida por el gobierno del presidente Betancur para la búsqueda de una pacificación total del atormentado país colombiano.
Hasta hoy hay razones para cierto escepticismo, pues las guerrillas de las Farc han participado con desusada actividad en las últimas semanas en numerosas incursiones, muchas de ellas cruentas y salvajes, que han estremecido a un pueblo fatigado, pero aún no inmune a la crueldad de los actos terroristas. En medio de ese escepticismo razonado, llegamos a la fecha pactada para la tregua.
¡Quiera Dios que se cumpla! De una cosa estamos seguros: de la buena intención del Gobierno, por parte del cual no existe reserva sobre sus presupuestos y sus deseos de paz. Falta ver el comportamiento de la contraparte. Vemos llegar la fecha del 28 de mayo con esperanza. Hemos atravesado un tan largo camino, erizado de violencia, que una rendija de paz que se abre no llena de ilusiones, que sería lamentable ver frustradas por incomprensiones irreflexivas o por estrategias premeditadas. El cese del fuego es apenas el primer momento de la paz buscada. Queda ahora el delicado proceso de la estabilización de esa paz sobre cimiento sólido y perdurable.
No se nos escapan los riesgos que el mismo texto del acuerdo entre la Comisión de Paz y los altos mandos de las Farc significan para el futuro de la democracia colombiana. No es fácil, ni mucho menos, que la institucionalidad del país se vea puesta en peligro en el futuro curso de las negociaciones previstas. El Gobierno tiene la obligación de hacer respetar su legitimidad, que procede de unas decisiones limpias y democráticas de las mayorías nacionales. Los guerrilleros, de su lado, deben saber medir con serena inteligencia hasta dónde pueden llegar en sus aspiraciones sin que éstas lesionen la legitimidad de que antes hablábamos. Ni la dignidad del Estado de Derecho. Hace más de dos años, en estas mismas columnas, escribíamos sobre la urgencia de experimentar soluciones políticas ante el fracaso de las soluciones de fuerza para resolver el dilema atormentador de la guerra y de la paz entre los colombianos. Por fortuna, se ha abierto el camino de esas soluciones de fuerza para resolver el dilema atormentador de la guerra y de la paz entre los colombianos. Por fortuna, se ha abierto el camino de esas soluciones de paz en una experiencia nueva que debemos mirar con optimismo, insistiendo en que sus buenos resultados dependen de la buena fe de las partes que han negociado las soluciones políticas.
Llevamos más de treinta años de guerra que ha costado el monstruoso desangre de toda una generación y lesión enorme a la que se asoma al país en estado de zozobra. Por eso nos entusiasma la decisión de este gobierno, incluso contra muchas otras incomprensiones y no pocas críticas encendidas e iracundas y, por lo tanto, bastante irreflexivas, de otear esos nuevos caminos que durante tanto tiempo estuvieron cerrados. La tregua que mañana comienza podría ser un deslumbrante amanecer de paz, que significaría progreso dentro del orden, libertad, libertad dentro del respeto, convivencia y coexistencia pacífica de las gentes, aun las que están más distanciadas ideológicamente. Ese amanecer de mañana lo esperamos con la angustiada desesperación de quienes estábamos muy cerca del desencanto y de la frustración definitivas.
¿Ha estallado la paz?
Pero, ¿podremos decir, como Girondella, que “ha estallado la paz” con la vigencia del acuerdo de La Uribe? No, terminantemente. Insistimos en que, con buena fe y mejores intenciones, es el comienzo de la paz que buscamos. Pero queda un tan largo trecho por recorrer, minado de peligros, porque hay en el país una hipersensibilidad en estos momentos que cualquier acto sorpresivo que, premeditado o no, ponga en aprietos a las partes comprometidas en la paz, puede desatar reacciones imprevisibles.
Además, es la tregua que comienza mañana apenas un principio, pues no puede caber la menor duda de que los compromisos que se adquirieron son de gran espectro, en los cuales se va a necesitar mucha creatividad y mucho trabajo por parte del Gobierno y de los partidos tradicionales colombianos, así como de las demás fuerzas que se encuentran vinculadas directa o indirectamente al proceso de la pacificación.
A nosotros no nos cabe la menor duda de que el problema de la tenencia de la tierra en Colombia va a adquirir, en los próximos inmediatos tiempos, una prioridad muy grande y tenemos nuestras reservas e inquietudes sobre si el liberalismo, por ejemplo, está preparado o se está preparando adecuadamente para hacer suyas las banderas que durante mucho tiempo le hicieron acreedor al respeto y al reconocimiento de las grandes masas campesinas del país. Hace pocas semanas, en una formidable serie de artículos, el doctor Hernán Echavarría Olózaga, sobre cuya ideología liberal no cabe equivocarse y cuya posición dirigente en el alto mundo de la economía y de la sociedad colombiana nadie legítimamente puede desconocerle, hizo un análisis muy importante sobre la reforma agraria y señaló, con valerosa integridad de pensamiento, los peligrosos atrasos en que se encuentra Colombia frente al problema de la tierra. Las inquietudes del doctor Echavarría las compartimos porque el estallido de la paz, que vamos a celebrar mañana, durará muy poco si las banderas de una reforma moderna y democrática de la tenencia de la tierra se dejan en manos extremistas y los partidos políticos resultan incapaces de remover las estructuras injustas y caducas que mantienen, injusta e injustificadamente, a millones de compatriotas al margen de la propiedad de la tierra y de la explotación adecuada de la misma en beneficio de las mayorías y no de unas minorías, que tercamente se niegan a permitir que extensas áreas improductivas cumplan la función especial de producir.
Tanto egoísmo es causa de una reacción que ya es imposible desconocer por parte de los desposeídos, que cada vez están más cerca de caer en los extremos de la desesperación que los llevan a la invasión de propiedades ajenas, cuando lo equitativo y lo democrático es transformar el estado colonial de los privilegios exagerados.
Que hay fórmulas para una reforma agraria dentro de la libertad y del orden, con justa indemnización, se ha podido ver en otras partes del mundo. Aquí cometió este país un error, tan costoso como irreparable, cuando se declaró la oposición de los poderosos al gran intento serio de una reforma agraria bajo la administración Lleras Restrepo. Tuvo errores, pero, ¿qué obra de humanos no los tiene?
Sin embargo, bien diferente sería la situación colombiana de hoy, amenazada, y más que amenazada carcomida, por la violencia en cuyo subfondo está, sin que se pueda alegar lo contrario, el problema de la tierra como principio y causa fundamental del descontento. Si mañana estalla la paz, o estalla un principio de paz, para que ella sea perdurable hay que remover sus orígenes sociales. Los partidos tienen la palabra.
El manejo inteligente de la paz
La paz, pues, depende del manejo inteligente del doloroso alumbramiento de paz que se espera para mañana. En el acuerdo de La Uribe hay muchos aspectos de una delicadeza y gravedad inocultables. Que no se conviertan en nuevos motivos de cruenta lucha fratricida depende en mucha parte de que el Estado de Derecho, que la mayoría de los colombianos hemos escogido voluntariamente para regir los destinos de este martirizado país, no vaya a ceder, porque sí, a cuanta exigencia se haga por quienes quieren desestabilizar al país. Habrá que sentarse a conversar y a discutir con las partes que han firmado la tregua, pero corresponde, indiscutiblemente, a las fuerzas democráticas adelantarse a resolver asuntos que comprometen tan seriamente nuestra conciencia de demócratas. Se van a correr muchos riesgos porque es posible adivinar estrategias futuras en las organizaciones que hasta ahora se mantuvieron con las armas en acción. A esas estrategias es necesario responder de manera adecuada. Sería error imperdonable dejar tendidas en el campo las banderas que los partidos políticos han expuesto muchas veces, pero que hasta ahora han sido incapaces de realizar a cabalidad. No tenemos derecho a equivocarnos nuevamente. La lectura del acuerdo de La Uribe permite adivinar cómo las fuerzas revolucionarías van a luchar, si se cumplen las promesas, de ahora en adelante, a ganarse el favor del pueblo que decididamente no lograron con treinta años de lucha subversiva. Esa es una verdad. Pero también es verdad que si quienes hemos estado de lado del derecho y de la democracia bajamos la guardia y les dejamos tomar ventaja en conquistas sociales que todos aceptamos que son inaplazables, veremos cómo se pueden desplazar hacia los extremos los favores de las mayorías. Que estas mayorías han estado y están hoy con el Estado legítimamenteconstituido no cabe discusión. Y se demostrará en la jornada de paz de mañana, con la cual se celebrará el estallido de la paz. Pero cuán débil puede resultar ese apoyo mayoritario sí defraudamos de nuevo a las mayorías. La capacidad de aguante, de resistencia y de paciencia ha llegado a los últimos límites. Si se nos apresura diríamos que estamos frente a una última oportunidad. Y nos da temor pensar que los partidos, y entre ellos el Partido Liberal, sean sorprendidos otra vez con la guardia baja. Del nuevo golpe no será posible levantarnos fácilmente. Se necesita una gran dosis de inteligencia, de carácter, de firmeza y de audacia, sobre todo de audacia, porque no están los tiempos de ahora para jugar a las escondidas, a practicar trucos y a recurrir a demagogias electoreras.
Es la hora de los hechos y de las realizaciones. Sin tenerle miedo a evolucionar, que es lo que no hemos querido hacer con el suficiente coraje y la necesaria decisión en treinta años de estancamiento estructural. Esperamos el amanecer de la paz con muchas ilusiones, ¡a pesar de que la adivinamos rodeada de tantas incógnitas graves!